I. Propiedad privada y acceso público son cuestiones diferentes El estacionamiento de un supermercado es un espacio en que coinciden vehículos en circulación, automóviles que salen de sus plazas y personas que caminan hacia el establecimiento. Aunque el terreno pertenezca a un particular, su apertura a los clientes plantea una cuestión distinta del dominio: qué reglas ordenan esa circulación. El art. 1 de la Ley de Tránsito contempla expresamente los aparcamientos, los edific

I. La firma separada no autoriza a disponer del patrimonio social en beneficio propio Dos socios administran una empresa y cualquiera de ellos puede actuar sin la firma del otro. Uno contrata, transfiere dinero o utiliza bienes sociales en operaciones que perjudican a la compañía. La administración indistinta describe una forma de ejercer las facultades de representación: no elimina los límites del título ni los deberes del administrador. En la sociedad de responsabilidad lim

Pérdida de conexión por atraso de un vuelo: responsabilidad civil de la aerolínea en Chile I. El contrato de transporte y la conexión frustrada La responsabilidad por perder una conexión aérea debe examinarse desde el contrato que la empresa incumplió. El transporte no consiste únicamente en llevar al pasajero a una ciudad: comprende también la fecha, el horario y las condiciones convenidas. El art. 127 del Código Aeronáutico impone esa obligación y contempla excepciones por

I. El problema: una suma asegurada no siempre es una tasación aceptada Ejemplo: Una vivienda está asegurada por 4.000 Unidades de Fomento. Después de un siniestro que causa daños parciales, la compañía sostiene que el bien valía 8.000 UF y propone indemnizar únicamente la mitad de la reparación. La controversia corresponde al infraseguro: la insuficiencia de la suma asegurada respecto del valor del objeto al momento del siniestro. El art. 553 del Código de Comercio regula su

El Tribunal de Contratación Pública es un órgano jurisdiccional especial creado por la Ley Nº 19.886 para controlar la juridicidad de actuaciones administrativas vinculadas con la contratación estatal. Su existencia no convierte toda controversia contractual en una cuestión sometida a su conocimiento: la ley define acciones determinadas, materias excluidas y medidas que el Tribunal puede disponer.¹ La precisión importa porque la contratación pública reúne, en una misma secuen

I. El problema jurídico de la apariencia negociadora La emisión, modificación o cancelación de órdenes bursátiles pertenece a la mecánica ordinaria de un mercado secundario. No toda orden que queda sin ejecución, ni toda variación rápida de una postura, constituye por sí misma un ilícito. La calificación cambia cuando la conducta no expresa una disposición real a comprar o vender, sino que se utiliza para proyectar al mercado una apariencia falsa de oferta, demanda, actividad

I. Marco de atribución legal El régimen de la Ley General de Urbanismo y Construcciones asigna al propietario primer vendedor responsabilidad por los daños y perjuicios que procedan de fallas o defectos de la construcción. A su vez, el constructor responde por las fallas, errores o defectos en que incurra en la ejecución, incluso si la obra ha sido realizada por subcontratistas o mediante materiales e insumos defectuosos. Esa distribución legal permite que los tribunales exam

Las acciones revocatorias concursales permiten privar de efectos frente a la masa de ciertos actos o contratos celebrados antes de la apertura de un procedimiento concursal. No se dirigen a sancionar, en abstracto, una conducta del deudor: su función es restituir a la masa los bienes o ventajas patrimoniales indebidamente separados de ella, o impedir una alteración de la igualdad de cobro. La Ley N.º 20.720 distingue para la Empresa Deudora dos técnicas: la revocabilidad obje

Gestión preparatoria de notificación de facturas electrónicas: procedimiento, requisitos y defensas del notificado I. La formación judicial del título ejecutivo La gestión preparatoria de notificación judicial de factura es una actuación anterior y funcionalmente vinculada al juicio ejecutivo. Su objeto no es obtener de inmediato el pago, sino completar el presupuesto que permite atribuir fuerza ejecutiva a la copia de la factura. La Ley Nº 19.983 dispone que esa copia tendrá

I. La defensa del art. 464 Nº 7 del CPC §1. La cuestión que somete el ejecutado al tribunal El juicio ejecutivo no constituye una vía abreviada para declarar una obligación discutida. Su presupuesto es un título al cual la ley atribuye aptitud para obtener compulsivamente el cumplimiento de una prestación. El art. 464 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil (CPC) abre al ejecutado una defensa específica contra ese presupuesto: la falta de alguno de los requisitos o condiciones

