Un escenario frustrante y común para cualquier ciudadano o empresa es presentar una solicitud, un recurso o enfrentar un procedimiento ante un órgano del Estado y encontrarse con la absoluta falta de respuesta. Frente a la inactividad de la Administración, surge la legítima inquietud: ¿Queda el particular en la indefensión y condenado a una espera eterna? El Derecho Administrativo moderno ofrece una valiosa herramienta para destrabar esta paralización: el "silencio administra

Es muy común que, al leer una ley o un reglamento que otorga facultades a un órgano del Estado, nos encontremos con expresiones amplias y poco definidas, tales como "interés público", "urgencia", "buenas costumbres", "impacto ambiental" o "utilidad pública".¹ Frente a este lenguaje, muchos empresarios y ciudadanos temen que la Administración tenga una especie de "cheque en blanco" para decidir lo que le plazca, dejando a los particulares en la indefensión y sometidos al arbit

Un escenario cada vez más frecuente y temido en el ámbito corporativo es el enfrentamiento simultáneo a múltiples frentes de persecución estatal por un mismo hecho. Es común que, ante una contingencia, una empresa o sus directivos deban soportar, por un lado, una investigación penal a cargo del Ministerio Público y, por el otro, un sumario administrativo impulsado por una Superintendencia u otro ente fiscalizador.¹ Frente a esta abrumadora superposición del poder punitivo del

Si la Administración tarda años en resolver un procedimiento sancionador en su contra, usted tiene herramientas jurídicas para dejarlo sin efecto.  La Corte Suprema de Chile ha desarrollado una doctrina que permite declarar la pérdida de eficacia de aquellos procedimientos administrativos sancionadores que se extienden de manera excesiva e injustificada, protegiendo así su derecho al debido proceso. Esta figura —conocida como “decaimiento” y, más recientemente, como “imposibi