Sumarios e Investigaciones Administrativas en Chile

I. Fundamentos: vínculo estatutario y principio de probidad

La relación entre el Estado y sus funcionarios es de naturaleza legal y estatutaria, no contractual: el funcionario se incorpora a un régimen de derecho público preestablecido, objetivo e impersonal, fijado unilateralmente por el Estado. Al asumir un cargo público, la persona acepta voluntariamente este sistema, que regula de modo integral sus derechos, obligaciones y modalidades de desempeño, conforme a la Ley N° 18.834, cuyo texto refundido fue fijado por el DFL N° 29/2004 del Ministerio de Hacienda.¹

El principio ordenador de este régimen es la probidad administrativa, consagrado constitucionalmente y desarrollado por el artículo 54 de la Ley N° 19.653 y por el artículo 61 letra g) de la Ley N° 18.834. La probidad no es una mera directriz ética: es una norma jurídica vinculante cuya infracción genera responsabilidad administrativa y justifica la instrucción de procedimientos disciplinarios.² Desde la Ley N° 21.643 (D.O. 15.01.2024), dichos procedimientos deben sujetarse además a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género.³

La potestad disciplinaria del Estado no emana de ningún acuerdo entre partes, sino de su facultad inherente para cautelar el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Una infracción a deberes funcionarios constituye la vulneración de una obligación de carácter público, no un incumplimiento contractual.

II. Independencia de responsabilidades: administrativa, civil y penal

Un mismo hecho puede generar tres tipos de responsabilidad autónomas e independientes: administrativa, civil y penal. El procedimiento disciplinario —sea investigación sumaria o sumario administrativo— tiene por objeto exclusivo determinar la responsabilidad administrativa y aplicar la sanción que corresponda.⁴

Esta independencia tiene consecuencias prácticas de primera importancia. Un funcionario absuelto en sede penal —donde rige el estándar de prueba "más allá de toda duda razonable"— puede igualmente ser sancionado en sede administrativa si los mismos hechos constituyen infracción a sus deberes funcionarios, pues los bienes jurídicos protegidos, las normas aplicables y los umbrales probatorios son sustancialmente distintos en cada sede. Sin embargo, la autonomía del procedimiento disciplinario no exonera a la Administración del deber de respetar las garantías constitucionales del debido proceso: en ROL 26.446-2018, la Corte Suprema acogió el recurso de protección deducido por un funcionario de Carabineros cuya separación del servicio vulneró garantías fundamentales, ordenando su reincorporación con pago íntegro de remuneraciones.⁵

III. Marco regulatorio

El estatuto general es la Ley N° 18.834, aplicable al personal de Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y servicios públicos centralizados y descentralizados. Ciertos cuerpos funcionarios —como el personal de fuerzas de orden, el personal fiscalizador del SII o los funcionarios municipales— se rigen por estatutos especiales que prevalecen en lo que regulen expresamente, aplicándose la Ley N° 18.834 con carácter supletorio.⁶

Como garantía transversal del ordenamiento, el artículo 18 inciso 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, fija el mandato cardinal de este régimen: "en el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento".⁷

IV. Tipología: investigación sumaria y sumario administrativo

La Ley N° 18.834 establece dos procedimientos disciplinarios cuya elección no es meramente formal: refleja una valoración inicial de la gravedad de los hechos investigados y determina el nivel de garantías de defensa exigibles.

a) Investigación sumaria. Procedimiento breve y simplificado, orientado a infracciones de menor entidad. El plazo de investigación es de cinco días hábiles improrrogables. Si los hechos revisten mayor gravedad o complejidad, el procedimiento debe elevarse a sumario administrativo. Formulados los cargos, el inculpado dispone de dos días hábiles para descargos y de tres días hábiles adicionales para rendir prueba si la solicita.⁸

b) Sumario administrativo. Procedimiento formal de lato conocimiento para infracciones graves que pueden derivar en sanciones expulsivas. El plazo de investigación es de veinte días hábiles, prorrogables por veinte días más mediante resolución fundada. Formulados los cargos, el inculpado dispone de cinco días hábiles para descargos —prorrogables por cinco días más si lo solicita antes del vencimiento— y de hasta veinte días hábiles para el período probatorio.⁹