Introducción Partiendo de la premisa de que la Tesorería General de la República (TGR) se encuentra legalmente facultada para despachar mandamientos de ejecución y ordenar embargos de forma directa por vía administrativa —sin requerir la intervención o declaración previa de un tribunal civil—, cuestión que sigue en disputa doctrinal y jurisprudencial, el conflicto jurídico más agudo en el cobro coactivo de créditos de educación superior (como el CAE) se traslada al interior d

La Ley N° 21.828, publicada en el Diario Oficial el 23 de julio de 2026, añadió el Capítulo III al Título III del Libro I del Código del Trabajo. Su único precepto incorporó el art. 157 septies, que impone a ciertas empresas la elaboración, envío y publicación de un informe anual sobre equidad de género.¹ La regla no establece un porcentaje obligatorio de contratación femenina ni ordena reservar cargos. Exige, en cambio, que las empresas alcanzadas informen datos determinados

Un accidente marítimo no es un asunto meramente operativo. Puede activar, al mismo tiempo, una investigación de seguridad, medidas urgentes de la Autoridad Marítima, responsabilidades administrativas y consecuencias patrimoniales para armadores, operadores, empresas portuarias, empleadores y aseguradores. La respuesta adecuada empieza por identificar el tipo de hecho, preservar a las personas y comunicarlo de inmediato a la autoridad competente.¹ 1. ¿Qué se entiende por accid

La regla práctica: el arrendatario no queda obligado por el solo contrato Quien arrienda, fleta o utiliza una embarcación no pasa automáticamente a ser armador por la sola denominación del contrato. La pregunta jurídicamente decisiva es otra: ¿esa persona natural o jurídica asumió de hecho y en nombre propio la explotación y expedición de la nave? Si la respuesta es afirmativa, le corresponde efectuar la declaración de armador prevista en el artículo 883 del Código de Comerci

I. Introducción El cheque sigue siendo uno de los instrumentos de pago de mayor circulación en el tráfico mercantil chileno. Su eficacia depende, en lo esencial, de la confianza en que el banco librado cumplirá diligentemente su función de cotejo: pagar los documentos que reúnan los requisitos legales y rechazar únicamente aquellos que presenten irregularidades objetiva y visualmente perceptibles. Cuando el banco se aparta de ese estándar —protestando cheques cuya firma es ig

Pintaste un cuadro. Escribiste una novela. Compusiste una canción. Fotografiaste ese instante irrepetible. La pregunta que inevitablemente surge es: ¿desde cuándo esa creación te pertenece legalmente? ¿Necesitas inscribirla en algún registro, pagar aranceles, esperar la aprobación de alguna autoridad? La respuesta, que muchos artistas desconocen, es sorprendente en su sencillez: tu obra queda protegida desde el instante mismo en que la creas. Sin inscripción previa. Sin notar

Tienes una idea innovadora. Has creado un nuevo producto, una herramienta que resuelve un problema cotidiano o un proceso que nadie ha pensado antes. Antes de mostrárselo al mundo, necesitas protegerlo. En Chile, los principales mecanismos para hacerlo son la patente de invención y la patente de modelo de utilidad. ¿Sabes cuál te conviene? ¿Conoces los plazos y costos? En esta entrada te lo explicamos todo. 1. ¿De qué estamos hablando? Tanto las patentes de invención como los

La irrupción de la Ley N° 21.663, Marco de Ciberseguridad, marca un punto de inflexión para las empresas que operan en Chile. Si bien el cuerpo legal fue publicado en marzo de 2024 y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) comenzó a estructurarse ese mismo año, ha sido durante 2026 cuando la fiscalización ha cobrado verdadera fuerza. Cada ataque informático relevante es noticia, y las primeras sanciones ya están mostrando que el órgano de administración no puede mirar ha

El problema Desde abril de 2026 la Tesorería General de la República (en adelante TGR) lleva adelante la cobranza más extensa que ha conocido el sistema del Crédito con Aval del Estado (en adelante CAE): más de medio millón de deudores morosos y una cartera que supera los cuatro billones de pesos.1 Entre las medidas figura el embargo de cuentas corrientes. Y ahí aparece el conflicto que nos ocupa. La pregunta es estrecha. Cuando la TGR embarga la cuenta corriente de un deudor

I. Introducción Abordamos en esta entrada una cuestión que ha generado considerable litigio en los últimos años y cuyo estado jurisprudencial demanda clarificación: la extensión del principio de universalidad consagrado en el artículo 255 de la Ley 20.720 (Ley de Insolvencia y Reemprendimiento) cuando se trata de créditos regulados por leyes especiales, en particular el Crédito con Aval del Estado (CAE) de que trata la Ley 20.027. ¿Queda incluido el CAE en el procedimiento de