Para muchos funcionarios públicos y municipales que gozan de la calidad de titulares (de planta), surge a menudo un profundo dilema vital: la necesidad de trasladarse a otra ciudad por motivos de reunificación familiar, salud o simple cambio de vida, frente al temor de perder los años de antigüedad, la estabilidad laboral y la carrera funcionaria que tanto les ha costado construir. Renunciar a un cargo de planta para aventurarse a buscar un nuevo nombramiento en otra instituc

Es una realidad cotidiana en casi todas las empresas del país: el trabajador contesta correos del cliente desde su celular personal, usa WhatsApp para coordinar con su jefe, o accede a la aplicación corporativa de registro de asistencia con su propio teléfono. Pero ¿ha reflexionado su empresa sobre si eso es jurídicamente válido, y si genera obligaciones económicas a su cargo? La respuesta —que muchos empleadores desconocen— es que sí genera obligaciones, y su incumplimiento

En el ejercicio diario de la función pública, es habitual que los servidores estatales y municipales deban evaluar licitaciones, otorgar permisos, cursar multas o fiscalizar actividades comerciales. Pero, ¿qué sucede si el expediente que llega a su escritorio involucra directamente a su cónyuge, a un familiar cercano o a una empresa de la cual usted fue socio? Tramitar o resolver ese asunto, incluso si se hace con la mayor rectitud e imparcialidad posible, expone al funcionar

Ingresar a la Administración Pública requiere cumplir con estrictas formalidades legales, entre ellas, la dictación y total tramitación de un acto administrativo de nombramiento.¹ Sin embargo, en la práctica suele ocurrir que una persona asume su cargo y comienza a prestar servicios antes de que su decreto sea "tomado de razón" por la Contraloría General de la República, o bien, ingresa mediante un nombramiento que posteriormente es declarado nulo por adolecer de algún vicio

Uno de los pilares fundamentales que sostiene y protege el empleo público en Chile es la denominada "carrera funcionaria". Con frecuencia, frente a la vacancia de un cargo atractivo o de mayor grado en una Municipalidad, las autoridades de turno sienten la tentación de llamar inmediatamente a un "concurso público" para traer a personas externas a la institución, muchas veces por motivos de confianza política o afinidad.¹ Sin embargo, el ordenamiento jurídico, específicamente

En la vida diaria de las municipalidades y órganos del Estado, es frecuente que las exigencias del servicio superen la jornada laboral ordinaria. Frente a contingencias, emergencias o plazos fatales, los funcionarios públicos deben prolongar su jornada o concurrir en días inhábiles.¹ Sin embargo, ¿qué ocurre con este tiempo adicional? ¿Es una mera exigencia del cargo o genera derechos adquiridos para el trabajador? El ordenamiento jurídico chileno protege estrictamente el tie

Enfrentar un sumario administrativo es, sin duda, uno de los momentos más tensos en la carrera de cualquier funcionario público o municipal. Estar sujeto a una investigación que puede culminar en una suspensión o, en el peor de los casos, en la destitución, genera una evidente vulnerabilidad.¹ Ante este escenario, la pregunta natural es: ¿Qué ocurre si el funcionario designado para investigar (el Fiscal) o su ministro de fe (el Actuario) tienen un sesgo en contra del investig

Existe un mito recurrente y peligroso entre los servidores públicos: la falsa creencia de que, si un funcionario es absuelto de un delito en un juicio penal, automáticamente quedará liberado del sumario administrativo o recuperará inmediatamente su empleo si fue destituido.¹ Sin embargo, en el Derecho Administrativo rige la regla general inversa, conocida como el principio de independencia de las responsabilidades.² No obstante, la ley contempla un "escudo salvavidas" excepci

Uno de los temores más recurrentes entre los funcionarios públicos y municipales es sufrir un traslado repentino e injustificado hacia otra unidad, oficina o incluso a tareas que nada tienen que ver con su especialidad. Muchas veces, en la práctica administrativa, estas reubicaciones son utilizadas por las jefaturas como un castigo encubierto o una forma de hostigamiento laboral hacia el trabajador.¹ A diferencia del sector privado, donde el empleador goza del jus variandi (

En la Administración Pública rige un principio fundamental e indispensable para su funcionamiento: la jerarquía. Esto implica que los funcionarios están sometidos a un estricto deber de obediencia respecto de las órdenes impartidas por sus jefaturas.¹ Sin embargo, este mandato plantea un grave dilema práctico: ¿qué sucede si un jefe directo instruye a un subalterno a realizar un acto que contraviene abiertamente la ley o el principio de probidad? ¿Está obligado el funcionario

