El Manejo de Fondos Fiscales y el Juicio de Cuentas: El deber de rendir caución

Para los funcionarios públicos y municipales que se desempeñan como tesoreros, cajeros, jefes de finanzas o encargados de adquisiciones, el trabajo diario implica una enorme responsabilidad: el manejo directo de los recursos del Estado. Sin embargo, muchos de estos trabajadores desconocen que un error contable, la pérdida de un documento o el faltante en una caja chica no solo acarrea un sumario administrativo o un despido, sino que pone en grave riesgo su propio patrimonio personal.

El Derecho Administrativo establece un estricto régimen de control financiero sobre quienes administran dineros fiscales. A continuación, explicamos en qué consiste la obligación de rendir "caución", quiénes son considerados "cuentadantes" y cómo opera el temido "Juicio de Cuentas" ante la Contraloría General de la República, un escenario donde el funcionario puede verse obligado a pagar con sus propios bienes las pérdidas del servicio.

1. El deber de rendir caución: El seguro del funcionario

El ordenamiento jurídico exige que todo funcionario público o municipal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga a su cargo la recaudación, administración, pago o custodia de fondos o bienes del Estado, deba garantizar obligatoriamente el correcto cumplimiento de sus deberes. ¿Cómo se materializa esta garantía? A través del deber de rendir una caución.¹

La caución funciona en la práctica como un "seguro de fidelidad funcionaria". La ley establece que esta garantía debe enterarse de forma previa a la asunción del cargo y puede consistir en depósitos de dinero a la orden del Contralor, hipotecas, prendas sobre bonos de deuda pública o, lo que es más habitual en la actualidad, pólizas de seguro o fianzas de responsabilidad personal contratadas con instituciones financieras.² Si la jefatura permite que un funcionario maneje dineros sin haber rendido esta caución, se hace solidariamente responsable de las pérdidas que este pueda generar.

2. La figura del "Cuentadante" y la presunción de sustracción

Toda persona que maneja bienes o dineros fiscales adquiere automáticamente una calidad jurídica especial ante la Contraloría General de la República: se convierte en un "cuentadante".³

La principal obligación del cuentadante es, lógicamente, rendir cuenta documentada y periódica de los ingresos y gastos a su cargo. La legislación es sumamente estricta en este punto, consagrando una regla que todo cajero o tesorero debe grabar a fuego: si, al ser requerido por la Contraloría, el funcionario no presenta el estado de sus cuentas debidamente documentado, la ley presumirá que ha cometido sustracción de dichos valores.⁴ Aunque en sede penal rija la presunción de inocencia, en el ámbito administrativo esta presunción legal invierte la carga probatoria, poniendo al funcionario en una posición de extrema vulnerabilidad.

3. El temido "Juicio de Cuentas" (El Reparo)

Cuando el cuentadante rinde su cuenta, la División de Auditoría de la Contraloría la examina minuciosamente. Si se detecta que faltan fondos, que existen gastos sin respaldo documental (boletas o facturas válidas), o que los pagos se hicieron al margen de la ley, el examinador formulará un "reparo".

Este reparo equivale a una demanda que da inicio formal al Juicio de Cuentas. A diferencia de un sumario (que busca castigar faltas disciplinarias), el Juicio de Cuentas tiene una naturaleza civil-patrimonial y se tramita ante un tribunal especial (el Juzgado de Cuentas de la Contraloría). Su único objetivo es determinar la responsabilidad civil del funcionario por el daño causado a las arcas fiscales y lograr que el Estado recupere el dinero perdido.⁵ En este juicio, el funcionario deberá defenderse, contestar el reparo y aportar todas las pruebas necesarias para demostrar que los fondos fueron correctamente invertidos.⁶

4. El riesgo patrimonial: Pagando con el propio bolsillo

El mayor peligro del Juicio de Cuentas es su resultado. Si la sentencia definitiva resulta condenatoria, el funcionario es obligado a restituir personalmente la cantidad de dinero objetada, más los reajustes e intereses correspondientes.

Si el cuentadante vencido en el juicio no restituye el dinero dentro del plazo de 30 días, se expone a consecuencias devastadoras: será suspendido de su cargo y, si la deuda persiste por dos meses más, será separado definitivamente del servicio. Además, el Contralor General está facultado para ordenar que se descuente directamente hasta el 50% de las remuneraciones mensuales, desahucios o pensiones del trabajador, sin perjuicio de que el Consejo de Defensa del Estado inicie juicios ejecutivos para embargar sus bienes particulares (casas, vehículos, cuentas bancarias).⁷

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Notas y Referencias

1. Sobre la exigencia legal y doctrinaria de rendir caución previa para asegurar el correcto cumplimiento en la administración de fondos públicos, véase: Bermúdez Soto, Jorge. Derecho Administrativo General, 2ª edición, Editorial Abeledo Perrot / LegalPublishing, Santiago, 2010, p. 507.

2. Sobre las modalidades estatutarias y legales que puede adoptar la caución (depósitos, hipotecas, prendas o pólizas de seguro de fidelidad), consúltese: Bermúdez Soto, Jorge, ob. cit., pp. 507-508.

3. Sobre el concepto orgánico de "cuentadante" y la obligación ineludible de rendir cuenta comprobada a la Contraloría General de la República, véase: Bermúdez Soto, Jorge, ob. cit., p. 507.

4. Sobre la grave presunción legal de sustracción de valores ante la falta de presentación documentada de la cuenta, derivada del artículo 85 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República (LOCGR), consúltese el análisis en: Bermúdez Soto, Jorge, ob. cit., pp. 507-508.

5. Sobre la naturaleza eminentemente civil-patrimonial del Juicio de Cuentas, cuyo objetivo es resarcir los daños causados a la Hacienda Pública ante irregularidades dolosas o culposas, véase la doctrina de: Cordero Vega, Luis. El Control de la Administración del Estado, LexisNexis, Santiago, 2007, p. 91.

6. Sobre el procedimiento contencioso-administrativo especial del Juicio de Cuentas, su etapa inicial mediante la formulación del "reparo" (que hace las veces de demanda) y la competencia del Subcontralor como juez de primera instancia, el fundamento se extrae de: Bermúdez Soto, Jorge, ob. cit., pp. 509-510.

7. Sobre las severas consecuencias ejecutivas de la sentencia condenatoria, incluyendo la obligación perentoria de restitución personal, la facultad del órgano contralor de descontar hasta el 50% de las remuneraciones y la eventual destitución, véase la sistematización de la LOCGR en: Bermúdez Soto, Jorge, ob. cit., p. 511.