Introducción
En Chile, al igual que en muchos otros países, la Constitución Política de la República establece mecanismos para afrontar situaciones extraordinarias que pongan en grave riesgo el orden público, la seguridad nacional o la vida de las personas. Estos mecanismos, conocidos como estados de excepción constitucional (EEC), permiten al Presidente de la República, bajo ciertas condiciones y con la participación del Congreso Nacional en algunos casos, restringir temporalmente algunos derechos fundamentales con el fin de proteger el bien común y restablecer la normalidad. (1)
Es importante destacar que la actual Constitución Política de Chile, promulgada en 1980 bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, ha sido objeto de críticas por su legado autoritario y su impacto en el sistema de estados de excepción. En particular, se ha cuestionado la amplitud de las facultades presidenciales durante los estados de excepción y la falta de control efectivo por parte del Congreso y los tribunales de justicia. (2)
Este informe tiene como objetivo explicar detalladamente los estados de excepción constitucional en Chile, abordando sus características, sus implicancias para los derechos fundamentales, los mecanismos de control y el debate actual en torno a su aplicación, considerando el contexto histórico y el proceso de reforma constitucional en curso.
Tipos de estados de excepción en Chile
La Constitución Política de la República de Chile de 1980, en sus artículos 39 al 45, establece cuatro tipos de estados de excepción: estado de asamblea, estado de sitio, estado de emergencia y estado de catástrofe. (3) Cada uno de ellos se aplica en situaciones específicas y conlleva diferentes restricciones a los derechos fundamentales, como se resume en la siguiente tabla:
Tipo de estado de excepción | Causa | Autoridad | Limitaciones a los derechos | Duración |
Estado de Asamblea | Guerra externa | Presidente con acuerdo del Congreso | Libertad personal, de reunión, de trabajo, inviolabilidad de la correspondencia, derecho de propiedad. Además, puede afectar la libertad de expresión y el derecho a la información. | Depende de la extensión de la guerra |
Estado de Sitio | Guerra interna o grave conmoción interior | Presidente con acuerdo del Congreso | Libertad de locomoción, derecho de reunión. Se permite la detención en domicilios o lugares no destinados a la reclusión. Puede restringir el derecho a la libertad de movimiento y residencia. | 15 días, prorrogable a solicitud del Presidente |
Estado de Emergencia | Grave alteración del orden público o grave daño a la seguridad nacional | Presidente | Libertad de locomoción, derecho de reunión. Puede afectar el derecho a la libertad personal y la protección contra la detención arbitraria. | 15 días, prorrogable por 15 días más. Prórrogas adicionales requieren acuerdo del Congreso. |
Estado de Catástrofe | Calamidad pública | Presidente | Libertad de locomoción, derecho de reunión, derecho de propiedad. Se permiten medidas administrativas extraordinarias (requisiciones, control de precios, etc.). Puede limitar derechos como la inviolabilidad del hogar, la libertad de trabajo y la libertad de elegir profesión. | 90 días, prorrogable por el Presidente. Con acuerdo del Congreso, puede durar más de un año. |
Estado de Asamblea
El estado de asamblea se declara en caso de guerra externa, con el objetivo de proteger la seguridad nacional y la defensa del país frente a una agresión extranjera. (4) Solo puede ser decretado por el Presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional. Su duración está ligada a la extensión del conflicto bélico.
Durante el estado de asamblea, el Presidente puede restringir o suspender derechos como la libertad personal, la libertad de reunión, la libertad de trabajo, la inviolabilidad de la correspondencia y el derecho de propiedad. Además, este estado de excepción puede afectar la libertad de expresión y el derecho a la información, lo que puede tener implicaciones significativas para el debate público y el acceso a la información durante un conflicto bélico. (5)
Estado de Sitio
El estado de sitio se declara en caso de guerra interna o grave conmoción interior que amenace la seguridad nacional. Su objetivo es restablecer el orden público y la seguridad interior frente a amenazas internas. Al igual que el estado de asamblea, solo puede ser decretado por el Presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional.
