Una de las situaciones que más angustia genera en mis clientes son las liquidaciones de pensiones de alimentos y las consecuentes órdenes de apremio, como el arresto nocturno, la retención de la licencia de conducir o el arraigo nacional (prohibición de salir del país). Es indudable que el pago de la pensión alimenticia es un deber primordial, y la ley chilena se ha endurecido con justa razón para asegurar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, ¿qué suc

El proceso de regularización migratoria en Chile puede ser complejo, burocrático y, a menudo, implacable. Sin embargo, un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N°4313-2026) ha marcado un importante precedente sobre los límites del poder del Estado y la protección de los derechos fundamentales de los extranjeros arraigados en el país. El tribunal resolvió que ordenar el abandono inmediato de Chile por el simple retraso en el pago de una multa migratoria es

En el ámbito del derecho de familia y sucesorio, pocas cosas generan más frustración que ver cómo los derechos legítimos de una persona son obstaculizados por trámites burocráticos basados en leyes que ya no existen. Un reciente y revelador fallo de la Corte de Apelaciones de Talca (Rol N°1285-2025) ha puesto un freno a una práctica discriminatoria del Servicio de Registro Civil e Identificación. El caso expone cómo el organismo estatal, al tramitar una posesión efectiva, apl

La prestación de servicios convenida no se agota en la asistencia del trabajador al establecimiento. El contrato determina una función, una posición profesional y un marco de subordinación cuya modificación unilateral sólo es admisible en los límites legales. Por ello, la decisión empresarial de no proporcionar trabajo, de mantener inactivo al dependiente o de destinarlo de modo permanente a tareas inferiores, ajenas o materialmente distintas de las pactadas puede ser un incu

El registro de rutas de Google Maps puede integrar una prueba sobre presencia, desplazamiento o concurrencia a un lugar. Su aptitud no proviene de que la aplicación produzca una certeza autónoma sobre la identidad de quien se desplaza, sino de su incorporación como antecedente digital y de su contraste con los demás medios rendidos. La sentencia dictada en Contreras con Iakl muestra una aplicación concreta de ese método: el tribunal no tuvo por establecida la relación laboral

La declaración de dos o más empresas como un solo empleador —usualmente llamada «Multirrut» o unidad económica— no descansa en la afinidad societaria ni en la insolvencia del empleador formal. Su presupuesto legal es la dirección laboral común, a la que deben sumarse circunstancias legalmente significativas, como la similitud o complementariedad de los productos o servicios o la existencia de un controlador común. La participación común en la propiedad, aisladamente, no satis

I. Planteamiento y régimen positivo La presunción opera cuando el tribunal arriba a un hecho que no percibe directamente desde antecedentes ya conocidos. Su regulación civil se distribuye entre el Código Civil —que la define y distingue— y el Código de Procedimiento Civil —que la sitúa entre los medios probatorios y determina su eficacia en juicio—. El punto decisivo no es la mera coexistencia de antecedentes: es la justificación de la inferencia que conecta el hecho base con

I. La operación: qué se cede y qué no La cesión de derechos hereditarios permite a un heredero transferir a otra persona su participación en una herencia que ya se abrió por la muerte del causante. No equivale, por sí sola, a vender una casa, un vehículo, una cuenta bancaria o cualquier otro bien determinado de la masa hereditaria. Su objeto es la posición económica que corresponde al cedente dentro de la herencia, considerada como una universalidad, sin individualizar sus ef

Una condena laboral firme identifica un deudor y habilita su cumplimiento forzado. El problema aparece cuando el empleador formal no tiene bienes y el trabajador pretende dirigir la ejecución contra sociedades relacionadas, administradores o personas naturales que no fueron emplazadas en el juicio que fijó la deuda. La unidad económica, la simulación y el subterfugio laboral no eliminan por sí solos ese problema procesal.¹ La cuestión exige separar dos planos. El primero es l

La identificación del obligado laboral no se agota necesariamente en la razón social que suscribió el contrato. El Código del Trabajo contempla hipótesis distintas: un solo empleador entre varias empresas, responsabilidad de la empresa principal en subcontratación, y simulación o subterfugio. Cada una tiene presupuestos propios, consecuencias diversas y exige que el eventual responsable pueda defenderse en el juicio en que se pide la condena.¹ I. El problema de la identificac