La dualidad procedimental responde a un diseño legislativo que busca equilibrar eficiencia administrativa y garantías de defensa: la investigación sumaria prioriza la celeridad para faltas menores; el sumario administrativo, la robustez de las garantías cuando el cargo y la carrera del funcionario están en juego.

Tabla comparativa de plazos procesales

Etapa procesal	Investigación sumaria	Sumario administrativo	Fundamento legal
Plazo de investigación	5 días hábiles (improrrogable)	20 días hábiles	Arts. 120 / 130
Prórroga de investigación	No procede	20 días hábiles adicionales	Art. 130
Plazo para descargos	2 días hábiles	5 días hábiles	Arts. 129 / 132
Prórroga de descargos	No procede	5 días hábiles adicionales	Art. 132
Período probatorio	3 días hábiles	20 días hábiles	Arts. 129 / 132
Vista / Informe final	2 días hábiles	10 días hábiles	Arts. 129 / 136

Todos los plazos son de días hábiles. No se cuentan sábados, domingos ni festivos, conforme a la Ley N° 19.880.¹⁰

V. Fases del sumario administrativo

A. Fase indagatoria

El sumario se inicia mediante resolución de la autoridad competente que nombra al fiscal. Éste designa al actuario o ministro de fe. Cuando el funcionario declara por primera vez en calidad de inculpado, debe ser apercibido para que, dentro del segundo día, formule las causales de implicancia o recusación que tenga contra el fiscal o el actuario —garantía elemental de imparcialidad del proceso—.¹¹ El plazo de esta etapa es de veinte días hábiles, prorrogable por hasta veinte días adicionales mediante resolución fundada.

B. Formulación de cargos

Agotada la investigación, si existen indicios fundados de participación en una infracción, el fiscal formula los cargos pertinentes. Estos deben ser claros, precisos, específicos y suficientemente detallados, con descripción de los hechos imputados, las circunstancias de tiempo, lugar y modo, y la identificación de las normas estatutarias estimadas infringidas.¹² La notificación de los cargos es un trámite esencial: su práctica defectuosa u omisión priva al inculpado del conocimiento de los hechos que se le imputan e impide el ejercicio de una defensa eficaz.

La Contraloría General ha precisado que no se exige calificar explícitamente la gravedad de la conducta en los cargos: esta puede advertirse del mérito íntegro del expediente —acreditación de hechos, pruebas, vista fiscal y resolución final— sin que ello afecte el derecho a defensa.¹³

C. Descargos y la correcta interpretación del artículo 132

El artículo 132 de la Ley N° 18.834 establece expresamente que el inculpado "tendrá un plazo de cinco días contado desde la fecha de notificación de [los cargos] para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas", plazo que puede prorrogarse "por otros cinco días, siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del vencimiento del plazo". El plazo máximo de defensa es, por tanto, de diez días hábiles en total.¹⁴

Los artículos 137 y 138 del mismo cuerpo legal no regulan este plazo ni establecen derechos del inculpado. El artículo 137 impone a la autoridad la obligación de revisar y agilizar los sumarios no afinados dentro de los plazos de instrucción: es una norma de control administrativo. El artículo 138 consagra el principio de conservación de los actos procesales, al señalar que los vicios procedimentales no afectarán la legalidad de la resolución sancionatoria cuando "incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario": es un criterio de valoración de los vicios, no un plazo. La Contraloría ha resuelto categóricamente que conceder a un funcionario un plazo de solo un día para presentar descargos vulnera el derecho a defensa por su manifiesta brevedad.¹⁵

D. Período probatorio

El inculpado puede solicitar la rendición de prueba conjuntamente con sus descargos. El fiscal fijará para ello un plazo que "no podrá exceder en total de veinte días hábiles".¹⁶ La negativa injustificada del fiscal a recibir pruebas pertinentes y conducentes para la defensa constituye un vicio grave que puede invalidar el sumario. Ningún funcionario puede ser sancionado por hechos ajenos a los cargos formulados.