Durante el estado de sitio, el Presidente puede restringir la libertad de locomoción y el derecho de reunión. Además, se autoriza la detención de personas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles públicas. Este estado de excepción también puede restringir el derecho a la libertad de movimiento y residencia, lo que podría tener implicaciones para la libre circulación de las personas dentro del territorio nacional. La duración inicial del estado de sitio es de 15 días, prorrogable a solicitud del Presidente. (6)
Estado de Emergencia
El estado de emergencia se declara en caso de grave alteración del orden público o de grave daño a la seguridad de la Nación, sea que provenga de fuerzas internas o externas. Su objetivo es proteger el orden público y la seguridad nacional frente a amenazas que no alcancen la gravedad de una guerra interna o conmoción interior. A diferencia de los dos estados anteriores, el estado de emergencia puede ser decretado directamente por el Presidente de la República, sin necesidad de acuerdo previo del Congreso Nacional.
Durante el estado de emergencia, el Presidente puede restringir la libertad de locomoción y el derecho de reunión. Este estado de excepción puede afectar el derecho a la libertad personal y la protección contra la detención arbitraria, lo que genera preocupaciones sobre posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad. La duración inicial del estado de emergencia es de 15 días, prorrogable por otros 15 días. Cualquier prórroga adicional requiere el acuerdo del Congreso Nacional. (7)
Estado de Catástrofe
El estado de catástrofe se declara en caso de calamidad pública, como terremotos, inundaciones, incendios forestales o pandemias. (8) Su objetivo es proteger la vida e integridad física de las personas, así como sus bienes, frente a desastres naturales o emergencias sanitarias. Puede ser decretado por el Presidente de la República para todo el país o para una zona específica.
Durante el estado de catástrofe, el Presidente puede restringir la libertad de locomoción, el derecho de reunión y el derecho de propiedad. Además, puede adoptar medidas administrativas extraordinarias para controlar la calamidad, como requisiciones de bienes, control de precios y racionamiento. Este estado de excepción puede limitar derechos como la inviolabilidad del hogar, la libertad de trabajo y la libertad de elegir profesión, lo que puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana de las personas. La duración inicial del estado de catástrofe es de 90 días, prorrogable por el Presidente. Con acuerdo del Congreso, el estado de catástrofe puede extenderse por más de un año. (9)
Limitaciones a los derechos fundamentales durante los estados de excepción
Es crucial destacar que la Constitución de 1980, creada durante la dictadura militar, establece un marco para los estados de excepción que ha sido criticado por su potencial para restringir derechos fundamentales. Si bien las restricciones a los derechos durante los estados de excepción deben ser proporcionales a la gravedad de la situación y limitadas en el tiempo, la experiencia histórica de Chile demuestra la necesidad de un control riguroso para prevenir abusos. (10)
La tensión entre la necesidad de proteger la seguridad nacional y la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales es un tema central en el debate sobre los estados de excepción. Encontrar el equilibrio adecuado entre estas dos prioridades es un desafío constante para el sistema democrático chileno. (11)
Control de los estados de excepción
El Congreso Nacional juega un papel fundamental en el control de los estados de excepción. En los casos del estado de asamblea y estado de sitio, el Congreso debe aprobar su declaración. En el caso del estado de emergencia, el Congreso puede rechazar la prórroga solicitada por el Presidente. En el caso del estado de catástrofe, el Congreso puede poner término al estado de excepción si considera que las circunstancias que lo motivaron han cesado. (12)
Además del control político ejercido por el Congreso, la Constitución establece que cualquier persona puede recurrir a los tribunales de justicia para reclamar la protección de sus derechos fundamentales durante los estados de excepción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, según la Constitución, los tribunales pueden revisar la legalidad de las medidas adoptadas durante los estados de excepción, pero no pueden revisar la declaración del estado de excepción en sí misma. Esto limita la capacidad de los tribunales para controlar el uso de las facultades presidenciales en situaciones de emergencia. (13)
El rol de la Corte Constitucional en la supervisión de los estados de excepción también es relevante (1). Si bien la Corte no puede intervenir en la declaración misma del estado de excepción, sí puede revisar la constitucionalidad de las medidas adoptadas durante su vigencia, lo que proporciona una garantía adicional para la protección de los derechos fundamentales.
