Fundamentación de la desvinculación de funcionarios a contrata con confianza legítima en la jurisprudencia chilena

El estándar de motivación, las causales admisibles y las vías de impugnación en la jurisprudencia revisada de la Corte Suprema.

La respuesta breve: después de cinco años, no basta explicar que el servicio ya no necesita a la persona

Cuando una persona a contrata ya reúne el umbral de cinco años de desempeño que la Corte Suprema ha asociado a la confianza legítima, la Administración no puede justificar su desvinculación —sea por término anticipado o por no renovación— con una fórmula de gestión como “necesidades del servicio”, “reorganización”, “cambio de objetivos” o “pérdida de confianza” de la nueva autoridad. En la doctrina desarrollada por la Tercera Sala en los fallos revisados, la protección exige que el cese se encauce por una calificación anual deficiente o por un sumario administrativo legalmente tramitado que concluya en una sanción pertinente. La exigencia no es meramente formal: compromete la existencia de una causal jurídicamente apta, hechos verificables y un procedimiento que permita defenderse.¹

La confianza legítima tampoco transforma, por sí sola, el empleo a contrata en un cargo de planta ni elimina la regla de temporalidad del vínculo. El punto de partida sigue siendo el artículo 10 de la Ley N° 18.834: los empleos a contrata duran, como máximo, hasta el 31 de diciembre. Lo que cambia, una vez configurada la confianza legítima, es el margen de decisión de la Administración para apartarse de la continuidad que sus renovaciones sucesivas hicieron razonablemente esperable.²

La distinción decisiva: no renovar al vencimiento y terminar antes de tiempo

La Corte Suprema separa dos situaciones. La primera es la no renovación al finalizar la anualidad. Si la persona no alcanza cinco años de contratas anuales, la Corte ha dicho que el vínculo concluye por el solo ministerio de la ley y que, en principio, la Administración no requiere dictar un acto especial para no extenderlo al año siguiente. La segunda es el término anticipado: si la designación contiene la cláusula “mientras sus servicios sean necesarios”, la Administración puede poner fin antes del 31 de diciembre, pero debe hacerlo mediante un acto fundado.³

Para quien ya supera el umbral temporal, la distinción pierde importancia práctica. La Corte ha sostenido que, configurada la confianza legítima, tanto la no renovación como el término anticipado quedan sometidos a la misma restricción: la Administración no puede sustituir las vías de calificación o de sumario por una invocación de necesidades institucionales. En Asenjo/Fuerza Aérea de Chile, Rol N° 195.323-2023, 14 de noviembre de 2023, y en Sabag/Superintendencia de Casinos de Juego, Rol N° 11.612-2024, 21 de agosto de 2024, la Corte acogió la protección y ordenó mantener vigente la contrata mientras no concluyera por calificación deficiente o por sanción impuesta en un sumario legalmente tramitado.⁴

¿Fundamentación formal o fundamentación sustancial? Ambas, y no son intercambiables

La dimensión formal obliga a exteriorizar en el propio acto los hechos y fundamentos jurídicos de la decisión. Los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 exigen motivación en los actos que afectan derechos o intereses legítimos y en la resolución final. Por eso, la frase “mientras sus servicios sean necesarios” no es una cláusula de libre remoción: habilita un término anticipado, pero no releva a la Administración de explicar por qué los servicios dejaron de ser requeridos.⁵

La dimensión sustancial es más exigente. En Chávez/Cataldo, Rol N° 102.790-2023, 31 de agosto de 2023, la Corte precisó que el término anticipado es excepcional y debe apoyarse en una causal legal, en supuestos fácticos acreditados por la autoridad y en antecedentes objetivos que demuestren que los servicios ya no son necesarios. Además, la autoridad debe mostrar que ejerció su potestad para el fin público que la justifica y de manera proporcional. No basta, entonces, una resolución formalmente extensa si ella sólo contiene etiquetas, afirmaciones genéricas o conclusiones sin respaldo objetivo.⁶

Esta diferencia explica por qué una fundamentación puede fracasar aun cuando el funcionario no haya llegado a los cinco años. La Corte no exige confianza legítima para controlar la juridicidad de un término anticipado: exige que la causal invocada sea real, jurídicamente procedente y demostrable. En Chávez, la Subsecretaría de Educación invocó cambio de estrategias, objetivos institucionales, eficiencia del gasto y una supuesta relación de exclusiva confianza; la Corte concluyó que la motivación descansaba en un supuesto inexistente, porque la actora no servía un cargo de exclusiva confianza definido por la ley.⁷

