I. La cuestión: firmeza, obligatoriedad y proyección sobre otro juicio El recurso de protección del art. 20 CPR permite obtener tutela inmediata frente a afectaciones de derechos fundamentales. Su sentencia puede ordenar que cese una conducta, que se restituya una situación o que se adopten medidas determinadas. La controversia aparece cuando, después de cumplida esa decisión, se inicia un juicio civil: ¿debe el nuevo tribunal aceptar los hechos y las calificaciones jurídicas

I. El problema: una notificación practicada, pero un embargo que no puede ejecutarse La notificación de la demanda ejecutiva, el requerimiento de pago y la traba del embargo son actuaciones distintas. El art. 443 Nº 1 CPC establece que, cuando el deudor no es habido, se procede conforme al art. 44 y se señala el día, hora y lugar del requerimiento. Si no concurre, corresponde efectuar el embargo inmediatamente y sin más trámite. Sin embargo, esa consecuencia procesal no resue

El registro de rutas de Google Maps puede integrar una prueba sobre presencia, desplazamiento o concurrencia a un lugar. Su aptitud no proviene de que la aplicación produzca una certeza autónoma sobre la identidad de quien se desplaza, sino de su incorporación como antecedente digital y de su contraste con los demás medios rendidos. La sentencia dictada en Contreras con Iakl muestra una aplicación concreta de ese método: el tribunal no tuvo por establecida la relación laboral

I. Planteamiento y régimen positivo La presunción opera cuando el tribunal arriba a un hecho que no percibe directamente desde antecedentes ya conocidos. Su regulación civil se distribuye entre el Código Civil —que la define y distingue— y el Código de Procedimiento Civil —que la sitúa entre los medios probatorios y determina su eficacia en juicio—. El punto decisivo no es la mera coexistencia de antecedentes: es la justificación de la inferencia que conecta el hecho base con

I. La cuestión de fondo de la medida preparatoria La medida prejudicial preparatoria de exhibición documental no permite anticipar sin límites la etapa probatoria. Su finalidad es más acotada: permitir que quien pretende demandar reúna antecedentes indispensables para formular una acción determinada, identifique a los futuros demandados o precise el objeto de la controversia. El art. 273 CPC habilita la exhibición de ciertos instrumentos y libros contables, pero condiciona la

I. El problema: tres procedimientos y una distinción necesaria La regla del art. 8 Nº 9 de la Ley Nº 18.101 pertenece al procedimiento especial de los juicios relativos a contratos de arrendamiento de predios urbanos del Título III de esa ley. En ese ámbito, la sentencia definitiva de primera instancia es apelable, pero el recurso se concede exclusivamente en el efecto devolutivo; además, la Corte de Apelaciones no puede decretar orden de no innovar mientras lo conoce. La reg

La acumulación inicial de acciones consiste en insertar varias pretensiones en una misma demanda. Su hipótesis más intensa es la subsidiariedad: el actor pide que el tribunal conozca una segunda tutela solo si desestima la primera. El art. 17 del Código de Procedimiento Civil admite expresamente ese diseño para acciones incompatibles.¹ El problema cambia cuando cada pretensión tiene asignado un rito diverso. Una acción puede quedar entregada al juicio ordinario por la regla c

I. El problema de calificación La legitimación activa responde a una pregunta determinada: si quien demanda es la persona a la que el ordenamiento reconoce aptitud para obtener una decisión sobre la pretensión concreta deducida. No se confunde con la capacidad para comparecer en juicio ni con la personería del mandatario. La primera concierne a la relación entre el actor y el objeto litigioso; las segundas miran a la aptitud general o a la representación con que se actúa ante

Gestión preparatoria de notificación de facturas electrónicas: procedimiento, requisitos y defensas del notificado I. La formación judicial del título ejecutivo La gestión preparatoria de notificación judicial de factura es una actuación anterior y funcionalmente vinculada al juicio ejecutivo. Su objeto no es obtener de inmediato el pago, sino completar el presupuesto que permite atribuir fuerza ejecutiva a la copia de la factura. La Ley Nº 19.983 dispone que esa copia tendrá

I. La intervención del tercero frente al embargo El embargo es una medida de realización forzada dirigida contra bienes que aparecen afectos a la responsabilidad patrimonial del ejecutado. Cuando la diligencia alcanza una especie respecto de la cual un extraño al juicio invoca un derecho incompatible con esa afectación, el Código de Procedimiento Civil (CPC) no deja abierta una intervención indiferenciada: admite únicamente las tercerías que enumera su art. 518. Entre ellas,

