El 16 de agosto de 2025 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.760, Ley de Adopción, que reemplaza íntegramente a la antigua ley N° 19.620 y establece un nuevo sistema de adopción para Chile, centrado en el interés superior de niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA). A continuación explicamos, en términos simples, qué cambia, quiénes pueden adoptar y cómo funcionan los principales procedimientos. 1. Un dato clave: la ley aún no entra en vigencia (y todavía no hay

I. La intervención del tercero frente al embargo El embargo es una medida de realización forzada dirigida contra bienes que aparecen afectos a la responsabilidad patrimonial del ejecutado. Cuando la diligencia alcanza una especie respecto de la cual un extraño al juicio invoca un derecho incompatible con esa afectación, el Código de Procedimiento Civil (CPC) no deja abierta una intervención indiferenciada: admite únicamente las tercerías que enumera su art. 518. Entre ellas,

La ejecución de una sentencia laboral no transforma por sí sola al representante legal de una sociedad de responsabilidad limitada en deudor personal. La cuestión cambia si la sentencia lo condenó individualmente, si concurre una fuente legal o contractual autónoma de responsabilidad, o si los bienes embargados pertenecen efectivamente a él. Cuando el mandamiento se ejecuta en su domicilio, la diligencia puede alcanzar especies que no son de la sociedad ejecutada ni del repre

I. El objeto de la excepción §1. Una defensa dirigida a la obligación ejecutada La excepción de nulidad de la obligación, prevista en el art. 464 Nº 14 del Código de Procedimiento Civil, permite al ejecutado controvertir la validez del vínculo obligacional cuyo cumplimiento compulsivo se pretende. No es una objeción general al procedimiento ejecutivo ni una impugnación de cualquier antecedente documental acompañado por el ejecutante. Su objeto es la obligación personal y prin

I. La defensa del art. 464 Nº 7 del CPC §1. La cuestión que somete el ejecutado al tribunal El juicio ejecutivo no constituye una vía abreviada para declarar una obligación discutida. Su presupuesto es un título al cual la ley atribuye aptitud para obtener compulsivamente el cumplimiento de una prestación. El art. 464 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil (CPC) abre al ejecutado una defensa específica contra ese presupuesto: la falta de alguno de los requisitos o condiciones

I. La regla que ya existía § 1. Toda persona es legalmente capaz El art. 1445 del CC exige, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, que sea legalmente capaz, y define esa capacidad como poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra. El art. 1446 cierra la cuestión en una línea: toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces.1 La incapacidad es la excepción y debe declararla la

Introducción Partiendo de la premisa de que la Tesorería General de la República (TGR) se encuentra legalmente facultada para despachar mandamientos de ejecución y ordenar embargos de forma directa por vía administrativa —sin requerir la intervención o declaración previa de un tribunal civil—, cuestión que sigue en disputa doctrinal y jurisprudencial, el conflicto jurídico más agudo en el cobro coactivo de créditos de educación superior (como el CAE) se traslada al interior d

La Ley Nº 21.821, publicada el 30 de mayo de 2026, modificó la Ley Nº 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y la Agencia Nacional de Inteligencia. Su objeto declarado comprende la institucionalidad, el funcionamiento y el control del Sistema; por ello, las nuevas atribuciones no pueden examinarse separadas de las garantías constitucionales que limitan toda injerencia estatal sobre la esfera privada.¹ El punto de partida no es la reserva de la actividad de intelig

I. La prohibición legal y el problema de la cesión hereditaria §1. El estatuto protector La Ley N° 19.253 atribuye a las tierras indígenas un régimen de indisponibilidad relativo. Su art. 13 prohíbe enajenarlas, embargarlas, gravarlas o adquirirlas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia; y sanciona con nulidad absoluta los actos y contratos celebrados contra esa regla. La disposición no se limita a la compraventa ni define exhaustiva

La Ley N° 21.828, publicada en el Diario Oficial el 23 de julio de 2026, añadió el Capítulo III al Título III del Libro I del Código del Trabajo. Su único precepto incorporó el art. 157 septies, que impone a ciertas empresas la elaboración, envío y publicación de un informe anual sobre equidad de género.¹ La regla no establece un porcentaje obligatorio de contratación femenina ni ordena reservar cargos. Exige, en cambio, que las empresas alcanzadas informen datos determinados

