Análisis Comparativo de Contratos de Construcción en Chile: Obra Vendida vs. Administración y su Riesgo de Litigios

Mario E. Aguila
hace 3 horas
33 Min. de lectura

I. Introducción

A. Contexto de la Contratación de Obras en Chile

La industria de la construcción en Chile representa un sector fundamental para el desarrollo económico y social del país. No obstante su dinamismo, se caracteriza por una complejidad inherente y una notable propensión a la generación de conflictos.1 Esta complejidad emana de la multiplicidad de actores involucrados (mandantes, contratistas, subcontratistas, proyectistas, entidades financieras y fiscalizadoras), cada uno con intereses y expectativas particulares. A ello se suman las innovaciones técnicas constantes, la globalización de estándares y materiales, y un marco regulatorio cada vez más exigente en materias medioambientales, de seguridad y urbanísticas.1 (estos números corresponden a la nota respectiva, al pie de página).

Estudios realizados en el sector han revelado consistentemente una alta tasa de conflictividad. Por ejemplo, investigaciones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y otras entidades académicas han indicado que un porcentaje significativo de los contratos de construcción, que oscila entre el 34% y el 42%, experimentan divergencias o disputas entre las partes.2 Estas cifras no representan incidentes aislados, sino que sugieren una característica endémica del sector en Chile que los mandantes deben anticipar y gestionar proactivamente. La persistencia de estos niveles de conflicto indica que los modelos contractuales y las prácticas de gestión de proyectos tradicionales no siempre logran prevenir o resolver eficazmente las controversias.

B. Importancia de la Elección Contractual y su Impacto

En este escenario, la elección de la modalidad contractual para la ejecución de una obra material no es una decisión trivial, sino un acto estratégico de primera magnitud. Esta elección tiene un impacto directo y profundo en la asignación de riesgos entre el mandante y el contratista, el control sobre los costos y los plazos, la flexibilidad para adaptar el proyecto a imprevistos o cambios, y, de manera crucial, en la probabilidad de incurrir en disputas que pueden escalar a costosos y prolongados litigios.5 Una selección contractual que no se alinee con las características específicas del proyecto, el grado de definición de este, o la capacidad de gestión del mandante, puede transformarse en una fuente primaria de problemas, conduciendo a sobrecostos, retrasos significativos y un deterioro considerable de la relación contractual.7

C. Presentación de las Modalidades

En el contexto chileno, dos modalidades contractuales principales se destacan para la ejecución de obras materiales:

Contrato por "Obra Vendida" o "Suma Alzada": Esta modalidad, una de las más extendidas 8, se caracteriza fundamentalmente por el acuerdo de un precio global y fijo por la totalidad de la obra, pactado antes del inicio de los trabajos. Bajo este esquema, el contratista estudia el proyecto, determina su costo de construcción, sus gastos generales y sus utilidades, y presenta una oferta por un monto único.8 En principio, el contratista asume el riesgo de las variaciones en los costos de los insumos y de la ejecución, y el precio acordado solo debería variar si existen modificaciones expresas al alcance original del proyecto.9
Contrato "Por Administración" o "Administración Delegada": En esta modalidad, el contratista (denominado administrador) aporta principalmente su experiencia, conocimientos técnicos y capacidad de gestión ("know-how") para ejecutar la obra.12 Usualmente, el mandante financia directamente o reembolsa al administrador los costos directos de la obra (materiales, mano de obra, subcontratos, equipos, etc.), y además paga al administrador un honorario por sus servicios. Este honorario puede ser una suma fija periódica (mensual, por ejemplo) o un porcentaje del costo total de la obra.11 El mandante suele retener un mayor control sobre las decisiones y asume la mayor parte del riesgo asociado a los costos del proyecto.5

D. Objetivo del Informe

El presente informe tiene como objetivo principal proveer un análisis comparativo experto de las modalidades de contratación por obra vendida (suma alzada) y por administración en Chile. Se busca que el mandante pueda discernir con mayor claridad cuál de estas modalidades se ajusta de manera más adecuada a las particularidades de su proyecto específico, a su perfil de riesgo y a sus capacidades de gestión. Se pondrá un énfasis especial en la identificación y análisis de los riesgos de litigio inherentes a cada modalidad, así como en las estrategias para su mitigación, con el fin de facilitar una toma de decisiones informada y contribuir al éxito de los proyectos de construcción. La elección contractual, si no se considera cuidadosamente en función de la definición del proyecto y la capacidad de gestión del mandante, puede actuar como un factor multiplicador del riesgo de litigio, transformando desafíos inherentes a la construcción en disputas formales.

II. Contrato por Obra Vendida (Suma Alzada) en Chile

A. Definición, Marco Legal y Características Esenciales

El contrato a suma alzada, también conocido en la práctica como "obra vendida" cuando se refiere a la entrega de una obra completa y terminada, es un acuerdo en virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar una obra material específica por un precio total, único y global, que es determinado y pactado con el mandante antes del inicio de los trabajos.8 La empresa constructora analiza el proyecto, incluyendo planos y especificaciones técnicas, y sobre esa base calcula el costo directo de la construcción, sus gastos generales y la utilidad esperada, para luego proponer un precio cerrado.8 Una característica fundamental es que este precio se considera, en principio, invariable, salvo que se produzcan modificaciones expresas y acordadas al alcance original del proyecto.9

Desde una perspectiva legal, el contrato de construcción a suma alzada encuentra su regulación principal en el Código Civil chileno, específicamente en los artículos 1996 y siguientes, que norman el contrato de arrendamiento para la confección de una obra material. De particular relevancia es el artículo 2003 del Código Civil, que establece la responsabilidad del empresario constructor por la ruina del edificio ocurrida dentro de los cinco años siguientes a la entrega, si esta se debe a vicios de la construcción, del suelo o de los materiales.9 Adicionalmente, existen normativas específicas relativas a la construcción y, en el ámbito público, el Reglamento para Contratos de Obras Públicas (RCOP, Decreto Supremo MOP N° 75 de 2004) establece disposiciones para esta modalidad, cuyos principios pueden ser ilustrativos incluso para contratos privados.17

Las características clave que definen al contrato a suma alzada son:

Precio Global y Único: Se establece un monto total por la totalidad de la obra, que no se desglosa en precios unitarios para efectos de pago, aunque internamente el contratista sí realice dicho análisis para su oferta.10
Obligación de Resultado del Contratista: El contratista asume una obligación de resultado, que consiste en entregar la obra completamente terminada, en el plazo acordado y conforme a las especificaciones técnicas y planos definidos en el contrato.10
Asunción Principal del Riesgo de Mayores Costos por el Contratista: Salvo excepciones muy calificadas o pacto en contrario, el contratista asume el riesgo de que los costos reales de ejecución de la obra sean superiores a los que estimó al momento de ofertar. Esto incluye el riesgo de variaciones en los precios de los materiales, la mano de obra, o una subestimación de las cantidades de obra.10

B. Ventajas Detalladas para el Mandante

Para el mandante, la modalidad de suma alzada ofrece una serie de ventajas significativas, que explican su amplia utilización:

Control de Costos y Previsibilidad Presupuestaria: Esta es, sin duda, la ventaja más atractiva. Al fijarse un precio total desde el inicio, el mandante conoce con un alto grado de certeza cuál será el desembolso final por la obra, lo que facilita enormemente la planificación financiera, la estructuración del financiamiento del proyecto y reduce el riesgo de desviaciones presupuestarias inesperadas.9
Menor Carga de Gestión Directa (Teórica): Dado que el contratista es responsable de la gestión integral de la obra (compra de materiales, contratación de personal, coordinación de subcontratistas, etc.), el mandante puede, en teoría, tener una menor carga de involucramiento en la gestión diaria del proyecto.19 Esto es particularmente cierto si el proyecto está exhaustivamente definido y el contratista seleccionado es competente y experimentado.
Incentivo para la Eficiencia del Contratista: El contratista tiene un fuerte incentivo para ejecutar la obra de la manera más eficiente posible, controlando sus costos y optimizando sus procesos, ya que su margen de utilidad está directamente ligado a la diferencia entre el precio fijo pactado y sus costos reales de ejecución.10 Esta eficiencia puede, en algunos casos, traducirse también en un esfuerzo por cumplir o incluso acortar los plazos de entrega.19
Facilita el Financiamiento del Proyecto: Las entidades financieras suelen ver con mayor favor los proyectos contratados bajo suma alzada, debido a la certeza que ofrece el precio fijo. Esto puede facilitar la obtención de créditos para la construcción, ya que el riesgo de sobrecostos para el banco (y para el mandante) aparece mitigado.14

C. Desventajas y Riesgos Inherentes para el Mandante

A pesar de sus ventajas, el contrato a suma alzada no está exento de desventajas y riesgos para el mandante, que deben ser cuidadosamente ponderados:

Rigidez ante Cambios y Modificaciones: La naturaleza fija del precio y del alcance hace que esta modalidad sea poco flexible ante la necesidad de introducir cambios o modificaciones al proyecto una vez iniciado. Cualquier alteración al diseño original, a las especificaciones o a las cantidades de obra requiere una negociación formal con el contratista para ajustar el precio y, usualmente, el plazo. Estas negociaciones pueden ser complejas, generar desacuerdos significativos e incluso paralizaciones, afectando el cronograma y la calidad de la obra.9
Riesgo de Calidad Comprometida: Si el contratista ha subestimado los costos, enfrenta aumentos inesperados en los precios de los insumos, o simplemente busca maximizar su utilidad de forma agresiva, podría verse tentado a reducir la calidad de los materiales, de la mano de obra o de los procesos constructivos para mantenerse dentro del presupuesto o proteger su margen. Este es un riesgo latente que exige una fiscalización técnica rigurosa por parte del mandante.
Falta de Beneficio en Ahorros del Contratista: Si el contratista, gracias a su eficiencia, a una buena negociación con proveedores o a una planificación óptima, logra ejecutar la obra por un costo inferior al presupuestado, dichos ahorros benefician exclusivamente al contratista, sin que el mandante participe de ellos.14
Complejidad y Costo de la Definición Inicial del Proyecto: Para que un contrato a suma alzada funcione adecuadamente y minimice los riesgos de disputa, es imperativo que el proyecto esté exhaustiva y detalladamente definido antes de la licitación y la firma del contrato. Esto implica contar con planos completos y definitivos, especificaciones técnicas precisas y detalladas, estudios de suelo exhaustivos, etc..7 La elaboración de esta documentación previa puede ser costosa y tomar tiempo. Si esta definición es deficiente o incompleta, la probabilidad de conflictos futuros aumenta exponencialmente, ya que cualquier omisión o ambigüedad será fuente de controversia.7 No se recomienda para proyectos donde no existan detalles completos de todo el actuar del contratista.19

D. Análisis del Riesgo de Litigios en Suma Alzada

La modalidad de suma alzada, si bien busca la certeza, paradójicamente puede ser una fuente importante de litigios si no se gestiona adecuadamente, especialmente en el contexto de la realidad dinámica de los proyectos de construcción.