Ejemplos históricos de estados de excepción en Chile
A lo largo de su historia, Chile ha vivido diversos periodos de inestabilidad política y social que han llevado a la declaración de estados de excepción. Algunos ejemplos históricos que ilustran la complejidad y los desafíos de la aplicación de los estados de excepción en Chile son:
Golpe de Estado de 1973: Tras el golpe militar que derrocó al Presidente Salvador Allende, se declaró estado de sitio en todo el país (13). Este estado de excepción se mantuvo durante gran parte de la dictadura militar, con graves consecuencias para los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas. Este periodo oscuro de la historia chilena demuestra los riesgos de un uso excesivo y sin control de los estados de excepción, que pueden ser utilizados para suprimir la oposición política y consolidar un régimen autoritario.
Crisis económica de 1982-1983: Durante la crisis económica que afectó a Chile en la década de 1980, se declaró estado de emergencia en varias ocasiones para controlar las protestas sociales (14). Este ejemplo muestra cómo los estados de excepción pueden ser utilizados para responder a crisis económicas y sociales, pero también plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas y su impacto en los derechos de los ciudadanos.
Saqueos en octubre de 2019: Ante las masivas destrucciones de propiedad pública y privada que se iniciaron en octubre de 2019, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera declaró estado de emergencia en varias regiones del país (6). Este caso ilustra la tensión entre el mantenimiento del orden público y la protección del derecho a la protesta social, y pone de manifiesto la necesidad de un uso responsable y proporcionado de los estados de excepción en contextos de conflictividad social.
Pandemia de COVID-19: En marzo de 2020, el gobierno declaró estado de catástrofe para enfrentar la pandemia de COVID-19 (7). Este estado de excepción permitió la implementación de medidas como cuarentenas, toques de queda y restricciones a la movilidad, que tuvieron un impacto significativo en la vida social y económica del país. La gestión de la pandemia bajo el estado de catástrofe generó un debate sobre la necesidad de equilibrar las medidas sanitarias con la protección de los derechos fundamentales y las libertades individuales.
Apagón eléctrico de 2025: En febrero de 2025, un masivo apagón eléctrico que afectó a gran parte del país llevó al gobierno a declarar estado de emergencia (15). Este ejemplo muestra cómo los estados de excepción pueden ser utilizados para responder a emergencias imprevistas que afectan infraestructuras críticas y servicios básicos, y destaca la importancia de una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades.
Debate actual sobre los estados de excepción en Chile
La aplicación de los estados de excepción en Chile ha generado un intenso debate en los últimos años, especialmente a raíz del estallido social de 2019 y la pandemia de COVID-19. Algunas de las principales críticas se centran en:
Amplitud de las facultades presidenciales: Se argumenta que la Constitución otorga al Presidente facultades excesivamente amplias durante los estados de excepción, lo que podría poner en riesgo el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos fundamentales (11). Esta crítica se basa en la historia de Chile, donde los estados de excepción han sido utilizados en el pasado para reprimir la disidencia y consolidar regímenes autoritarios.
Falta de control efectivo: Se cuestiona la efectividad del control político y judicial sobre las medidas adoptadas durante los estados de excepción (11). Se argumenta que el Congreso Nacional no siempre ejerce un control suficiente sobre las decisiones del Presidente, y que los tribunales de justicia tienen una capacidad limitada para revisar la legalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.