I. El objeto de la excepción §1. Una defensa dirigida a la obligación ejecutada La excepción de nulidad de la obligación, prevista en el art. 464 Nº 14 del Código de Procedimiento Civil, permite al ejecutado controvertir la validez del vínculo obligacional cuyo cumplimiento compulsivo se pretende. No es una objeción general al procedimiento ejecutivo ni una impugnación de cualquier antecedente documental acompañado por el ejecutante. Su objeto es la obligación personal y prin

I. La defensa del art. 464 Nº 7 del CPC §1. La cuestión que somete el ejecutado al tribunal El juicio ejecutivo no constituye una vía abreviada para declarar una obligación discutida. Su presupuesto es un título al cual la ley atribuye aptitud para obtener compulsivamente el cumplimiento de una prestación. El art. 464 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil (CPC) abre al ejecutado una defensa específica contra ese presupuesto: la falta de alguno de los requisitos o condiciones

El juicio ejecutivo permite perseguir compulsivamente una obligación cuando el acreedor exhibe un título al que la ley reconoce fuerza ejecutiva. Su estructura supone una cognición inicial restringida: el tribunal examina el título sin audiencia ni notificación del demandado y, si lo estima procedente, despacha la ejecución. Desde el requerimiento de pago, la discusión se desplaza a las defensas que la ley admite para el ejecutado.¹ La excepción del art. 464 Nº 11 del CPC —«l

I. La cuestión: una diligencia previa y una defensa posterior La gestión preparatoria de notificación judicial de facturas tiene por finalidad habilitar el cobro ejecutivo cuando se satisfacen los presupuestos legales del título. El juicio ejecutivo posterior persigue, en cambio, el cumplimiento forzado de la obligación. La cercanía funcional entre ambos momentos ha abierto una discusión concreta: si el deudor que no objeta la competencia territorial durante la gestión queda

I. El objeto de la realización forzada § 1. Derecho incorporal, derecho embargable y acto administrativo La ejecución patrimonial puede recaer sobre bienes que no poseen materialidad física. El Código Civil✓ califica las cosas incorporales como derechos reales o personales.¹ La denominación del objeto importa: una resolución administrativa o el documento que la contiene no se convierte, por el solo hecho de existir, en un derecho patrimonial autónomo y realizable. La ley tamb

I. La remuneración profesional y la opción procesal §1. El crédito del profesional dentro del litigio La prestación de servicios jurídicos en un juicio puede originar una pretensión de pago que no se agota en la relación de patrocinio o mandato ni se confunde, por sí sola, con la condena en costas. El art. 2117 del Código Civil admite que el mandato sea gratuito o remunerado y dispone que el honorario puede provenir de convención, ley, costumbre o decisión judicial. Esa plura

Una sentencia judicial no se agota en anunciar quién gana y quién pierde. Es el acto por el cual el tribunal fija los hechos que estima demostrados, explica el derecho que aplica y resuelve las pretensiones sometidas a su conocimiento. Su redacción condiciona la inteligibilidad de la decisión para las partes y permite controlar, por las vías impugnatorias previstas en la ley, que el razonamiento no sea arbitrario.¹ La forma de una sentencia importa porque la decisión jurisdic

Preámbulo La responsabilidad civil cumple una función reparadora: procura que quien ha sufrido un perjuicio jurídicamente imputable a otro obtenga la indemnización que corresponda. En materia extracontractual, el Código Civil formula esa consecuencia desde el delito o cuasidelito que ha inferido daño y, en términos generales, desde todo daño atribuible a malicia o negligencia. La pretensión resarcitoria no nace, por tanto, por la sola disconformidad de una persona con una con

La causal de ultra petita y su fundamento doctrinal La ultra petita es un vicio de incongruencia que se configura cuando la sentencia otorga más de lo pedido o resuelve puntos no sometidos por las partes. En sede civil es causal de casación en la forma (art. 768 Nº4 CPC); en sede laboral es causal del recurso de nulidad (art. 478 letra e del Código del Trabajo). El vicio afecta sólo la parte resolutiva del fallo, no los considerandos. La disposición reúne bajo una misma causa

La respuesta es afirmativa, pero con una precisión decisiva: el inciso final del art. 478 del Código del Trabajo permite articular varias causales en forma conjunta o subsidiaria; no autoriza, sin embargo, a sostener simultáneamente premisas incompatibles. La subsidiariedad ordena hipótesis de impugnación sucesivas. No borra la contradicción que surge cuando una causal supone que los hechos fijados son inamovibles y la otra persigue precisamente cuestionar la forma en que fue