Principales Focos de Disputa:
Alcance de los Trabajos: Este es, quizás, el foco más común de controversias. Las discrepancias surgen sobre qué trabajos, partidas o especificaciones estaban efectivamente incluidas en el precio global original y cuáles constituyen una obra adicional o extraordinaria que debe ser compensada aparte.2 Esta problemática se agudiza cuando los documentos contractuales (planos, especificaciones técnicas) son ambiguos, incompletos o contienen errores.2
Obras Extraordinarias y Modificaciones al Proyecto: La necesidad de ejecutar obras no contempladas inicialmente, o de modificar las existentes, genera disputas sobre su aprobación (quién las ordenó, cómo se formalizó), su correcta valorización (cómo se calculó el precio de estos nuevos trabajos) y el impacto que estas tienen en el plazo original del contrato.2 La acumulación de múltiples órdenes de cambio, incluso si son pequeñas individualmente, puede llegar a "desnaturalizar" el contrato original, transformándolo en un proyecto sustancialmente diferente al que se pactó a suma alzada, lo que complica enormemente la determinación de responsabilidades y compensaciones.7
Calidad de la Obra y Defectos Constructivos: El incumplimiento de las especificaciones técnicas, la utilización de materiales de calidad inferior a la pactada, o la aparición de vicios o defectos constructivos (visibles u ocultos) son fuentes frecuentes de reclamaciones y litigios. La responsabilidad del constructor por estos aspectos está regulada tanto por el contrato como por la ley (Art. 2003 del Código Civil y Ley General de Urbanismo y Construcciones).16
Incumplimiento de Plazos y Aplicación de Multas: Los retrasos en la entrega de la obra son otro punto álgido. Las discusiones suelen centrarse en la imputabilidad de dichos retrasos (¿se deben a causas atribuibles al contratista, al mandante, a terceros, o a fuerza mayor?) y en la procedencia y cuantía de las multas contractuales por atraso.2
Interpretación de Cláusulas Contractuales: Las ambigüedades, contradicciones o vacíos en los documentos contractuales pueden llevar a interpretaciones divergentes entre las partes sobre sus respectivos derechos y obligaciones, escalando a disputas formales.2
Impacto de la Falta de Definición del Proyecto: Como se ha mencionado, la falta de una definición clara y completa del proyecto en la etapa precontractual es la causa raíz de un gran número de litigios en contratos a suma alzada. Si el proyecto no está exhaustivamente detallado (idealmente, un contrato "llave en mano" se sustenta en diseños completos y definitivos 9), cualquier desviación, imprevisto o necesidad no contemplada explícitamente se convierte en un campo fértil para la disputa: ¿era una obligación implícita del contratista cubierta por el precio global, o es una obra adicional que el mandante debe pagar?.7 La aparente seguridad que ofrece el precio fijo puede desvanecerse rápidamente si la base sobre la cual se fijó ese precio (el proyecto) es inestable o incompleta. La rigidez inherente al contrato choca con la realidad dinámica de la construcción, donde los cambios e imprevistos son frecuentes.1 Esta tensión es un caldo de cultivo para litigios, especialmente en lo referente al alcance y las obras extraordinarias.7
Criterios Jurisprudenciales Relevantes en Chile 10: La jurisprudencia chilena ha abordado en numerosas ocasiones las disputas emanadas de contratos a suma alzada, estableciendo ciertos criterios, aunque no siempre unívocos:
Regla General de Rigidez Contractual: En general, los tribunales tienden a hacer valer la naturaleza de precio fijo del contrato, responsabilizando al contratista por sus errores de estimación o por los mayores costos incurridos, en virtud del principio pacta sunt servanda (lo pactado obliga).10
Matizaciones por Equidad y Conmutatividad: No obstante la regla general, en casos donde se acreditan desequilibrios graves en las prestaciones, circunstancias imprevistas que alteran fundamentalmente la economía del contrato (como la teoría de la imprevisión, aunque de aplicación restrictiva en Chile), o un enriquecimiento injusto para el mandante a costa del contratista, la jurisprudencia ha mostrado disposición a moderar la rigidez de la suma alzada. Esto puede implicar ordenar pagos adicionales o ajustar el precio para restablecer una cierta equidad contractual.10 Esta flexibilidad judicial, si bien busca justicia en casos particulares, introduce una capa de incertidumbre para el mandante que confía en la invariabilidad absoluta del precio.
Obras Extraordinarias: Se tiende a exigir el cumplimiento de los procedimientos contractuales establecidos para la aprobación y pago de obras extraordinarias. Sin embargo, existen fallos que han reconocido el derecho del contratista al pago de estas, aun sin una formalidad estricta, si se prueba el conocimiento, la autorización tácita o la aquiescencia del mandante respecto de su ejecución.10
Plazos: La jurisprudencia ha mostrado una mayor apertura a conceder aumentos de plazo al contratista si los retrasos no le son imputables, por ejemplo, si se deben a la ejecución de obras extraordinarias ordenadas por el mandante o a incumplimientos de este último (como la entrega tardía del terreno o de información esencial).10

La presión económica sobre el contratista para absorber costos imprevistos o mal calculados dentro de un esquema de suma alzada puede generar incentivos no deseados. Por un lado, podría llevar a la tentación de disminuir la calidad de los materiales o la ejecución para proteger los márgenes, lo que deriva en disputas por calidad. Por otro lado, puede incentivar al contratista a adoptar una postura litigiosa agresiva en la interpretación del alcance contractual o en la reclamación de cualquier variación como obra adicional. Ambas situaciones pueden deteriorar la relación contractual y afectar negativamente el resultado final del proyecto.

III. Contrato por Administración en Chile

A. Definición, Marco Legal y Características Esenciales

El contrato por administración, también conocido como "administración delegada" o, en términos más amplios, "costo más honorarios" (cost plus fee), es una modalidad contractual en la cual el mandante encarga al contratista (que actúa como un administrador) la gestión y ejecución de una obra. A diferencia de la suma alzada, en este esquema el contratista aporta fundamentalmente su trabajo, conocimiento técnico especializado, y su capacidad de organización y gestión ("know-how").12 Generalmente, los materiales, la mano de obra directa y los subcontratos son adquiridos por cuenta del mandante o, si son pagados por el administrador, le son reembolsados íntegramente por el mandante.12 El administrador supervisa y coordina todas las actividades de la obra, y el mandante usualmente retiene un control significativo sobre decisiones clave como la contratación de trabajadores y la compra de materiales.5

Como contraprestación por sus servicios de gestión, el administrador percibe unos honorarios. Estos pueden estructurarse de diversas formas: como una suma fija mensual, un porcentaje sobre el costo directo y efectivo de la obra, o una combinación de ambos.11

Desde el punto de vista legal, el contrato por administración se asimila comúnmente al arrendamiento de servicios inmateriales o al mandato para la ejecución de obras, regulados por las normas generales del Código Civil.13 En el caso de obras públicas ejecutadas bajo esta modalidad, pueden ser aplicables también ciertas disposiciones del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (RCOP).21

Las características esenciales de esta modalidad son:

Participación Compartida y Colaborativa: Implica una relación más estrecha y de mayor colaboración entre el propietario (mandante) y el administrador.5
Transparencia de Costos (Teórica): El mandante tiene, en principio, acceso a toda la información financiera del proyecto, conociendo los costos reales de cada partida.5
Flexibilidad: Es una modalidad inherentemente flexible, que permite adaptar el proyecto a medida que avanza y tomar decisiones sobre la marcha, especialmente útil cuando el alcance no está completamente definido al inicio.5
Asunción del Riesgo de Costos por el Mandante: La mayor parte del riesgo económico, especialmente el relacionado con el aumento de los costos de materiales, mano de obra o la aparición de imprevistos que encarecen la obra, recae sobre el mandante.14
Dependencia de la Capacidad del Administrador: La calidad final del proyecto, el control de los costos y el cumplimiento de los plazos dependen de manera crítica de la competencia, honestidad y diligencia del administrador contratado.5