E. Vista fiscal y resolución final

Concluidos los descargos y el período probatorio, el fiscal emite la vista fiscal: pieza conclusiva que pondera los cargos, los descargos y las pruebas, proponiendo la absolución del inculpado o la aplicación de una medida disciplinaria específica con su fundamentación.

La resolución final corresponde al jefe superior del servicio. No está vinculado por la recomendación del fiscal, pero su decisión debe ser siempre fundada: debe pronunciarse sobre las cuestiones de hecho y de derecho del sumario y, si aplica sanción, justificar su procedencia y graduación. La Corte Suprema ha sido especialmente exigente con este estándar: en ROL 122.226-2020, dejó sin efecto una destitución municipal porque el acto que ponía término al sumario carecía de fundamentación adecuada, ordenando que la autoridad competente emitiera un nuevo acto "debidamente fundamentado" que expresara "determinadamente, los antecedentes que para dicho fin tenga en consideración, así como la ponderación que de los mismos efectúe".¹⁷ La doctrina académica ha sistematizado la jurisprudencia contralora en el mismo sentido: la resolución sancionatoria debe enunciar con precisión las infracciones que se castigan y el modo en que se acredita la responsabilidad del funcionario en los hechos.¹⁸

VI. Medidas disciplinarias y principio de proporcionalidad

A. Catálogo de sanciones

La Ley N° 18.834 establece un catálogo taxativo de cuatro medidas disciplinarias, en orden creciente de gravedad:

1. Censura: reprensión escrita con anotación de demérito en la hoja de vida.

2. Multa: privación de entre el 5% y el 20% de la remuneración mensual.

3. Suspensión del empleo: separación temporal del cargo por treinta días a tres meses, con goce de entre el 50% y el 70% de las remuneraciones.

4. Destitución: cesación forzosa de la relación de servicio, con inhabilidad temporal para reingresar a la Administración del Estado. Es la sanción más grave.¹⁹

B. Principio de proporcionalidad

El Estatuto no fija correspondencia rígida entre falta y sanción, otorgando a la autoridad un margen de discrecionalidad que no equivale a arbitrariedad. La decisión debe observar el principio de proporcionalidad, ponderando la gravedad de la infracción, el grado de intencionalidad o negligencia, el daño causado, la conducta anterior del funcionario y las circunstancias atenuantes o agravantes concurrentes.²⁰

Para aplicar la destitución —sanción máxima—, la Contraloría exige que del mérito del sumario aparezca "indubitada e irrefutablemente que no existe otro castigo que sea correspondiente a la falta". En un dictamen paradigmático, representó la destitución aplicada a un funcionario que firmó facturas sin verificación previa, por no existir prueba de mala fe, colusión ni detrimento patrimonial, concluyendo que la sanción era desproporcionada.²¹ En sentido inverso, la Contraloría también ha objetado sanciones exiguas que resultan desproporcionadamente leves en relación con la gravedad de los hechos acreditados.²²

VII. Impugnación y control de legalidad

A. Recursos administrativos

La primera vía de defensa son los recursos administrativos, que se interponen conjuntamente dentro del plazo de cinco días hábiles desde la notificación de la sanción:

• Recurso de reposición: ante la misma autoridad sancionadora. Pueden alegarse tanto vicios de legalidad como razones de mérito —incluyendo la desproporcionalidad de la sanción—.

