I. Planteamiento y regla aplicable La vista fiscal —denominada también dictamen fiscal en el Estatuto Administrativo— es el acto conclusivo del instructor que propone una solución a la autoridad llamada a resolver. No sustituye la decisión disciplinaria del jefe superior ni transforma la propuesta del fiscal en una absolución o sanción ejecutoriada. Por ello, antes de dictar la resolución terminal, la autoridad competente puede apartarse de la proposición y disponer una reape

I. El supuesto disciplinario El uso de un computador asignado por un órgano público para desarrollar asuntos particulares plantea, al menos, dos imputaciones diferenciables: el aprovechamiento de un bien o recurso institucional para un propósito ajeno al servicio y la ocupación del tiempo de la jornada en ese mismo propósito. Ambas conductas están expresamente situadas por la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado entre las contravencio

1. Introducción: La destitución como máxima sanción y el riesgo de la arbitrariedad En el ámbito del Derecho Administrativo Disciplinario, la destitución constituye la sanción más drástica y terminal que puede enfrentar un funcionario público, pues no solo conlleva la pérdida inmediata del empleo, sino también una severa inhabilitación legal para reingresar a la Administración del Estado.¹ Frente a la imputación de una falta grave a la probidad administrativa, la potestad san

En el ejercicio diario de la función pública, es habitual que los servidores estatales y municipales deban evaluar licitaciones, otorgar permisos, cursar multas o fiscalizar actividades comerciales. Pero, ¿qué sucede si el expediente que llega a su escritorio involucra directamente a su cónyuge, a un familiar cercano o a una empresa de la cual usted fue socio? Tramitar o resolver ese asunto, incluso si se hace con la mayor rectitud e imparcialidad posible, expone al funcionar

Enfrentar un sumario administrativo es, sin duda, uno de los momentos más tensos en la carrera de cualquier funcionario público o municipal. Estar sujeto a una investigación que puede culminar en una suspensión o, en el peor de los casos, en la destitución, genera una evidente vulnerabilidad.¹ Ante este escenario, la pregunta natural es: ¿Qué ocurre si el funcionario designado para investigar (el Fiscal) o su ministro de fe (el Actuario) tienen un sesgo en contra del investig

I. Planteamiento La situación examinada concierne a una persona designada a contrata en un órgano de la Administración Central, afecto al Estatuto Administrativo, que pretende ejecutar además prestaciones a honorarios para una entidad privada o pública. No se trata de determinar si el segundo vínculo es laboral, sino de establecer si puede coexistir con el empleo estatutario y en qué condición temporal. La regla especial está en el art. 87 letra b) del DFL Nº 29, de 2004, del

Después de esta infografía, desarrollo del tema en profundidad. I. Fundamentos Dogmáticos y Constitucionales del Principio Non Reformatio in Peius El principio de la prohibición de la reformatio in peius (NRP) es una doctrina fundamental que modula el ejercicio del ius puniendi estatal, tanto en el ámbito judicial como, por extensión, en el procedimiento administrativo sancionador. Su aplicación en el ordenamiento jurídico chileno, especialmente en regímenes estatutarios espe

Después de esta infografía, desarrollo del tema en profundidad. Sección I: Introducción: El Dilema de la Prueba Ilícita en el Estado de Derecho Administrativo A. Presentación de la Tensión Fundamental El Estado de Derecho contemporáneo se construye sobre un equilibrio delicado entre el ejercicio del poder público y la salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos. Esta tensión se manifiesta con especial agudeza en el ámbito del derecho administrativo sancionador

Introducción El sumario administrativo constituye el procedimiento disciplinario formal a través del cual la Administración del Estado establece la responsabilidad de sus funcionarios por infracciones a sus deberes y obligaciones. Una vez concluido el procedimiento y aplicada la medida disciplinaria —censura, multa, suspensión del empleo o destitución¹—, el ordenamiento jurídico chileno consagra un sistema escalonado de impugnación que comprende recursos administrativos inter

I. Fundamentos: vínculo estatutario y principio de probidad La relación entre el Estado y sus funcionarios es de naturaleza legal y estatutaria, no contractual: el funcionario se incorpora a un régimen de derecho público preestablecido, objetivo e impersonal, fijado unilateralmente por el Estado. Al asumir un cargo público, la persona acepta voluntariamente este sistema, que regula de modo integral sus derechos, obligaciones y modalidades de desempeño, conforme a la Ley N° 18