B. Ventajas Detalladas para el Mandante

El contrato por administración ofrece ciertas ventajas que pueden hacerlo atractivo para el mandante en determinadas circunstancias:

Flexibilidad y Rapidez en el Inicio: Una de sus principales ventajas es la posibilidad de iniciar las obras incluso cuando la información del proyecto no está completamente definida o los planos no son definitivos. Esto puede ser crucial si se requiere acelerar los plazos de terminación del proyecto o si existen incertidumbres técnicas que solo se resolverán durante la ejecución.15 Es ideal para proyectos donde el alcance exacto no está definido al inicio.5
Transparencia Potencial de Costos: Teóricamente, esta modalidad ofrece una mayor transparencia, ya que el mandante puede conocer en detalle los costos reales de cada elemento de la obra (materiales, mano de obra, subcontratos, etc.).5 Si la obra resulta costando menos de lo inicialmente estimado, el beneficio económico es directamente para el mandante.14
Mayor Control del Mandante: El mandante puede ejercer un control más directo sobre el desarrollo de la obra, participando activamente en la toma de decisiones, en la selección de subcontratistas y proveedores, y en la aprobación de los materiales a utilizar.5
Alineación de Intereses (con Estructuras de Incentivos): Es posible estructurar los honorarios del administrador de manera que se alineen sus intereses con los del mandante. Por ejemplo, se pueden pactar bonos por eficiencia, por ahorro de costos respecto a un presupuesto meta, o por cumplimiento anticipado de plazos, lo que incentiva al administrador a optimizar la gestión.14 También se pueden establecer precios máximos garantizados (PMG) para acotar el riesgo del mandante.15

C. Desventajas y Riesgos Inherentes para el Mandante

No obstante sus beneficios, el contrato por administración conlleva importantes desventajas y riesgos para el mandante:

Incertidumbre Respecto al Costo Final: Esta es la principal desventaja. El costo total de la obra no se conoce con certeza al inicio del contrato y puede variar significativamente en función de múltiples factores (precios de mercado, productividad, imprevistos). El mandante asume el riesgo de que los costos finales excedan largamente las estimaciones iniciales.14
Mayor Necesidad de Supervisión y Control por Parte del Mandante: Para que esta modalidad funcione adecuadamente y se eviten abusos o ineficiencias, el mandante debe ejercer una supervisión y un control exhaustivos y constantes sobre la gestión del administrador. Esto incluye la fiscalización de la productividad, la razonabilidad de los costos de arriendos de equipos, los salarios del personal, la correcta imputación de los gastos reembolsables y la calidad de los trabajos.15 Esto puede implicar una carga administrativa y de gestión considerable para el mandante, quien debe contar con experiencia propia o con un equipo de inspección técnica (ITO) muy competente y proactivo.
Dependencia Crítica de la Capacidad y Honestidad del Administrador: El éxito del proyecto, tanto en términos de costos como de calidad y plazos, depende fundamentalmente de la competencia profesional, la eficiencia, la diligencia y, muy importantemente, la honestidad del administrador contratado.5 Una mala elección del administrador puede tener consecuencias financieras graves para el mandante.
Riesgo de que la Ineficiencia del Administrador sea Trasladada al Mandante: Si el administrador es ineficiente en la planificación, en la gestión de recursos, en la supervisión de los trabajos o en la negociación con proveedores, los mayores costos derivados de esta ineficiencia son, en última instancia, absorbidos por el mandante.14
Potencial Conflicto de Intereses en los Honorarios: Si los honorarios del administrador se calculan como un porcentaje del costo total de la obra, este podría tener un incentivo perverso para no controlar los costos de manera óptima, ya que a mayor costo, mayor honorario. Este riesgo puede mitigarse mediante cláusulas de precio máximo garantizado, honorarios fijos o estructuras de incentivos por ahorro, pero requiere una negociación cuidadosa.14

D. Análisis del Riesgo de Litigios en Contratos por Administración

Si bien la flexibilidad del contrato por administración puede reducir ciertas fuentes de conflicto (como las disputas por cambios de alcance), introduce otras áreas potenciales de litigio:

Costos Reembolsables: Este es un foco central de disputas. Pueden surgir controversias sobre qué costos son efectivamente reembolsables según el contrato, si los montos reclamados por el administrador son razonables y están debidamente justificados (con facturas, comprobantes, etc.), y si dichos costos fueron incurridos de manera eficiente y necesaria para la obra.3 El mandante puede cuestionar la productividad del personal del contratista, los precios pagados por materiales o arriendos, y los gastos generales imputados.15
Honorarios del Administrador: Disputas sobre el cálculo correcto de los honorarios (especialmente si son porcentuales), la oportunidad de su pago, y el cumplimiento de las condiciones contractuales para su devengo (por ejemplo, si están ligados a ciertos hitos o niveles de desempeño).
Calidad de la Gestión y de la Obra Ejecutada: Reclamaciones por negligencia o falta de diligencia del administrador en la supervisión de los trabajos, en la coordinación de los oficios, en la selección de subcontratistas o en la compra de materiales, que resulten en defectos constructivos, mala calidad de la obra o incumplimiento de especificaciones.5
Cumplimiento de Plazos: Aunque esta modalidad es más flexible en cuanto a plazos, pueden surgir disputas si los retrasos en la terminación de la obra se deben a una gestión deficiente o negligente por parte del administrador, y no a causas justificadas (como cambios solicitados por el mandante o fuerza mayor).
Rendición de Cuentas y Transparencia: Conflictos derivados de la falta de claridad, oportunidad o completitud en la información financiera y en los reportes de avance proporcionados por el administrador al mandante.5 La "transparencia" debe ser efectiva y verificable.
Productividad Laboral y de Equipos: La cuantificación de las pérdidas de productividad y la determinación de quién es responsable de ellas (si el mandante por falta de definiciones, entrega tardía de información o terreno, o el administrador por mala gestión) es una de las áreas más complejas y conflictivas en cualquier tipo de contrato de construcción, pero puede ser particularmente sensible en la administración si afecta directamente los costos reembolsables.24 Si la causal de la pérdida de productividad es imputable al mandante, el contratista (administrador) tiene derecho a ser compensado por los sobrecostos generados.24

