La acumulación inicial de acciones consiste en insertar varias pretensiones en una misma demanda. Su hipótesis más intensa es la subsidiariedad: el actor pide que el tribunal conozca una segunda tutela solo si desestima la primera. El art. 17 del Código de Procedimiento Civil admite expresamente ese diseño para acciones incompatibles.¹ El problema cambia cuando cada pretensión tiene asignado un rito diverso. Una acción puede quedar entregada al juicio ordinario por la regla c

I. El problema de calificación La legitimación activa responde a una pregunta determinada: si quien demanda es la persona a la que el ordenamiento reconoce aptitud para obtener una decisión sobre la pretensión concreta deducida. No se confunde con la capacidad para comparecer en juicio ni con la personería del mandatario. La primera concierne a la relación entre el actor y el objeto litigioso; las segundas miran a la aptitud general o a la representación con que se actúa ante

Gestión preparatoria de notificación de facturas electrónicas: procedimiento, requisitos y defensas del notificado I. La formación judicial del título ejecutivo La gestión preparatoria de notificación judicial de factura es una actuación anterior y funcionalmente vinculada al juicio ejecutivo. Su objeto no es obtener de inmediato el pago, sino completar el presupuesto que permite atribuir fuerza ejecutiva a la copia de la factura. La Ley Nº 19.983 dispone que esa copia tendrá

I. La intervención del tercero frente al embargo El embargo es una medida de realización forzada dirigida contra bienes que aparecen afectos a la responsabilidad patrimonial del ejecutado. Cuando la diligencia alcanza una especie respecto de la cual un extraño al juicio invoca un derecho incompatible con esa afectación, el Código de Procedimiento Civil (CPC) no deja abierta una intervención indiferenciada: admite únicamente las tercerías que enumera su art. 518. Entre ellas,

I. El objeto de la excepción §1. Una defensa dirigida a la obligación ejecutada La excepción de nulidad de la obligación, prevista en el art. 464 Nº 14 del Código de Procedimiento Civil, permite al ejecutado controvertir la validez del vínculo obligacional cuyo cumplimiento compulsivo se pretende. No es una objeción general al procedimiento ejecutivo ni una impugnación de cualquier antecedente documental acompañado por el ejecutante. Su objeto es la obligación personal y prin

I. La defensa del art. 464 Nº 7 del CPC §1. La cuestión que somete el ejecutado al tribunal El juicio ejecutivo no constituye una vía abreviada para declarar una obligación discutida. Su presupuesto es un título al cual la ley atribuye aptitud para obtener compulsivamente el cumplimiento de una prestación. El art. 464 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil (CPC) abre al ejecutado una defensa específica contra ese presupuesto: la falta de alguno de los requisitos o condiciones

El juicio ejecutivo permite perseguir compulsivamente una obligación cuando el acreedor exhibe un título al que la ley reconoce fuerza ejecutiva. Su estructura supone una cognición inicial restringida: el tribunal examina el título sin audiencia ni notificación del demandado y, si lo estima procedente, despacha la ejecución. Desde el requerimiento de pago, la discusión se desplaza a las defensas que la ley admite para el ejecutado.¹ La excepción del art. 464 Nº 11 del CPC —«l

I. La cuestión: una diligencia previa y una defensa posterior La gestión preparatoria de notificación judicial de facturas tiene por finalidad habilitar el cobro ejecutivo cuando se satisfacen los presupuestos legales del título. El juicio ejecutivo posterior persigue, en cambio, el cumplimiento forzado de la obligación. La cercanía funcional entre ambos momentos ha abierto una discusión concreta: si el deudor que no objeta la competencia territorial durante la gestión queda

I. El objeto de la realización forzada § 1. Derecho incorporal, derecho embargable y acto administrativo La ejecución patrimonial puede recaer sobre bienes que no poseen materialidad física. El Código Civil✓ califica las cosas incorporales como derechos reales o personales.¹ La denominación del objeto importa: una resolución administrativa o el documento que la contiene no se convierte, por el solo hecho de existir, en un derecho patrimonial autónomo y realizable. La ley tamb

I. La remuneración profesional y la opción procesal §1. El crédito del profesional dentro del litigio La prestación de servicios jurídicos en un juicio puede originar una pretensión de pago que no se agota en la relación de patrocinio o mandato ni se confunde, por sí sola, con la condena en costas. El art. 2117 del Código Civil admite que el mandato sea gratuito o remunerado y dispone que el honorario puede provenir de convención, ley, costumbre o decisión judicial. Esa plura