• Recurso de apelación subsidiaria: ante el superior jerárquico, tramitado solo si la reposición es rechazada.²³

Un riesgo estratégico relevante es la reformatio in pejus: a diferencia del proceso penal, el superior jerárquico que conoce la apelación está facultado para agravar la sanción si considera que los hechos lo justifican. La Contraloría ha extendido el deber de motivación también a las resoluciones que resuelven los recursos de reposición y apelación.²⁴

B. Control externo: Contraloría General de la República

Agotada la vía administrativa interna, el funcionario puede presentar ante la Contraloría General un reclamo de ilegalidad en el plazo de diez días hábiles. El control contralorístico es de legalidad estricta: verifica que el procedimiento se haya ajustado a derecho y que la sanción tenga sustento normativo, sin pronunciarse sobre cuestiones de mérito o conveniencia.²⁵

C. Tutela judicial

Si las vías precedentes no prosperan, el funcionario dispone de dos acciones principales:

Recurso de protección: procede cuando la resolución sancionatoria emana de un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnera garantías constitucionales protegidas (igualdad ante la ley, propiedad sobre el cargo). Se interpone ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de los treinta días corridos desde el acto o su conocimiento.

La jurisprudencia reciente evidencia un estándar de escrutinio elevado. En ROL 167.545-2023 y ROL 68.376-2023, la Corte Suprema revocó resoluciones de Cortes de Apelaciones que habían rechazado los recursos, acogiendo las protecciones por graves defectos procedimentales. La Corte de Apelaciones de Santiago, en ROL 25.675-2025, declaró la ilegalidad íntegra de un sumario e invalidó todos los actos posteriores —incluidos la formulación de cargos, la vista fiscal y el acto sancionatorio final—.²⁶

Acción de nulidad de derecho público: de lato conocimiento ante el Juzgado de Letras en lo Civil competente, orientada a la anulación del acto administrativo por vicios graves como incompetencia del órgano o desviación de poder.

VIII. Conclusión: el debido proceso como pilar del régimen disciplinario

El sistema disciplinario chileno articula un equilibrio deliberado: dota a la Administración de las herramientas para hacer efectivos los deberes funcionarios y resguardar la probidad institucional, mientras protege al funcionario de decisiones arbitrarias o desproporcionadas mediante garantías procesales concretas. La Corte Suprema ha precisado, en ROL 6.999-2021, que si el sumario concluye con absolución o con una medida que implique reincorporación, deben pagarse íntegramente todas las remuneraciones devengadas desde el retiro temporal hasta la efectiva reincorporación.²⁷

La estricta observancia de plazos, formalidades y garantías —desde los cinco días hábiles para los descargos hasta la obligación de motivar fundadamente la resolución sancionatoria— es lo que distingue el ejercicio legítimo del poder disciplinario del acto arbitrario impugnable. Este conocimiento es igualmente indispensable para las autoridades que aplican las normas y para los funcionarios que se ven sometidos a ellas.

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Notas

1. Ley N° 18.834, art. 1°, texto refundido fijado por DFL N° 29, Ministerio de Hacienda, 2004: "Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo, con las excepciones que establezca la ley."

2. Ley N° 19.653, art. 54: "El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso." La norma también dispone que "las autoridades de la Administración del Estado (…) y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa."

3. Ley N° 21.643 (D.O. 15.01.2024), que modificó el art. 118 de la Ley N° 18.883 y el precepto equivalente de la Ley N° 18.834: "Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo, cuyos procedimientos deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género."

4. Ley N° 18.834, art. 119: consagra la independencia de la responsabilidad administrativa respecto de la responsabilidad civil y penal, señalando que las actuaciones y resoluciones recaídas en otras sedes no producen efecto alguno en el procedimiento administrativo disciplinario. Dicho precepto funda que "el procedimiento [disciplinario] tiene como único y exclusivo objetivo determinar la existencia de responsabilidad administrativa y, en caso afirmativo, aplicar la sanción que corresponda", con bienes jurídicos, estándares probatorios y naturaleza de sanciones propios de cada sede.