La naturaleza misma del contrato por administración exige una fiscalización constante y detallada por parte del mandante o su equipo de inspección. Esta supervisión no solo abarca la calidad técnica de lo construido, sino también la eficiencia de los procesos, la razonabilidad de los costos y la correcta administración de los recursos. Si esta fiscalización es deficiente o reactiva, se crea un espacio para que surjan omisiones, sobrecostos no justificados o una gestión laxa, que inevitablemente derivarán en disputas al momento de la revisión de cuentas o al final del proyecto.15

Una particularidad del contrato por administración es la relación de control y confianza. Aunque teóricamente el mandante posee un mayor control al financiar directamente los costos y poder intervenir en las decisiones, este control solo es efectivo si se sustenta en una sólida confianza en la capacidad y probidad del administrador, y si el mandante dispone de los medios (personal propio o asesores externos) para ejercer una supervisión rigurosa y oportuna. La ausencia de alguno de estos elementos puede llevar a una paradoja: un control nominal que encubre una pérdida real de manejo del proyecto, abriendo la puerta a disputas por abuso, negligencia o simple descontrol de costos.5 El mandante puede verse en la necesidad de "inmiscuirse en demasía" en la gestión del contratista para proteger sus intereses, lo que a su vez puede tensar la relación contractual.15

Otro aspecto a considerar es la "comodidad inicial" que ofrece esta modalidad. La flexibilidad para iniciar rápidamente un proyecto, incluso con definiciones incompletas 15, puede ser muy atractiva, especialmente si hay presiones de plazo. Sin embargo, si esta indefinición inicial persiste a lo largo de la ejecución y no se gestiona activamente hacia una mayor claridad y concreción de los alcances y especificaciones, los riesgos de sobrecostos y las disputas sobre la calidad de la obra y el alcance de la gestión del administrador tienden a materializarse con fuerza en etapas posteriores del proyecto. La fase de "AS YOU GO" 22, si se prolonga indebidamente sin una gestión proactiva para definir detalles, dificulta la rendición de cuentas y la evaluación objetiva del desempeño del administrador. Los "costos reales" 15 pueden inflarse significativamente debido a esta indefinición continua, y el mandante, que es quien asume el riesgo de los costos 14, termina financiando las consecuencias de esta falta de concreción.

IV. Análisis Comparativo y Criterios de Decisión para el Mandante

La elección entre un contrato a suma alzada y uno por administración es una de las decisiones más críticas que enfrenta un mandante al inicio de un proyecto de construcción. Ambas modalidades tienen perfiles de riesgo y recompensa distintos, y su idoneidad depende de una constelación de factores específicos del proyecto y del propio mandante.

A. Tabla Comparativa Detallada

La siguiente tabla resume las principales diferencias operativas y de riesgo entre ambas modalidades contractuales, vinculándolas directamente con el potencial de litigios:

Característica	Contrato por Suma Alzada	Contrato por Administración	Implicancia para el Riesgo de Litigio
Control de Costos (Mandante)	Alto (precio fijo inicial) 9	Bajo (costo final incierto, mandante asume sobrecostos) 14	Suma Alzada: Litigios por extras, cambios de alcance y su valorización. Administración: Litigios por justificación, razonabilidad y eficiencia de los costos reembolsables.
Flexibilidad ante Cambios	Baja (requiere renegociación formal y ajuste de precio/plazo) 9	Alta (intrínsecamente adaptable a cambios sobre la marcha) 15	Suma Alzada: La rigidez puede generar frecuentes disputas si los cambios son numerosos o mal gestionados. Administración: La flexibilidad reduce disputas por la necesidad de cambios de alcance, pero no elimina las disputas sobre el costo de dichos cambios.
Gestión de Calidad	Riesgo de que el contratista sacrifique calidad para proteger su margen si subestimó costos. Requiere fiscalización activa del mandante.	La calidad depende críticamente de la habilidad, diligencia y ética del administrador, así como de la supervisión del mandante.5	Suma Alzada: Litigios por defectos constructivos, vicios ocultos o incumplimiento de especificaciones técnicas. Administración: Litigios por negligencia del administrador en la gestión de la calidad, o por la mala calidad de los trabajos ejecutados bajo su dirección.
Gestión de Plazos	Plazo fijo inicial, con incentivo al contratista para cumplir y optimizar.20 Riesgo de disputas por la imputabilidad de retrasos y aplicación de multas.	Plazos más flexibles y adaptables, pero dependen de la eficiencia y planificación del administrador.	Suma Alzada: Disputas frecuentes sobre la causa de los retrasos (mandante, contratista, fuerza mayor) y la procedencia de multas. Administración: Disputas si los retrasos se deben a una mala gestión o falta de diligencia del administrador, impactando los costos indirectos del mandante.
Nivel de Supervisión Requerido del Mandante	Teóricamente menor si el proyecto está muy bien definido, pero alta supervisión necesaria para control de calidad y gestión de cambios.19	Muy alta, detallada y constante sobre costos, productividad, adquisiciones y calidad de la gestión.15	Suma Alzada: Una supervisión deficiente de los cambios o de la calidad puede llevar a litigios costosos al final. Administración: La falta de una supervisión robusta y continua es una invitación casi segura a disputas sobre costos excesivos, mala calidad o gestión deficiente.
Transparencia de Costos	Baja para el mandante respecto a los costos reales y utilidad del contratista.14	Alta (en teoría), ya que el mandante tiene acceso a los costos directos y conoce los honorarios del administrador.5	Suma Alzada: La falta de transparencia en los costos del contratista no suele ser fuente de litigio per se, salvo en casos de renegociación. Administración: La "transparencia" puede ser fuente de litigio si hay dudas sobre la veracidad, completitud o justificación de los costos presentados por el administrador.
Principal Riesgo para el Mandante	Cambios al alcance no previstos, calidad deficiente para ajustar costos, insolvencia del contratista.	Sobrecostos potencialmente ilimitados, ineficiencia o falta de probidad del administrador.14	Suma Alzada: Los litigios se centran en lo no previsto o mal ejecutado dentro del precio fijo. Administración: Los litigios giran en torno a lo mal gestionado, excesivamente cobrado o injustificado.
Asignación del Riesgo de Precio y Cantidad	Principalmente en el Contratista.10	Principalmente en el Mandante.15	Esta asignación define el foco de las disputas financieras: en Suma Alzada, es el contratista quien usualmente reclama por pagos adicionales; en Administración, es el mandante quien tiende a cuestionar los gastos y la eficiencia.