Fundamentos que la Corte ha rechazado y fundamentos que dejan un margen posible

En la muestra revisada, la Corte Suprema no validó, respecto de una persona ya protegida por confianza legítima, una desvinculación basada únicamente en que se eliminó un área, que los servicios dejaron de ser necesarios, que la persona recibe una pensión o que perdió la confianza de las nuevas autoridades. En Asenjo, incluso la eliminación del área y la percepción de una pensión de retiro no desplazaron el dato decisivo: el vínculo superaba ampliamente los cinco años y no existía calificación deficiente ni sanción derivada de un sumario.⁸

La “pérdida de confianza” tiene, además, un límite propio. No basta que una jefatura describa tareas estratégicas, directivas o cercanas a la autoridad. La calidad de exclusiva confianza requiere una base constitucional o legal; no nace de la relevancia práctica de las funciones ni de la voluntad de la autoridad. Esa fue la razón por la que la Corte descartó dicha justificación en los casos Chávez y Valladares/Ministerio de Salud, Rol N° 39.059-2023, 1 de agosto de 2023.⁹

¿Qué queda, entonces, como fundamento aceptable? Para una contrata protegida por confianza legítima, las sentencias revisadas identifican dos vías: una calificación anual que permita el cese o un sumario administrativo legalmente tramitado que derive en la sanción correspondiente. No se trata de dos expresiones que puedan agregarse retrospectivamente a una resolución de desvinculación: suponen procedimientos previos, antecedentes objetivos y una decisión adoptada dentro de la competencia y de las formas previstas por el régimen estatutario. Para una contrata inferior a cinco años, en cambio, la no renovación al vencimiento anual conserva el régimen ordinario; pero un término anticipado sigue requiriendo causal legal, motivación y prueba de hechos objetivos.¹⁰

¿Se puede impugnar mediante recurso de protección?

Sí. El artículo 20 de la Constitución Política permite recurrir ante la Corte de Apelaciones frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte las garantías que la disposición enumera. En los casos revisados, el recurso de protección fue la vía utilizada para cuestionar actos de término anticipado o de no renovación: la Corte Suprema ha dejado sin efecto la resolución impugnada, ha ordenado el pago de remuneraciones hasta el término natural de la anualidad cuando no existía confianza legítima, y ha dispuesto la mantención de la contrata y el pago de emolumentos cuando sí se configuraba esa protección.¹¹

La intensidad de la tutela depende de la situación concreta. Si el término anticipado es ilegal, pero el vínculo no llega a cinco años, la reparación observada en Chávez y Valladares fue el pago de remuneraciones y cotizaciones hasta el 31 de diciembre de la anualidad respectiva. En cambio, cuando había más de cinco años, Asenjo y Sabag ordenaron mantener la contrata para los períodos siguientes, mientras no concurriera una calificación deficiente o una sanción disciplinaria obtenida en un sumario legalmente tramitado.¹²

¿Y una acción laboral?

También puede existir una vía ante un tribunal laboral, pero no como regla automática ni necesariamente mediante la acción de despido injustificado del Código del Trabajo. La primera pregunta es cuál es el estatuto especial aplicable. El artículo 1 del Código del Trabajo excluye, en principio, a quienes se rigen por estatutos especiales y sólo permite aplicación supletoria en materias no reguladas y que no sean incompatibles con aquel régimen. Por ello, la vía, la pretensión y el plazo deben buscarse primero en el estatuto que regula al personal de que se trate.¹³

La sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, RIT O-467-2020, Castillo Astudillo/Corporación Municipal de San Miguel, 29 de marzo de 2021 muestra la importancia de esta distinción en el ámbito docente municipal. El tribunal sostuvo que el vínculo era estatutario y que el artículo 75 de la Ley N° 19.070 permitía reclamar el cese ante el tribunal laboral dentro de sesenta días desde su notificación, solicitando reincorporación. Como la demanda se presentó fuera de ese plazo, declaró la caducidad de la pretensión fundada en confianza legítima; además, rechazó la acción subsidiaria de despido injustificado regida por el Código del Trabajo, pues el Estatuto Docente ya regulaba la contratación y el término de esa relación.¹⁴

La conclusión práctica es que la acción laboral puede ser procedente cuando el estatuto especial entrega competencia al juzgado laboral, como ocurre en el ejemplo docente, pero no debe asumirse que la confianza legítima convierte una relación estatutaria en un contrato laboral indefinido. La acción correcta depende del órgano empleador, del estatuto aplicable, de la naturaleza del acto —no renovación o término anticipado— y de los plazos especiales de reclamación.¹⁵

