I. El problema no es la existencia de una crítica, sino su transformación en maltrato §1. La autoridad laboral tiene un objeto profesional La jefatura supone dirección. Dirigir exige revisar resultados, advertir errores, requerir correcciones, dar instrucciones y, cuando corresponde, formular una crítica severa sobre el trabajo realizado. Una empresa no puede prescindir de esa facultad ni un trabajador queda liberado de responder por sus funciones porque una observación le re

I. La pregunta por el «superior» del juez de policía local Los Juzgados de Policía Local ocupan una posición institucional que suele inducir a una respuesta incompleta. Funcionan en la comuna, cuentan con apoyo material municipal y su titular es designado mediante un procedimiento en que intervienen tanto la municipalidad como la Corte de Apelaciones. Esa cercanía orgánica explica que, en la práctica, se intente tratar al juez como jefe de una unidad municipal o como funciona

I. Introducción: el marco de la Ley Karin y la tutela laboral En Chile, la prueba del acoso laboral (mobbing) no se construye mediante demostración exhaustiva de cada acto aislado, sino a través de un estándar de prueba indiciaria regulado por el artículo 493 del Código del Trabajo. La Ley Nº 21.643, publicada el 15 de enero de 2024 y vigente desde el 1 de agosto de 2024, modificó sustantivamente la definición del acoso laboral eliminando la exigencia de "reiteración" para ad

I. El sentido institucional del Acta N° 133-2026 §1. Fuente y función reglamentaria La disciplina judicial no es una vía para revisar el acierto de una decisión jurisdiccional ni un mecanismo informal de administración de conflictos laborales. Es el ejercicio de una potestad correctiva que incide sobre jueces, auxiliares y demás personas que prestan funciones en el orden judicial; por esa razón, su ejercicio exige competencia predeterminada, conocimiento de los cargos, contra

La destitución de un funcionario regido por el Estatuto Administrativo es la decisión de la autoridad facultada para nombrar que pone término a sus servicios. No es, por ello, una actuación preparatoria ni una mera recomendación del fiscal del sumario: es un acto administrativo sancionatorio que incide directamente en la continuidad del vínculo estatutario.¹ Frente a esa decisión pueden aparecer, a primera vista, dos vías de control. Por una parte, la reclamación ante la Cont

Una investigación interna no constituye, por el solo hecho de dirigirse contra una persona trabajadora o funcionaria, acoso laboral ni vulneración de garantías constitucionales. El problema aparece cuando el procedimiento se usa como castigo anticipado, se prolonga sin razón, desconoce el derecho de defensa, omite medidas de resguardo o transforma una denuncia en una fuente de represalias.¹ La investigación empresarial no es una licencia para hostigar La Ley Nº 21.643 incorpo

Un sitio eriazo no es simplemente un terreno “vacío”. En la práctica urbana puede tratarse de un predio sin construcciones, subutilizado o cerrado perimetralmente; pero su calificación jurídica depende de la materia analizada. La doctrina urbanística los vincula con espacios vacantes, deteriorados o inaccesibles, mientras que el régimen tributario emplea categorías específicas —como sitio no edificado, propiedad abandonada o pozo lastrero— para determinar sus consecuencias fi

El número que todos entregamos y casi nadie ha leído Lo damos en la farmacia, en el banco, en la urgencia del hospital, al firmar una escritura y al postular a cualquier beneficio del Estado. Lo recitamos de memoria, con dígito verificador incluido. Y sin embargo, cuando preguntamos a un cliente qué es exactamente el RUT, la respuesta casi siempre es la misma: “el número de mi carnet”. No es exacto. Y la inexactitud tiene consecuencias. El Rol Único Tributario nació en 1969 c

Una auditoría especial suscrita el 29 de julio de 2026 por la Contraloría General de la República volvió a poner en evidencia una práctica que el mismo órgano contralor había declarado ilegal hace casi una década: la contratación simultánea de abogados de Carabineros bajo dos instrumentos jurídicos separados que, sumados, integran una jornada ordinaria completa. Lo que distingue este caso no es únicamente la irregularidad —que existe y es grave—, sino su persistencia delibera

I. Introducción: Los Funcionarios a Contrata y el Problema Jurídico Uno de los fenómenos más relevantes del empleo público contemporáneo en Chile es la expansión sostenida de los funcionarios a contrata. De acuerdo con el artículo 3°, letra c) de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de cada institución, y su finalidad es complementar los cargos permanentes de la planta según las