5. Corte Suprema, ROL 26.446-2018, 25 de febrero de 2019 (REVOCADA SENTENCIA APELADA): "se revoca la sentencia apelada de ocho de octubre de dos mil dieciocho y en su lugar se acoge el recurso deducido por Pedro Vidal Cornejo, debiendo proceder el Director General de Carabineros de Chile a dictar el acto administrativo necesario para reincorporarlo a las filas de la Institución. El recurrido deberá proceder al reintegro al servicio del señor Vidal Cornejo, en el lugar y grado en que éste se desempeñaba antes de su separación y a pagarle en forma íntegra sus remuneraciones desde la fecha en que fue separado del servicio hasta la de su reincorporación."

6. Ley N° 18.834, art. 1° inc. 2°: establece la aplicación supletoria del Estatuto al personal regido por estatutos especiales "en todo aquello que estas normas no prevean". El inciso 1° señala: "Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo."

7. Ley N° 18.575, art. 18 inc. 2°: "En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento." Contraloría General de la República, Dictamen N° 923, 11 de enero de 2018 [Síntesis: "los sumarios administrativos son procedimientos reglados donde solo caben los trámites previstos en la Ley 18.834, preservando la seguridad jurídica y el debido proceso del funcionario"].

8. Ley N° 18.834, arts. 125 a 130. Art. 128 [Síntesis: el plazo improrrogable de la investigación sumaria es de cinco días hábiles, vencido el cual el investigador emite su informe en el plazo de dos días. Si durante la investigación se advierten hechos de mayor gravedad o que requieren mayor plazo, el investigador solicita a la autoridad que el procedimiento se eleve a sumario administrativo]. Contraloría General de la República, Dictamen N° 4039, 5 de febrero de 2018 [Síntesis: "describe claramente las etapas procesales: formulación de cargos, notificación, presentación de descargos, vista fiscal y resolución sancionatoria"].

9. Ley N° 18.834, art. 130 [Síntesis: "la investigación deberá realizarse dentro del plazo de veinte días. La autoridad que ordenó el sumario podrá prorrogar el plazo hasta por otros veinte días hábiles cuando la complejidad de la investigación así lo requiera"]. Art. 132: "El inculpado será notificado de los cargos y tendrá un plazo de cinco días contado desde la fecha de notificación de éstos para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas. En casos especialmente calificados, podrá prorrogarse el mismo por otros cinco días, siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del vencimiento del plazo."

10. Ley N° 19.880, art. 25: establece el cómputo de plazos administrativos en días hábiles, no contándose los sábados, domingos ni festivos. Contraloría General de la República, Dictamen N° 11535, 25 de agosto de 2020 [Síntesis: "reafirma el principio de proporcionalidad y detalla la suspensión de prescripción desde la formulación de cargos, así como la regla de paralización por más de dos años"].

11. Ley N° 18.834, art. 132 inc. 1°: "Los funcionarios que deban declarar por primera vez en calidad de inculpados serán apercibidos para que, dentro del segundo día, formulen las causales de implicancia o recusación que tuvieren en contra del fiscal o del actuario."

12. Contraloría General de la República, Dictamen N° 44097, 19 de diciembre de 2017 [Síntesis: "los cargos deben ser claros, precisos y concretos, describiendo pormenorizadamente los hechos constitutivos de las faltas y cómo estas vulneran los deberes establecidos en las normas infringidas. La notificación constituye un trámite esencial, cuya finalidad es permitir que el inculpado tome conocimiento de los hechos imputados y ejerza su derecho a defensa en todas las instancias legales establecidas. El objetivo es presentar claramente el actuar anómalo para que el funcionario pueda defenderse de modo eficaz."]