Una regla operativa para la Administración y para la defensa judicial

Si la persona ha cumplido cinco años de contratas sucesivas, la Administración debería partir por preguntarse si dispone de una calificación anual suficiente o de un procedimiento disciplinario legalmente tramitado que permita el cese. Si no cuenta con ello, una resolución que sólo invoque “necesidades del servicio”, “reorganización” o “pérdida de confianza” queda expuesta a ser calificada de ilegal o arbitraria en sede de protección. Si la contrata no llega a cinco años, la no renovación anual tiene un margen mayor; sin embargo, el término antes de la fecha de expiración sigue siendo un acto excepcional que debe explicar, acreditar y justificar objetivamente su causa.¹⁶

Precisión metodológica. Esta entrada se funda en sentencias de la Corte Suprema dictadas entre 2023 y 2024 y en una sentencia laboral de primera instancia específicamente recuperadas para este análisis. No pretende afirmar una tendencia posterior a esa muestra. En Valladares y Pacheco/Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Rol N° 47.617-2023, 30 de junio de 2023, existe una prevención del Ministro Sergio Muñoz; no se la utiliza como fundamento de las conclusiones anteriores, que se construyen sobre los considerandos decisorios y la parte resolutiva de cada sentencia.¹⁷

Notas

1. Corte Suprema, Tercera Sala, Asenjo/Fuerza Aérea de Chile, Rol N° 195.323-2023, 14 de noviembre de 2023. Texto de respaldo: “Así, es la determinación del elemento temporal el que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinará las exigencias que puedan imponerse para terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, aquella sólo puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita.”

2. Ley N° 18.834, artículo 10; Corte Suprema, Tercera Sala, Chávez/Cataldo, Rol N° 102.790-2023, 31 de agosto de 2023, considerando tercero. Texto de respaldo: “Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley.”

3. Corte Suprema, Tercera Sala, Chávez/Cataldo, Rol N° 102.790-2023, 31 de agosto de 2023, considerandos séptimo y octavo. Textos de respaldo: “Es así, como en una primera aproximación, se puede concluir que en el ejercicio de la facultad que implica la decisión de no renovar el vínculo estatutario, la Administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, prescindiendo de los servicios para los cuales la persona fue contratada, por, en definitiva, no ser necesarios sus servicios, dado que estos concluyen de pleno derecho al 31 de diciembre de cada año.” “Que, por otra parte, en el ejercicio de tal facultad de poner término anticipado a la contrata, el análisis debe ser más riguroso, toda vez que ella encierra el ejercicio de una facultad de carácter excepcional, por lo que debe sustentarse siempre, sin excepción, en motivos legales que permitan ejercerla, vinculados a supuestos fácticos debidamente acreditados por la autoridad, los que siempre deben relacionarse con aspectos objetivos que determinen que los servicios, desde una perspectiva objetiva, no son necesarios, alejándose de cuestiones puramente subjetivas, puesto que en este caso la persona tiene el legítimo derecho a culminar el periodo para el cual fueron requeridos sus servicios.”

4. Corte Suprema, Tercera Sala, Asenjo/Fuerza Aérea de Chile, Rol N° 195.323-2023, 14 de noviembre de 2023, parte resolutiva; Corte Suprema, Tercera Sala, Sabag/Superintendencia de Casinos de Juego, Rol N° 11.612-2024, 21 de agosto de 2024, parte resolutiva. Textos de respaldo: “Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, y en su lugar se acoge el recurso de protección debiendo mantener, la recurrida, vigente la contrata de Edmundo Asenjo Hidalgo para el año 2023 y siguientes, permaneciendo en el cargo en tanto no concluya por calificación deficiente o sanción adoptada en un sumario administrativo legalmente tramitado y debiendo pagarse todas las remuneraciones devengadas mientras el recurrente haya permanecido separado del servicio.” “Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de fecha once de marzo de dos mil veinticuatro, y en su lugar se acoge el recurso de protección debiendo mantener vigente su contrata para el año 2024 y siguientes, permaneciendo en el cargo en tanto no concluya por calificación deficiente o sanción adoptada en un sumario administrativo legalmente tramitado.”

5. Ley N° 19.880, artículos 11 y 41; Corte Suprema, Tercera Sala, Chávez/Cataldo, Rol N° 102.790-2023, 31 de agosto de 2023, considerandos tercero y cuarto. Textos de respaldo: “Por otra parte, la determinación que la persona nombrada prestará sus labores ‘mientras sus servicios sean necesarios’, entrega a la Administración la facultad de poner término a tales prestaciones con anterioridad al cumplimiento del plazo establecido, pero de manera fundada, expresando los motivos por los cuales ya no son requeridos.” “En este sentido, el término anticipado de la contrata, como cualquier acto administrativo debe satisfacer los estándares de motivación, pues a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la Administración a dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad.”