Uso excesivo de los estados de excepción: Se critica la tendencia a recurrir a los estados de excepción como una respuesta habitual a problemas de orden público, lo que podría normalizar la restricción de derechos (11). Se teme que la recurrencia a los estados de excepción pueda erosionar las garantías constitucionales y generar una cultura de restricción de las libertades civiles.
Militarización de la seguridad pública: Se cuestiona la participación de las Fuerzas Armadas en la gestión de los estados de excepción, especialmente en situaciones de alteración del orden público (11). Se argumenta que la intervención militar en la seguridad ciudadana puede generar abusos y violaciones a los derechos humanos, y que es necesario priorizar la intervención de las fuerzas policiales civiles, que están mejor preparadas para gestionar situaciones de conflictividad social con respeto a los derechos humanos.
Normalización de la excepción: El uso frecuente de los estados de excepción puede llevar a su "normalización", es decir, a que se conviertan en una respuesta rutinaria a las crisis, lo que podría socavar los derechos constitucionales y debilitar el Estado de derecho (1).
Impacto en grupos específicos: Los estados de excepción pueden tener un impacto desproporcionado en ciertos grupos, como los pueblos indígenas. Por ejemplo, la declaración de un estado de emergencia en la región de la Araucanía ha generado tensiones con las comunidades mapuche, que reclaman la desmilitarización de la zona y el respeto a sus derechos (16).
Consecuencias económicas y sociales: Los estados de excepción pueden tener consecuencias negativas para la economía y la sociedad, como la restricción de la actividad económica, el aumento del desempleo y la agudización de las desigualdades sociales (11). Es fundamental considerar estas consecuencias al momento de evaluar la necesidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas.
En este contexto, se han planteado diversas propuestas de reforma constitucional para mejorar la regulación de los estados de excepción, como:
Limitar las facultades presidenciales: Se propone establecer límites más precisos a las facultades del Presidente durante los estados de excepción, con el fin de proteger los derechos fundamentales y prevenir abusos. Esto podría incluir la definición de un catálogo de derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia, y la exigencia de una mayor justificación y proporcionalidad en las medidas adoptadas.
Fortalecer el control del Congreso: Se propone aumentar las facultades del Congreso para controlar la declaración y prórroga de los estados de excepción, así como las medidas adoptadas durante su vigencia. Esto podría incluir la necesidad de una aprobación parlamentaria para la prórroga de cualquier estado de excepción, y la creación de mecanismos de supervisión más efectivos para evaluar el impacto de las medidas adoptadas en los derechos fundamentales.
Reforzar el control judicial: Se propone ampliar las facultades de los tribunales de justicia para revisar la legalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas durante los estados de excepción. Esto podría incluir la posibilidad de que los tribunales revisen la declaración misma del estado de excepción, y la facultad de suspender medidas que se consideren inconstitucionales o desproporcionadas.
Desmilitarizar la seguridad pública: Se propone limitar la participación de las Fuerzas Armadas en la gestión de los estados de excepción, priorizando la intervención de las fuerzas policiales civiles. Esto implicaría redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en el contexto de la seguridad interior, y fortalecer la capacitación y el equipamiento de las fuerzas policiales para gestionar situaciones de conflictividad social con respeto a los derechos humanos.
El actual proceso de reforma constitucional en Chile ofrece una oportunidad para abordar estas críticas y revisar las disposiciones constitucionales relacionadas con los estados de excepción (11). Es fundamental que la nueva Constitución incorpore protecciones más fuertes para los derechos humanos y establezca límites claros al uso de las facultades presidenciales en situaciones de emergencia. La incorporación de estándares internacionales de derechos humanos, como los recomendados por la Comisión Internacional de Juristas, puede contribuir a fortalecer el Estado de derecho y garantizar un uso responsable y proporcionado de los estados de excepción (11).