Esta tabla comparativa es crucial porque no solo sintetiza las diferencias operativas y de riesgo, sino que también las vincula directamente con el potencial de litigios específicos para cada modalidad. Permite al mandante visualizar de manera más clara los compromisos y contrapartidas (trade-offs) involucrados en su decisión. Cada elemento se fundamenta en la información analizada, ofreciendo una perspectiva multidimensional que va más allá de una simple enumeración de ventajas y desventajas, y ayuda al mandante a alinear su elección contractual con su apetito por el riesgo y su capacidad de gestión interna o externa.

B. Influencia de la Complejidad y Definición del Proyecto

La naturaleza del proyecto es un factor determinante en la elección contractual:

Proyectos Bien Definidos: Cuando se cuenta con un diseño completo, planos detallados, especificaciones técnicas claras y un bajo riesgo de que surjan cambios significativos durante la ejecución, el contrato a Suma Alzada es generalmente la opción preferible.2 En estos escenarios, el mandante se beneficia de la certeza presupuestaria y de una menor necesidad de involucramiento en la gestión diaria, siempre que el contratista sea idóneo.
Proyectos Complejos o Poco Definidos: Por el contrario, cuando el alcance del proyecto es incierto al inicio, existe una alta probabilidad de cambios (por ejemplo, en proyectos de rehabilitación, o con condiciones de terreno desconocidas 22), o se requiere un inicio rápido de las obras sin contar con toda la ingeniería de detalle (como en esquemas "fast track" 25), el contrato por Administración ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a estas contingencias.2 Sin embargo, es vital recordar que la falta de definición del proyecto es, en sí misma, una de las principales causas de conflictos y sobrecostos, independientemente de la modalidad contractual, aunque sus efectos pueden ser más directos para el mandante en un contrato por administración.7

Es importante destacar que la elección no siempre es binaria entre una suma alzada "pura" y una administración "pura". Existen modalidades híbridas o la posibilidad de contratar por fases. Por ejemplo, un proyecto podría comenzar bajo un esquema de administración para las etapas iniciales de definición, estudios de terreno o demoliciones, donde la incertidumbre es alta, y luego pasar a una suma alzada para las fases de construcción posteriores, una vez que el alcance y los riesgos estén mejor definidos y acotados.15

C. Relevancia de la Experiencia y Capacidad de Gestión del Mandante

Las características del propio mandante también juegan un rol crucial:

Mandante con Poca Experiencia o Recursos de Supervisión Limitados: Un mandante que no cuenta con un equipo interno experimentado en la gestión de proyectos de construcción, o que tiene una capacidad limitada para la supervisión técnica y administrativa, podría inclinarse por un contrato a Suma Alzada. Esto le permitiría delegar una mayor cuota de responsabilidad en el contratista, especialmente si el proyecto está muy bien definido desde el inicio. No obstante, incluso en suma alzada, el mandante debe estar preparado para gestionar formalmente los cambios y fiscalizar la calidad.2 Un contrato por administración, en este escenario, podría resultar abrumador y conllevar un riesgo financiero y de gestión muy elevado.
Mandante con Experiencia y Equipo de Supervisión Robusto: Un mandante con experiencia previa en proyectos similares, que cuenta con un equipo técnico y administrativo competente (o que contrata una Inspección Técnica de Obras -ITO- de alta calidad y con facultades claras), está en mejor posición para manejar un contrato por Administración. Este tipo de mandante puede ejercer el control necesario sobre los costos y la calidad, beneficiándose de la flexibilidad de la modalidad y del potencial de optimización de costos.2

La "experiencia del mandante" no se refiere únicamente a su conocimiento técnico de la construcción, sino también, y de manera fundamental, a su capacidad para establecer y operar sistemas efectivos de control de gestión, comunicación fluida con el contratista, y mecanismos ágiles para la resolución de problemas. Un mandante experimentado comprende que la elección del tipo de contrato es solo el primer paso; la gestión proactiva y diligente del contrato a lo largo de toda la vida del proyecto es la clave para minimizar riesgos y asegurar el éxito.

La interdependencia entre la "definición del proyecto" y la "experiencia del mandante" es crítica. Estos no son factores aislados, sino elementos que deben evaluarse conjuntamente al decidir la modalidad contractual. Un proyecto mal definido en manos de un mandante inexperto o con escasa capacidad de supervisión es una combinación que incrementa exponencialmente el riesgo de disputas y fracaso, independientemente del tipo de contrato elegido. En tal escenario, un contrato por administración podría agravar la exposición a sobrecostos descontrolados, mientras que una suma alzada generaría constantes litigios por cambios de alcance y extras.

Finalmente, es crucial entender que ningún tipo de contrato es una panacea que elimina por sí solo el riesgo de litigio. La alta conflictividad que persiste en el sector de la construcción en Chile 2 demuestra que el tipo de contrato, aunque importante, no es el único factor determinante. La elección correcta del contrato, alineada con las características del proyecto y la capacidad del mandante, es una herramienta fundamental de mitigación de riesgos, pero debe ser complementada necesariamente con una gestión contractual rigurosa, una comunicación transparente y la implementación de mecanismos proactivos para la prevención y resolución de controversias.1

V. Estrategias de Mitigación de Riesgos y Prevención de Litigios en Contratos de Construcción en Chile

Independientemente de la modalidad contractual elegida, existen estrategias fundamentales que el mandante puede y debe implementar para mitigar los riesgos inherentes a un proyecto de construcción y, especialmente, para prevenir la aparición de disputas que puedan derivar en litigios.