6. Corte Suprema, Tercera Sala, Chávez/Cataldo, Rol N° 102.790-2023, 31 de agosto de 2023, considerando quinto. Texto de respaldo: “Es decir, es el órgano público recurrido quien debe no sólo debe señalar que existe una norma que le entregue la facultad, sino que además debe acreditar la existencia del supuesto fáctico que le permite sustentar la decisión, además de probar que aquella fue ejercida para los fines públicos para los cuales fue conferida, demostrando la racionalidad del acto administrativo en cuestión.”

7. Corte Suprema, Tercera Sala, Chávez/Cataldo, Rol N° 102.790-2023, 31 de agosto de 2023, considerandos décimo octavo y décimo noveno. Textos de respaldo: “Lo anterior deja en evidencia que no fue contratada como funcionaria de exclusiva confianza, toda vez que no fue designada para ejercer una labor que pueda ser encasillada en algunos de los casos señalados en el artículo 7° del DFL N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, debiendo recordar que la autoridad debe regirse por el principio de juridicidad.” “Que, en las condiciones descritas, el acto impugnado carece del estándar de fundamentación establecido en el artículo 11 y 41 de la Ley N° 19.880, puesto que se basa en un supuesto de hecho inexistente, esto es que la actora era una funcionaria de confianza.”

8. Corte Suprema, Tercera Sala, Asenjo/Fuerza Aérea de Chile, Rol N° 195.323-2023, 14 de noviembre de 2023, considerandos noveno y décimo. Textos de respaldo: “Tal modalidad de vinculación fue prorrogada anualmente, superando con creces las cinco renovaciones, configurándose, en consecuencia, la confianza legítima de que se renovaría su vínculo para el periodo siguiente, sin que la circunstancia de percibir una pensión de retiro constituya un óbice para entender configurada la misma, toda vez que la extensión que alcanzó aquélla permite presumir la relevancia del referido empleo en la vida laboral del recurrente.” “Que, como se observa, la autoridad administrativa no expresó las razones que determinaron la decisión de no renovar el vínculo estatutario, como tampoco acreditó una calificación deficiente o sanción adoptada en un sumario administrativo legalmente tramitado respecto del funcionario recurrente, lo que torna en ilegal y/o arbitraria su determinación.”

9. Corte Suprema, Tercera Sala, Valladares/Ministerio de Salud, Rol N° 39.059-2023, 1 de agosto de 2023, considerandos décimo séptimo a décimo noveno. Textos de respaldo: “El carácter de exclusiva confianza de un cargo público, no puede colegirse del grado o de la relevancia de las labores desarrolladas por el funcionario de que se trate, como tampoco de la circunstancia de habérsele delegado y/o encomendado funciones de Jefe de Servicio, sino de lo que disponga al respecto la ley que regula al servicio público de que se trate en relación con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 18.834.” “Que en las condiciones descritas el acto impugnado carece del estándar de fundamentación establecido en el artículo 11 y 41 de la Ley N° 19.880, puesto que se basa en un supuesto de hecho inexistente, esto es que el actor era un funcionario de confianza.”

10. Corte Suprema, Tercera Sala, Lagos/Departamento Beneficios Económicos, Remuneraciones y Registro de Datos del Personal, Rol N° 231.158-2023, 27 de marzo de 2024, considerandos segundo, tercero y sexto; Corte Suprema, Tercera Sala, Pacheco/Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Rol N° 47.617-2023, 30 de junio de 2023, considerando octavo. Textos de respaldo: “En cambio, en el caso de que la persona se encuentre protegida por el principio de confianza legítima, la Administración sólo puede poner término al vínculo estatutario, como se dijo, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo.” “Que, como se observa, la autoridad administrativa puso término anticipado a la contrata sin acreditar una calificación deficiente o sanción adoptada en un sumario administrativo legalmente tramitado respecto de la funcionaria recurrente, lo que torna en ilegal y/o arbitraria su determinación.” “Que, por otra parte, en el ejercicio de tal facultad de poner término anticipado a la contrata, el análisis debe ser más riguroso, toda vez que ella encierra el ejercicio de una facultad de carácter excepcional, por lo que debe sustentarse siempre, sin excepción, en motivos legales que permitan ejercerla, vinculados a supuestos fácticos debidamente acreditados por la autoridad.”