El Tribunal de Contratación Pública es un órgano jurisdiccional especial creado por la Ley Nº 19.886 para controlar la juridicidad de actuaciones administrativas vinculadas con la contratación estatal. Su existencia no convierte toda controversia contractual en una cuestión sometida a su conocimiento: la ley define acciones determinadas, materias excluidas y medidas que el Tribunal puede disponer.¹ La precisión importa porque la contratación pública reúne, en una misma secuen

I. Delimitación de la controversia La liquidación unilateral de una obra municipal no debe ser tratada como una cuenta final neutra. Puede incorporar retenciones, multas, imputaciones de incumplimiento y saldos que la municipalidad pretenda cobrar al contratista; por ello, la defensa debe examinarla junto con los actos anteriores que aprobaron modificaciones de obra, ampliaciones de plazo, pagos, estados de pago, multas y término anticipado. El punto decisivo es determinar si

I. El problema jurídico de la apariencia negociadora La emisión, modificación o cancelación de órdenes bursátiles pertenece a la mecánica ordinaria de un mercado secundario. No toda orden que queda sin ejecución, ni toda variación rápida de una postura, constituye por sí misma un ilícito. La calificación cambia cuando la conducta no expresa una disposición real a comprar o vender, sino que se utiliza para proyectar al mercado una apariencia falsa de oferta, demanda, actividad

I. La cuestión de fondo de la medida preparatoria La medida prejudicial preparatoria de exhibición documental no permite anticipar sin límites la etapa probatoria. Su finalidad es más acotada: permitir que quien pretende demandar reúna antecedentes indispensables para formular una acción determinada, identifique a los futuros demandados o precise el objeto de la controversia. El art. 273 CPC habilita la exhibición de ciertos instrumentos y libros contables, pero condiciona la

I. El problema: tres procedimientos y una distinción necesaria La regla del art. 8 Nº 9 de la Ley Nº 18.101 pertenece al procedimiento especial de los juicios relativos a contratos de arrendamiento de predios urbanos del Título III de esa ley. En ese ámbito, la sentencia definitiva de primera instancia es apelable, pero el recurso se concede exclusivamente en el efecto devolutivo; además, la Corte de Apelaciones no puede decretar orden de no innovar mientras lo conoce. La reg

La comparecencia de una persona extranjera en una escritura pública obliga a distinguir la identificación del otorgante de su situación ante la autoridad migratoria. El Código Orgánico de Tribunales regula el primer plano y autoriza, para extranjeros y chilenos radicados en el extranjero, la acreditación de identidad mediante pasaporte o mediante el documento con que se les permitió el ingreso al país. La Ley Nº 21.325, en cambio, regula el ingreso, la residencia y los docume

La venta de un vehículo defectuoso plantea una cuestión que no se resuelve únicamente calificando el desperfecto como vicio redhibitorio. Debe distinguirse entre los remedios que persiguen deshacer o reajustar el intercambio —la rescisión de la venta y la rebaja del precio— y la pretensión dirigida a reparar los daños patrimoniales que el incumplimiento del vendedor ocasionó al comprador. Esa distinción determina requisitos y plazos distintos.¹ I. El punto de partida: una com

I. Marco de atribución legal El régimen de la Ley General de Urbanismo y Construcciones asigna al propietario primer vendedor responsabilidad por los daños y perjuicios que procedan de fallas o defectos de la construcción. A su vez, el constructor responde por las fallas, errores o defectos en que incurra en la ejecución, incluso si la obra ha sido realizada por subcontratistas o mediante materiales e insumos defectuosos. Esa distribución legal permite que los tribunales exam

Las acciones revocatorias concursales permiten privar de efectos frente a la masa de ciertos actos o contratos celebrados antes de la apertura de un procedimiento concursal. No se dirigen a sancionar, en abstracto, una conducta del deudor: su función es restituir a la masa los bienes o ventajas patrimoniales indebidamente separados de ella, o impedir una alteración de la igualdad de cobro. La Ley N.º 20.720 distingue para la Empresa Deudora dos técnicas: la revocabilidad obje

La acumulación inicial de acciones consiste en insertar varias pretensiones en una misma demanda. Su hipótesis más intensa es la subsidiariedad: el actor pide que el tribunal conozca una segunda tutela solo si desestima la primera. El art. 17 del Código de Procedimiento Civil admite expresamente ese diseño para acciones incompatibles.¹ El problema cambia cuando cada pretensión tiene asignado un rito diverso. Una acción puede quedar entregada al juicio ordinario por la regla c