Uno de los pilares fundamentales que sostiene el empleo público en Chile es la denominada "carrera funcionaria". A menudo, frente a la vacancia de un cargo atractivo o de mayor grado en una Municipalidad o Servicio Público, las autoridades de turno sienten la tentación de llamar inmediatamente a un "concurso público" para traer a personas externas a la institución. Sin embargo, el ordenamiento jurídico establece un escudo protector para los trabajadores de planta: el derecho

Uno de los mayores dilemas a los que puede enfrentarse un funcionario público o municipal es ser testigo de un acto de corrupción, una irregularidad grave o una falta a la probidad cometida por sus superiores o compañeros de trabajo. El temor a sufrir represalias, a ser trasladado a un "rincón" del servicio o, derechamente, a perder el empleo, suele ser el principal freno para denunciar estos hechos.¹ Sin embargo, el ordenamiento jurídico chileno, fortalecido por la Ley N° 20

El ejercicio de la función pública no está exento de riesgos y exposición. A diario, los funcionarios del Estado y las municipalidades enfrentan situaciones conflictivas con usuarios molestos, fiscalizados o terceros que, inconformes con una decisión administrativa, pueden reaccionar con violencia verbal, física o mediante difamaciones públicas.¹ Frente a este escenario, es fundamental que el empleado público conozca una de las garantías más importantes y, a veces, menos difu

Un escenario frustrante y común para cualquier ciudadano o empresa es presentar una solicitud, un recurso o enfrentar un procedimiento ante un órgano del Estado y encontrarse con la absoluta falta de respuesta. Frente a la inactividad de la Administración, surge la legítima inquietud: ¿Queda el particular en la indefensión y condenado a una espera eterna? El Derecho Administrativo moderno ofrece una valiosa herramienta para destrabar esta paralización: el "silencio administra

Es muy común que, al leer una ley o un reglamento que otorga facultades a un órgano del Estado, nos encontremos con expresiones amplias y poco definidas, tales como "interés público", "urgencia", "buenas costumbres", "impacto ambiental" o "utilidad pública".¹ Frente a este lenguaje, muchos empresarios y ciudadanos temen que la Administración tenga una especie de "cheque en blanco" para decidir lo que le plazca, dejando a los particulares en la indefensión y sometidos al arbit

Un escenario cada vez más frecuente y temido en el ámbito corporativo es el enfrentamiento simultáneo a múltiples frentes de persecución estatal por un mismo hecho. Es común que, ante una contingencia, una empresa o sus directivos deban soportar, por un lado, una investigación penal a cargo del Ministerio Público y, por el otro, un sumario administrativo impulsado por una Superintendencia u otro ente fiscalizador.¹ Frente a esta abrumadora superposición del poder punitivo del

Es frecuente que los ciudadanos y empresas, al interactuar con el Estado, reciban resoluciones administrativas que rechazan sus solicitudes, les imponen cuantiosas multas o limitan el ejercicio de sus derechos sin mayor explicación que la mera cita de un par de leyes o el uso de fórmulas genéricas. Frente a este escenario, surge una pregunta vital en la litigación pública: ¿Puede la Administración dictar decisiones oscuras o infundadas? La respuesta es un rotundo no. En el De

Si la Administración tarda años en resolver un procedimiento sancionador en su contra, usted tiene herramientas jurídicas para dejarlo sin efecto. La Corte Suprema de Chile ha desarrollado una doctrina que permite declarar la pérdida de eficacia de aquellos procedimientos administrativos sancionadores que se extienden de manera excesiva e injustificada, protegiendo así su derecho al debido proceso. Esta figura —conocida como “decaimiento” y, más recientemente, como “imposibi

En la estrategia de litigación civil por daños, elegir el "traje" jurídico correcto para la demanda es una decisión de vida o muerte. ¿Qué ocurre cuando un paciente sufre una grave negligencia en una clínica con la que firmó un contrato de prestación de servicios? ¿O cuando un trabajador se accidenta por falta de medidas de seguridad de su empleador? Frente a un daño originado en el contexto de una relación contractual, la intuición dicta demandar por responsabilidad contract

Existe una creencia muy arraigada en el mundo laboral: pensar que si un trabajador es despedido antes de cumplir su primer año de antigüedad en la empresa, se va "con las manos vacías" o sin derecho a reclamar. Si bien es cierto que no se ha cumplido el tiempo para devengar algunas prestaciones clásicas, la declaración de un despido como "injustificado, indebido o improcedente" por parte de un tribunal laboral sí genera obligaciones económicas ineludibles para el empleador. A