A. Importancia de la Definición Exhaustiva del Proyecto y Documentación Contractual Clara

La base para una relación contractual sana y para la minimización de conflictos reside en la claridad y completitud desde el inicio:

Definición Exhaustiva del Proyecto: Es imperativo invertir el tiempo y los recursos necesarios en las etapas tempranas de diseño y planificación para definir con la mayor precisión posible el alcance completo de la obra, las especificaciones técnicas detalladas, los planos constructivos definitivos, las cantidades de obra estimadas y los estándares de calidad esperados.7 Esta inversión inicial es particularmente vital si se opta por un contrato a suma alzada, pero también beneficia enormemente a los contratos por administración al acotar incertidumbres.
Documentación Contractual Robusta y Equilibrada: El contrato y todos sus documentos anexos (bases administrativas y técnicas, planos, especificaciones, programa, etc.) deben ser redactados con la máxima claridad y precisión, evitando ambigüedades, contradicciones o vacíos legales que son frecuentemente el germen de los conflictos.5 Es recomendable que los contratos busquen una asignación de riesgos que sea equitativa y razonable, reconociendo qué parte está en mejor posición para controlar cada riesgo específico.7 Los documentos que forman parte integral del contrato deben estar claramente individualizados y jerarquizados en caso de discrepancia.11

B. Cláusulas Contractuales Esenciales para Proteger al Mandante

Un contrato bien estructurado debe contener cláusulas específicas que aborden las áreas más comunes de disputa y protejan los intereses del mandante 5:

Objeto y Alcance Detallado: Una descripción precisa e inequívoca de los trabajos incluidos en el contrato, así como de las exclusiones explícitas.
Precio y Forma de Pago: Definición clara de la estructura de precios (sea global, por precios unitarios, o costos reembolsables más honorarios), mecanismos de reajuste (si aplican), procedimiento y plazos para la presentación y aprobación de estados de pago, y régimen de retenciones.
Modificaciones y Obras Extraordinarias: Un procedimiento formal y detallado para solicitar, evaluar, aprobar, valorizar y pagar cualquier cambio al alcance original o la ejecución de obras extraordinarias, incluyendo la determinación de su impacto en los plazos contractuales.
Plazos y Programa de Trabajo: Establecimiento de fechas de inicio y término, hitos intermedios relevantes, y un programa de trabajo detallado. Se deben definir las consecuencias de los atrasos, incluyendo la posible aplicación de multas (y, equitativamente, bonificaciones por cumplimiento anticipado).
Garantías: Exigencia de garantías suficientes por parte del contratista, tales como boletas de garantía o pólizas de seguro por fiel cumplimiento del contrato, correcta ejecución de las obras, y buen uso del anticipo (si lo hubiere).5
Seguros: Obligación del contratista de contratar y mantener vigentes los seguros necesarios para cubrir los riesgos del proyecto, como seguros de responsabilidad civil general y patronal, y seguro todo riesgo construcción (CAR).9
Obligaciones Específicas de las Partes: Detalle de las responsabilidades de cada parte, incluyendo, por ejemplo, la obligación del mandante de entregar oportunamente el terreno y los permisos necesarios, y la obligación del contratista respecto a la calidad de los materiales, la idoneidad del personal y el cumplimiento de la normativa aplicable.
Inspección Técnica de Obras (ITO): Definición clara del rol, facultades, responsabilidades y limitaciones del Inspector Técnico de Obras contratado por el mandante, quien actúa como su representante técnico en la obra.11
Libro de Obras: Establecimiento del Libro de Obras (físico o electrónico) como el medio formal y principal para las comunicaciones, instrucciones, observaciones y constancias entre las partes y la ITO.2
Resolución de Controversias: Inclusión de una cláusula escalonada que establezca un procedimiento para la resolución de disputas, comenzando por la negociación directa, seguida por mecanismos alternativos como la mediación o los paneles técnicos, y culminando, si es necesario, en el arbitraje.2

C. Mecanismos de Resolución Alternativa de Disputas (RAD)

La incorporación de mecanismos de RAD en el contrato es una estrategia proactiva para gestionar los desacuerdos antes de que escalen a litigios formales, que suelen ser más costosos, lentos y perjudiciales para la relación entre las partes:

Negociación Directa: Debe ser siempre el primer paso. Fomentar un diálogo abierto y constructivo entre los representantes de ambas partes con poder de decisión, buscando soluciones mutuamente aceptables.2
Mediación: Implica la intervención de un tercero neutral e imparcial (el mediador) que facilita la comunicación y ayuda a las partes a explorar opciones y alcanzar un acuerdo voluntario. Es un proceso confidencial, flexible, y considerablemente menos costoso y más rápido que el arbitraje o el litigio judicial.2
Paneles Técnicos o Dispute Boards (DBs): Consisten en la constitución, generalmente al inicio del contrato, de un panel de uno o tres expertos independientes y neutrales, con experiencia en la materia del proyecto. Los DBs realizan un seguimiento periódico de la obra, ayudan a prevenir la aparición de disputas mediante recomendaciones informales, y si surgen controversias, emiten recomendaciones o decisiones (según se pacte) de forma rápida y con base en su conocimiento técnico del proyecto. Han demostrado ser altamente efectivos en la prevención y resolución temprana de conflictos en proyectos complejos y de larga duración, reduciendo significativamente la incidencia de arbitrajes y litigios, así como los costos asociados.1 El costo de un DB suele ser una fracción menor del costo total del proyecto (entre 0.04% y 0.5%).1
Arbitraje: Es un mecanismo privado de resolución de disputas en el cual las partes someten su controversia a la decisión de uno o más árbitros (designados por ellas o por una institución arbitral), cuya decisión (laudo arbitral) es vinculante y ejecutable. El arbitraje suele ser más rápido, especializado y confidencial que la justicia ordinaria.2 En Chile, el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago es una institución de referencia para la administración de arbitrajes.27

Es fundamental que la gestión de reclamaciones y potenciales disputas por parte del mandante adopte un enfoque preventivo y proactivo, y no meramente reactivo una vez que el conflicto ha escalado.2 Invertir en una definición detallada del proyecto y en la redacción de un contrato robusto y claro, que incluya cláusulas efectivas de RAD, no debe considerarse un gasto, sino una inversión crucial para minimizar el riesgo de incurrir en litigios costosos, prolongados y disruptivos. El costo de la prevención es, en la mayoría de los casos, significativamente menor que el costo de la "curación" a través del litigio.1

Más allá de las cláusulas contractuales y los mecanismos formales, fomentar una cultura de comunicación abierta, confianza y buena fe entre el mandante y el contratista es un elemento intangible pero sumamente poderoso para prevenir litigios. La "desconfianza entre las partes" y las "relaciones hostiles" son frecuentemente citadas como causas subyacentes de conflicto.2 Los mecanismos de RAD, especialmente los Dispute Boards, pueden contribuir a construir y mantener esta cultura colaborativa, al facilitar el entendimiento mutuo y la búsqueda de soluciones consensuadas antes de que las diferencias se solidifiquen en posturas irreconciliables.1

VI. Conclusiones y Recomendaciones Finales para el Mandante

A. Síntesis de los Hallazgos Clave

El análisis comparativo entre los contratos a suma alzada y por administración en el contexto de la construcción en Chile revela diferencias fundamentales en cuanto a la asignación de riesgos, el control de costos, la flexibilidad y, consecuentemente, el perfil de riesgo de litigios para el mandante.

