El Crédito con Aval del Estado es una deuda que, una vez que el banco hace efectiva la garantía fiscal, pasa a ser cobrada directamente por el Estado a través de la Tesorería General de la República (en adelante, TGR). En ese momento, el deudor deja de enfrentar a una institución financiera sometida a las reglas del derecho privado y pasa a quedar sujeto a un procedimiento de cobro ejecutivo de naturaleza administrativa, notoriamente distinto al juicio ejecutivo ordinario del

El cese definitivo de la relación de servicio mediante la medida disciplinaria de destitución representa la sanción más severa contemplada en el Estatuto Administrativo chileno, conllevando la desvinculación inmediata y una severa inhabilidad de cinco años para reingresar a cualquier órgano de la Administración del Estado1. Frente a este acto administrativo terminal, el funcionario afectado cuenta estatutariamente con la facultad de interponer un reclamo de ilegalidad ante la

El problema Desde abril de 2026 la Tesorería General de la República (en adelante TGR) lleva adelante la cobranza más extensa que ha conocido el sistema del Crédito con Aval del Estado (en adelante CAE): más de medio millón de deudores morosos y una cartera que supera los cuatro billones de pesos.1 Entre las medidas figura el embargo de cuentas corrientes. Y ahí aparece el conflicto que nos ocupa. La pregunta es estrecha. Cuando la TGR embarga la cuenta corriente de un deudor

I. Introducción Abordamos en esta entrada una cuestión que ha generado considerable litigio en los últimos años y cuyo estado jurisprudencial demanda clarificación: la extensión del principio de universalidad consagrado en el artículo 255 de la Ley 20.720 (Ley de Insolvencia y Reemprendimiento) cuando se trata de créditos regulados por leyes especiales, en particular el Crédito con Aval del Estado (CAE) de que trata la Ley 20.027. ¿Queda incluido el CAE en el procedimiento de