Una sentencia judicial no se agota en anunciar quién gana y quién pierde. Es el acto por el cual el tribunal fija los hechos que estima demostrados, explica el derecho que aplica y resuelve las pretensiones sometidas a su conocimiento. Su redacción condiciona la inteligibilidad de la decisión para las partes y permite controlar, por las vías impugnatorias previstas en la ley, que el razonamiento no sea arbitrario.¹ La forma de una sentencia importa porque la decisión jurisdic

Preámbulo La responsabilidad civil cumple una función reparadora: procura que quien ha sufrido un perjuicio jurídicamente imputable a otro obtenga la indemnización que corresponda. En materia extracontractual, el Código Civil formula esa consecuencia desde el delito o cuasidelito que ha inferido daño y, en términos generales, desde todo daño atribuible a malicia o negligencia. La pretensión resarcitoria no nace, por tanto, por la sola disconformidad de una persona con una con

La causal de ultra petita y su fundamento doctrinal La ultra petita es un vicio de incongruencia que se configura cuando la sentencia otorga más de lo pedido o resuelve puntos no sometidos por las partes. En sede civil es causal de casación en la forma (art. 768 Nº4 CPC); en sede laboral es causal del recurso de nulidad (art. 478 letra e del Código del Trabajo). El vicio afecta sólo la parte resolutiva del fallo, no los considerandos. La disposición reúne bajo una misma causa

La respuesta es afirmativa, pero con una precisión decisiva: el inciso final del art. 478 del Código del Trabajo permite articular varias causales en forma conjunta o subsidiaria; no autoriza, sin embargo, a sostener simultáneamente premisas incompatibles. La subsidiariedad ordena hipótesis de impugnación sucesivas. No borra la contradicción que surge cuando una causal supone que los hechos fijados son inamovibles y la otra persigue precisamente cuestionar la forma en que fue

Una causal de derecho, no una nueva instancia para discutir la prueba La causal de nulidad por infracción de ley del artículo 477 del Código del Trabajo permite impugnar una sentencia definitiva cuando el error jurídico cometido al dictarla influyó sustancialmente en su parte resolutiva. Su objeto no es revisar si el juez de instancia resolvió de modo más o menos convincente ni volver a ponderar la prueba: consiste en controlar si, sobre los hechos que la sentencia dejó estab

I. Concepto, función y alcance del principio El principio de razón suficiente expresa una exigencia elemental de racionalidad: ninguna afirmación que pretenda ser tenida por verdadera, ninguna conclusión fáctica y ninguna decisión jurídica puede descansar en un mero «porque sí». Debe existir una razón capaz de explicar por qué la proposición se acepta y por qué se prefiere una determinada conclusión antes que su alternativa. En su formulación filosófica clásica, atribuida a G

1. El planteamiento Ganar un juicio no es gratis. Quien litiga desembolsa dinero mucho antes de saber si tiene razón: derechos del receptor por cada notificación, inscripciones en el Conservador, informes de peritos, honorarios de su abogado. La ley ordena que cada parte pague los derechos de las diligencias que solicita y, por cuotas iguales, los de las diligencias comunes¹. Es lo que se conoce como anticipación de las costas. Recién al término del proceso el tribunal resuel

I. El problema Existe una regla de oficio que todo litigante repite y pocos textos explican con rigor: al testigo propio se le pregunta abierto, al testigo de la contraria se le pregunta cerrado. La formulación corriente sostiene que al testigo que uno presenta no cabe sugerirle la respuesta ni cargar la pregunta de juicios de valor, mientras que al testigo ajeno sí puede interrogársele de modo sugestivo, precisamente para exhibir sus contradicciones. La regla es correcta. Em

I. Introducción Cuando una persona natural o una sociedad gana la puja en una subasta pública ordenada por un tribunal —en el marco de un juicio ejecutivo, un juicio hipotecario o cualquier otro procedimiento de realización de bienes— se abre una etapa tan relevante como el propio acto del remate: el perfeccionamiento del título, el otorgamiento de la escritura definitiva y la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Este artículo explica, paso a paso, quién debe hacer

El requisito de "solicitud previa" del artículo 48 del CPC a la luz de la Ley N° 21.394 y la jurisprudencia reciente de las Cortes de Apelaciones El problema que vemos todos los días en los tribunales civiles En la práctica forense se ha vuelto habitual que los abogados incluyan, en un otrosí de su demanda o escrito de excepciones, un correo electrónico señalado "para todos los efectos legales" o "como forma especial de notificación". El tribunal provee, sin mayor análisis, u