13. Contraloría General de la República, Dictamen E152882N21, 4 de noviembre de 2021 [Síntesis: "no es exigible que en la formulación de cargos se califique explícitamente la gravedad de la conducta. La gravedad puede advertirse del mérito del proceso en su totalidad: acreditación de hechos, pruebas, vista fiscal y resolución final. Ello no afecta el debido proceso ni el derecho a defensa si del expediente sumarial aparece que la conducta vulnera gravemente el principio de probidad"].

14. Ley N° 18.834, art. 132: "El inculpado será notificado de los cargos y tendrá un plazo de cinco días contado desde la fecha de notificación de éstos para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas. En casos especialmente calificados, podrá prorrogarse el mismo por otros cinco días, siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del vencimiento del plazo."

15. Contraloría General de la República, Dictamen N° 11383, 18 de agosto de 2020 [Síntesis: "otorgar solo un día para presentar descargos es atentatorio del derecho a defensa por su brevedad. El debido proceso en investigaciones sumarias exige establecer los hechos, la participación del funcionario y concederle posibilidad real de defenderse"]. Ley N° 18.834, art. 140: "Ningún funcionario puede ser sancionado por hechos no materia de cargos."

16. Ley N° 18.834, art. 132 inc. final: "Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará un plazo al efecto, el que no podrá exceder en total de veinte días." Contraloría General de la República, Dictamen N° 44097, 19 de diciembre de 2017 [Síntesis: "los inculpados pueden solicitar pruebas que sean útiles, pertinentes y plausibles para esclarecer los hechos. El fiscal puede denegar probanzas que no reúnan esas características, decisión que es vinculante"].

17. Corte Suprema, ROL 122.226-2020, 17 de febrero de 2021 (REVOCADA SENTENCIA APELADA): "se deja sin efecto el Decreto Nº 01/129/2020 de 17 de febrero de 2020 y se dispone que el funcionario no inhabilitado que corresponda deberá emitir un nuevo acto que ponga término al sumario administrativo de que se trata, el que deberá hallarse debidamente fundamentado y, para lo cual, habrá de expresar en él, determinadamente, los antecedentes que para dicho fin tenga en consideración, así como la ponderación que de los mismos efectúe."

18. "Procedimientos administrativos disciplinarios en Chile", Revista Ius et Praxis, vol. 24, N° 2 (2018): "[la resolución debe hallarse] fundado, siempre que las razones que lo motivan —que deben explicitarse en el instrumento correspondiente— sean de carácter objetivo, atingentes a la situación investigada, de acuerdo al mérito de los antecedentes del proceso y, en fin, ajustadas a derecho. (…) [L]a resolución que aplica una medida disciplinaria debe enunciar en forma precisa las infracciones por las cuales se le castiga y el modo en que se acredita la responsabilidad del funcionario en esos hechos. La Contraloría extiende también el derecho a la motivación a las resoluciones que se pronuncien sobre los recursos de reposición y apelación."

19. Ley N° 18.834, art. 121: "Las medidas disciplinarias son las siguientes: a) Censura; b) Multa; c) Suspensión del empleo; d) Destitución." Los arts. 122 a 124 desarrollan el contenido, alcances y consecuencias de cada medida para el funcionario, incluida la inhabilidad temporal para reingresar a la Administración del Estado que acarrea la destitución.

20. Ley N° 18.834, art. 121 inc. final [Síntesis: "las medidas disciplinarias se aplican tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida, el grado de responsabilidad del inculpado y los antecedentes de su hoja de vida"]. Contraloría General de la República, Dictamen N° 26235, 18 de julio de 2017 [Síntesis: "la Contraloría solo objetará la decisión sancionatoria si hay infracción al debido proceso, violación legal/reglamentaria o actuación arbitraria. La ponderación de hechos, responsabilidad y gravedad corresponde al fiscal sumarial y a la autoridad sancionadora, pero deben considerarse las circunstancias atenuantes como la conducta anterior intachable"].