La pregunta suele formularse de modo simple: ¿puede un padre vender, donar o gravar sus bienes mientras vive, aunque con ello disminuya aquello que sus hijos esperan recibir? La respuesta exige separar dos momentos jurídicos. Mientras el propietario vive, sus hijos no son aún herederos y la sucesión no se ha abierto; después de su muerte, quienes efectivamente suceden pueden tener un interés actual para controvertir ciertos negocios que redujeron artificialmente el patrimonio

El juicio ejecutivo permite perseguir compulsivamente una obligación cuando el acreedor exhibe un título al que la ley reconoce fuerza ejecutiva. Su estructura supone una cognición inicial restringida: el tribunal examina el título sin audiencia ni notificación del demandado y, si lo estima procedente, despacha la ejecución. Desde el requerimiento de pago, la discusión se desplaza a las defensas que la ley admite para el ejecutado.¹ La excepción del art. 464 Nº 11 del CPC —«l

¿Alguna vez te ha pasado que el tribunal calcula mal la deuda de pensión de alimentos, tú lo objetas con toda la razón... y el juez simplemente rechaza tu objeción sin que puedas hacer nada más? Hasta hace pocos meses, la ley chilena literalmente lo impedía. El Tribunal Constitucional acaba de cambiar eso, y aquí te explico por qué es una noticia importante para cualquier madre, padre o alimentario que haya pasado por un juicio de cumplimiento de alimentos. El problema: una l

Antes de que un juez escuche tu caso, un dato administrativo ya determinó si llegarías a la audiencia con un abogado a tu lado Se suele pensar que el acceso a la justicia depende de la fortaleza de los argumentos legales o de la calidad del abogado que representa a una parte. Pero para una porción significativa de la población, el primer filtro no es jurídico: es socioeconómico, y se resuelve mucho antes de pisar un tribunal. Ese filtro es el Registro Social de Hogares (RSH),

Un comprador adquiere un predio rural. El certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones viene limpio. Meses después llegan las cuadrillas, se levantan torres de alta tensión y una faja de seguridad parte el potrero en dos. La respuesta habitual —"demande el saneamiento de la evicción"— es equivocada. La vía correcta es otra, y tiene tres frentes que conviene no confundir entre sí. I. Por qué el Conservador no advirtió nada La Ley General de Servicios Eléctricos —DFL Nº

1. Naturaleza jurídica y características generales del usufructo El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible¹. Consiste en un desmembramiento del dominio, mediante el cual se divide la propiedad plena en dos derechos independientes que coexisten sobre un mismo inmueble². Por un lado, el usufructuario adquiere las facultades de uso

Hay un principio que suena obvio, pero que en la práctica judicial a veces se olvida: nadie puede resultar perjudicado por una resolución si no tuvo la oportunidad de ser oído antes de que se dictara. Eso es exactamente lo que acaba de reafirmar la Corte de Apelaciones de Temuco, en un fallo reciente que tiene consecuencias directas para las madres, padres y cuidadores que dependen de una pensión de alimentos para sostener a sus hijos. ¿Qué pasó? Un alimentante —es decir, la

Por qué la imparcialidad no es un formalismo, sino la esencia misma del debido proceso El pasado 24 de agosto de 2026, la Segunda Sala de la Corte Suprema (rol N° 17.813-2026) acogió un recurso de nulidad y dejó sin efecto una sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras, Garantía, Familia y Laboral de Pichilemu en una causa por violencia intrafamiliar. La resolución es un buen punto de partida para revisar, desde la práctica, un tema que en los tribunales de famil

Una reciente sentencia de la Corte Suprema (Rol N° 34799-2026, agosto de 2026) recuerda un límite importante que muchas familias desconocen: el recurso de protección no puede usarse para resolver un asunto que ya está siendo tramitado ante un Juzgado de Familia. ¿Qué pasó? El caso partió por la situación de un adolescente que vivía en una residencia de protección en San Felipe, a cargo de una medida decretada por el Juzgado de Familia por vulneración de derechos. Ante graves

Una factura electrónica es un Documento Tributario Electrónico (DTE): un documento emitido y recibido por medios electrónicos para respaldar una operación gravada o exenta de IVA. Que una factura sea un DTE no significa, por sí solo, que permita demandar ejecutivamente al comprador o beneficiario del servicio. La Ley Nº 19.983 regula tanto su aceptación como los requisitos adicionales para cobrarla ante un tribunal.¹ Conviene separar dos ámbitos. El primero es administrativo