Conclusión
Los estados de excepción constitucional son mecanismos necesarios para afrontar situaciones extraordinarias que pongan en riesgo el orden público, la seguridad nacional o la vida de las personas. Sin embargo, su aplicación debe estar sujeta a un estricto control político y judicial para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes. El debate actual en Chile sobre los estados de excepción refleja la necesidad de reformar la Constitución para mejorar su regulación y asegurar su uso responsable y proporcionado.
La historia de Chile demuestra que los estados de excepción pueden ser utilizados tanto para proteger la seguridad como para reprimir la disidencia. Es fundamental aprender de las experiencias del pasado y construir un marco constitucional que garantice un equilibrio adecuado entre la seguridad y la libertad. El proceso de reforma constitucional en curso ofrece una oportunidad única para abordar los desafíos y las críticas que se han planteado en relación con los estados de excepción, y para consolidar un sistema democrático que respete los derechos fundamentales en todo momento, incluso en situaciones de emergencia.
Fuentes citadas
1. Chile and COVID-19: A Constitutional Authoritarian Temptation - Verfassungsblog, acceso: febrero 26, 2025, https://verfassungsblog.de/chile-and-covid-19-a-constitutional-authoritarian-temptation/
2. Constitución Política de la República de Chile - Cámara de Diputados, acceso: febrero 26, 2025, https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/constitucion_politica.pdf
3. tramitacion.senado.cl, acceso: febrero 26, 2025, https://tramitacion.senado.cl/appsenado/index.php?mo=transparencia&ac=doctoInformeAsesoria&id=3911
4. Freedom of Expression and the Public Debate in Chile - Human Rights Watch, acceso: febrero 26, 2025, https://www.hrw.org/legacy/reports98/chile/Chilerpt-04.htm
5. Chile 1985 - Chapter VI, acceso: febrero 26, 2025, https://www.cidh.org/countryrep/Chile85eng/chap.6.htm
6. CHILE - Amnesty International, acceso: febrero 26, 2025, https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2024/03/AMR2276672024ENGLISH.pdf
7. En lenguaje claro: ¿Qué es el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe?, acceso: febrero 26, 2025, https://www.bcn.cl/portal/api-servicios/servicio/ObtenerNoticiaPorIdNoticiaHTML?id=lenguaje-claro-que-es-el-estado-de-excepcion-constitucional-de-catastrofe
8. Estado de excepción constitucional de catástrofe: Qué implica la medida decretada por inédito apagón | Emol.com, acceso: febrero 26, 2025, https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/02/25/1158590/estado-excepcion-catastrofe-chile.html
9. ¿Qué es el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe? - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, acceso: febrero 26, 2025, https://www.bcn.cl/portal/api-servicios/servicio/ObtenerNoticiaPorIdNoticiaHTML?id=que-es-el-estado-de-excepcion-constitucional-de-catastrofe
10. State of emergency - Wikipedia, acceso: febrero 26, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_emergency
11. Chile: Government must do better to protect rights in its COVID response | ICJ, acceso: febrero 26, 2025, https://www.icj.org/resource/chile-government-must-do-better-to-protect-rights-in-its-covid-response/
12. What happens if there's an emergency in Chile? - Ecochile - Tailor-made tours , acceso: febrero 26, 2025, https://ecochile.travel/state-of-exception-chile/
13. 1973 Chilean coup d'état - Wikipedia, acceso: febrero 26, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/1973_Chilean_coup_d%27%C3%A9tat
14. History of Chile - Wikipedia, acceso: febrero 26, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Chile
15. Chile declares emergency as power outage plunges country into darkness - Al Jazeera, acceso: febrero 26, 2025, https://www.aljazeera.com/news/2025/2/26/chile-declares-state-of-emergency-as-blackout-plunges-country-into-darkness
16. Chile Country Report 2024 - BTI Transformation Index, acceso: febrero 26, 2025, https://bti-project.org/en/reports/country-report/CHL
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