21. Contraloría General de la República, Dictamen N° 16543, 8 de mayo de 2017 [Síntesis: "para aplicar la destitución debe aparecer 'indubitada e irrefutablemente que no existe otro castigo que sea correspondiente a la falta'. Representó la destitución por firma de facturas sin verificación previa porque no había prueba de mala fe, colusión ni detrimento patrimonial, siendo la sanción desproporcionada"]. Véase también Dictamen E313110N23, 17 de febrero de 2023 [Síntesis: "ante ausencias o atrasos reiterados la autoridad debe ponderar circunstancias atenuantes si existe justificación suficiente, permitiendo la rebaja de la sanción; es necesaria proporcionalidad entre infracción, hechos, circunstancias y medida disciplinaria"].

22. Contraloría General de la República, Dictamen N° 22305, 19 de junio de 2017 [Síntesis: "cuando la conducta constituye infracción grave a la probidad, la sanción debe ser proporcional considerando circunstancias atenuantes. Declaró una multa del 5% desproporcionadamente leve y exigió nueva ponderación acorde a la gravedad real de la falta probada"].

23. Ley N° 18.834, arts. 141 y ss. del texto refundido (DFL N° 29/2004): regulan los recursos de reposición y apelación contra medidas disciplinarias, sus plazos y las autoridades competentes. Contraloría General de la República, Dictamen N° 4039, 5 de febrero de 2018 [Síntesis: "los recursos de reposición y apelación deben deducirse dentro de los plazos legales y ante las autoridades competentes; describe las etapas del procedimiento: formulación de cargos, notificación, descargos, vista fiscal y resolución sancionatoria"].

24. "Procedimientos administrativos disciplinarios en Chile", Revista Ius et Praxis, vol. 24, N° 2 (2018): "La Contraloría extiende también el derecho a la motivación a las resoluciones que se pronuncien sobre los recursos de reposición y apelación."

25. Contraloría General de la República, Dictamen N° 26235, 18 de julio de 2017 [Síntesis: "la Contraloría objeta la decisión sancionatoria solo si hay infracción al debido proceso, violación legal o actuación arbitraria, sin entrar a valorar cuestiones de mérito o conveniencia"]; Dictamen N° 923, 11 de enero de 2018 [Síntesis: "los sumarios administrativos son procedimientos reglados donde solo caben los trámites previstos en la Ley 18.834"].

26. Corte Suprema, ROL 167.545-2023, 14 de enero de 2025 (REVOCADA SENTENCIA APELADA): acogió recurso de protección dejando sin efecto medidas disciplinarias por vulneración del debido proceso en la tramitación del sumario. Corte Suprema, ROL 68.376-2023, 10 de noviembre de 2023 (REVOCADA SENTENCIA APELADA): acogió protección dejando sin efecto la baja inmediata dictada sin competencia disciplinaria, sin perjuicio del sumario administrativo pendiente. C.A. de Santiago, ROL 25.675-2025, 5 de junio de 2026 (ACOGIDA): "el sumario instruido (…) es ilegal y en consecuencia, lo son también todos los actos posteriores contenidos en él y referidos al recurrente, incluyendo la formulación de cargos, vista fiscal y el Dictamen (…) que estableció sanciones a su respecto. (…) La Dirección de Salud de Carabineros de Chile procederá a invalidar el sumario y los actos ilegales que de él han derivado."

27. Corte Suprema, ROL 6.999-2021, 15 de abril de 2021 (REVOCADA SENTENCIA APELADA): "se acoge el recurso de protección entablado por Manuel Gustavo Rosas Mancilla, sólo en cuanto se declara que, en el evento de concluirse el sumario administrativo seguido en contra del actor, con la absolución o la imposición de alguna medida que implique su reincorporación, deberán serle pagadas todas las remuneraciones devengadas entre la fecha de notificación del Decreto Exento RA N° 280/1252/2020, de fecha 28 de julio de 2020, que dispone su retiro temporal y aquella en que la señalada reincorporación se materialice."