El sistema notarial chileno atraviesa su transformación más profunda en más de un siglo. Dos leyes articulan este proceso: la Ley N° 21.582 (2023), que suprimió la intervención notarial en una serie de trámites ante organismos del Estado, y la Ley N° 21.772 (2025), que moderniza el sistema en sus aspectos orgánicos y funcionales, vigente desde el 2 de abril de 2026¹. El profesor Jaime Alcalde, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, resume la segunda con una frase que

Introducción: El Escándalo que Cambió el Debate En mayo de 2025, la Contraloría General de la República difundió el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC N° 9), documento que sacudió la administración pública chilena: aproximadamente 25.078 funcionarios públicos habrían salido del país mientras gozaban de licencia médica durante los años 2023 y 2024, acumulando 35.585 licencias observadas y 59.575 registros de entradas y salidas del territorio nacional.¹ La mag

1. Introducción: La destitución como máxima sanción y el riesgo de la arbitrariedad En el ámbito del Derecho Administrativo Disciplinario, la destitución constituye la sanción más drástica y terminal que puede enfrentar un funcionario público, pues no solo conlleva la pérdida inmediata del empleo, sino también una severa inhabilitación legal para reingresar a la Administración del Estado.¹ Frente a la imputación de una falta grave a la probidad administrativa, la potestad san

I. Introducción La participación ciudadana constituye uno de los pilares del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile. En un Estado que suscribió el Acuerdo de Escazú¹ y que reconoce en su ordenamiento la participación como garantía sustantiva, el derecho a formular observaciones no es un trámite formal: es un mecanismo de control ciudadano sobre decisiones ambientales que pueden afectar el entorno, la salud y la calidad de vida de las personas. La Ley N° 19

Régimen legal: Art. 13 bis, Ley N°19.300 y Reglamento del SEIA 1. Concepto y Fundamento Normativo La Participación Ciudadana Temprana (PCT) es un mecanismo de involucramiento comunitario que se desarrolla antes de que un proyecto o actividad ingrese formalmente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Su base legal directa se encuentra en el artículo 13 bis de la Ley N°19.300 , incorporado por la Ley N°20.417 (D.O. 26.01.2010), que obliga al titular a informar

Recientemente, un escándalo de proporciones sacudió a la Administración del Estado: un informe de la Contraloría General de la República (CGR) emitido en marzo de 2026 detectó que más de 900 funcionarios públicos y municipales realizaron transacciones en casinos de juego por un total superior a los 11 mil millones de pesos, pese a tener una prohibición legal expresa para apostar.¹ Para el ciudadano común, ir a un casino es una actividad de esparcimiento lícita. Sin embargo, p

INTRODUCCIÓN El presente informe tiene por objeto analizar de manera exhaustiva la Ley N° 21.740, publicada en el Diario Oficial el 23 de abril de 2025 1 , que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas (en adelante, «DGA»). Asimismo, se examina el contexto normativo más amplio en que dicha ley se inserta, particularmente la reforma integral introducida por la Ley N° 21.435, publicada el

Para muchos funcionarios públicos y municipales que gozan de la calidad de titulares (de planta), surge a menudo un profundo dilema vital: la necesidad de trasladarse a otra ciudad por motivos de reunificación familiar, salud o simple cambio de vida, frente al temor de perder los años de antigüedad, la estabilidad laboral y la carrera funcionaria que tanto les ha costado construir. Renunciar a un cargo de planta para aventurarse a buscar un nuevo nombramiento en otra instituc

En el ejercicio diario de la función pública, es habitual que los servidores estatales y municipales deban evaluar licitaciones, otorgar permisos, cursar multas o fiscalizar actividades comerciales. Pero, ¿qué sucede si el expediente que llega a su escritorio involucra directamente a su cónyuge, a un familiar cercano o a una empresa de la cual usted fue socio? Tramitar o resolver ese asunto, incluso si se hace con la mayor rectitud e imparcialidad posible, expone al funcionar

Ingresar a la Administración Pública requiere cumplir con estrictas formalidades legales, entre ellas, la dictación y total tramitación de un acto administrativo de nombramiento.¹ Sin embargo, en la práctica suele ocurrir que una persona asume su cargo y comienza a prestar servicios antes de que su decreto sea "tomado de razón" por la Contraloría General de la República, o bien, ingresa mediante un nombramiento que posteriormente es declarado nulo por adolecer de algún vicio