11. Constitución Política de la República, artículo 20; Corte Suprema, Tercera Sala, Chávez/Cataldo, Rol N° 102.790-2023, 31 de agosto de 2023, parte resolutiva. Texto de respaldo: “Por estas consideraciones, y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de once de mayo de dos mil veintitrés y, en su lugar, se acoge el recurso de protección, por lo que se deja sin efecto la Resolución Exenta RA N° 292/445/2022, de fecha 27 de mayo de 2022, de la Subsecretaría de Educación, debiendo proceder la autoridad recurrida, en consecuencia, a pagar a la actora la totalidad de sus remuneraciones y cotizaciones devengadas a su favor mientras duró la separación de los servicios y hasta el día 31 de diciembre de 2022.”

12. Corte Suprema, Tercera Sala, Valladares/Ministerio de Salud, Rol N° 39.059-2023, 1 de agosto de 2023, considerando vigésimo primero; Corte Suprema, Tercera Sala, Sabag/Superintendencia de Casinos de Juego, Rol N° 11.612-2024, 21 de agosto de 2024, parte resolutiva. Textos de respaldo: “Que, atendido lo razonado, la presente acción cautelar debe ser acogida, para el solo efecto de pagar las remuneraciones devengadas hasta el término natural de la última prórroga de la contrata.” “Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de fecha once de marzo de dos mil veinticuatro, y en su lugar se acoge el recurso de protección debiendo mantener vigente su contrata para el año 2024 y siguientes.”

13. Código del Trabajo, artículo 1; Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, Castillo Astudillo/Corporación Municipal de San Miguel, RIT O-467-2020, 29 de marzo de 2021, considerando octavo. Texto de respaldo: “Por su parte, el artículo 71 del referido texto normativo dispone que: Los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias.”

14. Ley N° 19.070, artículo 75; Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, Castillo Astudillo/Corporación Municipal de San Miguel, RIT O-467-2020, 29 de marzo de 2021, considerandos noveno, décimo, décimo tercero y parte resolutiva. Textos de respaldo: “A su turno, el artículo 75 del Estatuto Docente dispone que si el profesional de la educación estima que la Municipalidad o Corporación, según corresponda, no observó en su caso las condiciones y requisitos que señalan las causales de término de la relación laboral establecidas en la presente ley, incurriendo por tanto en una ilegalidad, podrá reclamar por tal motivo ante el tribunal de trabajo competente, dentro de un plazo de 60 días contado desde la notificación del cese que le afecta y solicitar la reincorporación en sus funciones.” “En vista de lo anterior se acogerá la excepción de caducidad en relación a la acción de despido injustificado por vulneración de la legítima confianza en relación a la relación estatutaria interpuesta por la demandada.” “Que al estar claramente reglamentado y según ya se ha indicado, no resulta procedente aplicar en la especie de manera supletoria del Código del Trabajo.”

15. Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, Castillo Astudillo/Corporación Municipal de San Miguel, RIT O-467-2020, 29 de marzo de 2021, considerando décimo cuarto. Texto de respaldo: “Por lo anterior, y no existiendo en dicho cuerpo normativo la posibilidad de condenar a la demandada al pago de las indemnizaciones y demás recargos reclamados por el actor en su demanda, solo procede desestimar la acción de despido injustificado reclamado de manera supletoria por el actor en la forma que se indicará en lo resolutivo de esta sentencia.”

16. Corte Suprema, Tercera Sala, Chávez/Cataldo, Rol N° 102.790-2023, 31 de agosto de 2023, considerando undécimo; Corte Suprema, Tercera Sala, Lagos/Departamento Beneficios Económicos, Remuneraciones y Registro de Datos del Personal, Rol N° 231.158-2023, 27 de marzo de 2024, considerando sexto. Textos de respaldo: “En cambio, en el caso de que la persona se encuentre protegida por el principio de confianza legítima, la Administración sólo puede poner término al vínculo estatutario, como se dijo, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo, por lo que, en este caso, carece de toda relevancia hacer un distingo entre término anticipado y no renovación del contrato.” “Que, como se observa, la autoridad administrativa puso término anticipado a la contrata sin acreditar una calificación deficiente o sanción adoptada en un sumario administrativo legalmente tramitado respecto de la funcionaria recurrente, lo que torna en ilegal y/o arbitraria su determinación.”

17. Corte Suprema, Tercera Sala, Valladares/Ministerio de Salud, Rol N° 39.059-2023, 1 de agosto de 2023, prevención; Corte Suprema, Tercera Sala, Pacheco/Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Rol N° 47.617-2023, 30 de junio de 2023, prevención. Texto de respaldo: “Se previene que el Ministro señor Muñoz no comparte lo referido en el fundamento décimo octavo”. Esta frase abre una prevención posterior a la parte resolutiva en ambos fallos; por ello, no se utiliza como doctrina decisoria de la Corte en esta entrada.