En Chile, en el litigio penal tributario, es común que el contribuyente, buscando una atenuante o regularizar su situación comercial, pague ante la Tesorería General de la República (TGR) los impuestos adeudados, los reajustes y los intereses. Sin embargo, si el proceso penal termina en una condena (ya sea en juicio oral o abreviado), el tribunal impondrá una multa penal  (generalmente del 100% de lo defraudado). Surge entonces la pregunta crítica: ¿Esos dineros ya pagados a