El contrato a suma alzada ofrece, en teoría, una mayor certeza presupuestaria y una menor carga de gestión directa para el mandante, pero a costa de una significativa rigidez ante los cambios y la necesidad imperiosa de una definición exhaustiva del proyecto a priori. Sus principales focos de litigio se centran en la interpretación del alcance, la valorización de obras extraordinarias, la calidad de la obra y el cumplimiento de plazos.
El contrato por administración brinda una mayor flexibilidad para adaptarse a proyectos con indefiniciones iniciales o alta probabilidad de cambios, y una potencial transparencia de costos. Sin embargo, traslada la mayor parte del riesgo de sobrecostos al mandante y exige de este una supervisión constante y rigurosa, así como una gran confianza en la capacidad y probidad del administrador. Las disputas suelen girar en torno a la justificación y eficiencia de los costos reembolsables, la calidad de la gestión del administrador y el cumplimiento de sus deberes fiduciarios.

La elección entre una u otra modalidad no es intrínsecamente "mejor" o "peor"; su idoneidad depende críticamente del contexto específico de cada proyecto (su grado de definición, complejidad, urgencia) y de las características del propio mandante (su experiencia en construcción, capacidad de gestión y supervisión, y su apetito por el riesgo).

Es ineludible reconocer la alta conflictividad inherente al sector de la construcción en Chile. Esta realidad subraya la importancia no solo de una elección contractual informada, sino también de una gestión contractual proactiva y de la implementación de estrategias efectivas para la prevención y resolución de disputas.

B. Recomendaciones Específicas sobre Cuándo Optar por Cada Modalidad

Basado en el análisis precedente, se pueden formular las siguientes recomendaciones para el mandante:

Optar por un Contrato a Suma Alzada cuando:
El proyecto está exhaustivamente definido antes de la licitación, con planos completos, especificaciones técnicas detalladas e inequívocas, y estudios de ingeniería y de suelo concluyentes.
Existe un bajo riesgo de que se requieran cambios significativos durante la ejecución de la obra.
El mandante prioriza la certeza presupuestaria y desea conocer el costo total de la obra desde el inicio.
El mandante prefiere una menor carga de gestión directa en el día a día de la obra, aunque debe estar preparado para una fiscalización rigurosa de la calidad y una gestión formal de cualquier cambio que surja.
Se cuenta con un proceso de licitación competitivo que permita obtener ofertas serias y bien fundamentadas de contratistas solventes y con experiencia probada.
Considerar un Contrato por Administración cuando:
Existen indefiniciones iniciales importantes en el proyecto, o es previsible que el alcance o el diseño evolucionen significativamente durante la ejecución.
Hay una alta probabilidad de cambios debido a factores técnicos, de mercado o regulatorios.
Se requiere un inicio rápido de las obras y no es posible esperar a tener toda la ingeniería de detalle completamente desarrollada.
El mandante posee la capacidad y el deseo de ejercer un control más directo sobre el proceso constructivo y la toma de decisiones.
El mandante está dispuesto a asumir el riesgo de la variabilidad de los costos a cambio de flexibilidad y potencial transparencia.
Es crucial, en este caso, seleccionar un administrador de obra con experiencia comprobada, capacidad técnica y, fundamentalmente, una reputación de honestidad e integridad intachable. Se deben establecer desde el inicio mecanismos robustos de control, reporte y auditoría de costos.

C. Lineamientos para una Gestión Contractual Proactiva

Independientemente de la modalidad elegida, una gestión contractual proactiva es esencial para minimizar el riesgo de litigios:

Asesoría Legal y Técnica Especializada: Contar con el apoyo de abogados especialistas en derecho de la construcción y de asesores técnicos competentes desde las etapas más tempranas del proyecto (planificación, diseño, redacción de bases de licitación y del contrato) es una inversión fundamental.
Planificación Detallada y Realista: Invertir el tiempo y los recursos necesarios para definir el proyecto con la mayor claridad y detalle posible, estableciendo objetivos, alcances, plazos y presupuestos realistas.
Comunicación Fluida, Oportuna y Documentada: Mantener canales de comunicación abiertos y transparentes con el contratista o administrador. Todas las instrucciones, decisiones importantes, acuerdos y observaciones deben quedar debidamente documentados, preferentemente a través del Libro de Obras.
Implementación Efectiva de Mecanismos de Resolución Alternativa de Disputas (RAD): Incluir en el contrato cláusulas claras y efectivas de resolución escalonada de controversias. Para proyectos de cierta envergadura o complejidad, considerar seriamente la implementación de Dispute Boards desde el inicio del contrato.
Fiscalización y Auditorías Constantes y Rigurosas: Ejercer una supervisión técnica y administrativa continua sobre la ejecución de la obra. En contratos por administración, esto es particularmente crítico para el control de costos y la eficiencia. En suma alzada, es vital para el control de calidad y la gestión de cambios.
Enfoque en la Colaboración y la Buena Fe: Si bien es esencial proteger los intereses del mandante, buscar construir una relación de trabajo con el contratista/administrador basada en la buena fe, la confianza mutua y la búsqueda de soluciones colaborativas a los problemas que inevitablemente surgirán. Esto no implica renunciar a los derechos contractuales, sino gestionar las relaciones de manera que se priorice la culminación exitosa del proyecto.

En última instancia, el riesgo de litigio en un proyecto de construcción no se gestiona únicamente con la elección de un tipo de contrato. Requiere una estrategia integral que abarque desde la concepción y planificación del proyecto, la cuidadosa redacción de los documentos contractuales, la selección diligente del contratista o administrador, una gestión diaria atenta y profesional de la obra, hasta la implementación proactiva de mecanismos para la prevención y resolución temprana de conflictos. El mandante es, en gran medida, el arquitecto de su propio riesgo de litigio. Las decisiones que tome respecto a la inversión en la definición del proyecto, la selección de sus contrapartes contractuales, la rigurosidad de su supervisión y su disposición a utilizar herramientas colaborativas de resolución de disputas serán determinantes para el éxito del proyecto y la minimización de controversias costosas. Este informe busca empoderar al mandante para que tome estas decisiones de manera informada y actúe proactivamente en la salvaguarda de sus intereses.