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Informe: Los Retiros Previsionales en Chile - Crónica de una Decisión Política y su Costo Estructural

Mario E. Aguila
hace 7 días
23 Min. de lectura

Después de esta infografía, desarrollo a fondo del tema

Resumen Ejecutivo

A partir de 2020, Chile implementó una serie de tres retiros excepcionales de fondos de pensiones, una política concebida como un alivio económico de corto plazo frente a la severa crisis socioeconómica generada por la pandemia de COVID-19. Este informe documenta cómo dicha medida, que movilizó aproximadamente 49.3 mil millones de dólares ¹, desencadenó una cascada de consecuencias adversas, severas y duraderas para la economía chilena y su arquitectura de seguridad social. Lejos de ser una solución inocua, los retiros provocaron un daño estructural profundo cuyos efectos persisten y se proyectan por décadas, integrando una compleja trama de decisiones políticas y repercusiones económicas.

Los principales hallazgos de este análisis demuestran una clara cadena causal. En el ámbito macroeconómico, la masiva inyección de liquidez generó un sobrecalentamiento sin precedentes de la demanda interna, convirtiéndose en el principal catalizador de un histórico brote inflacionario que alcanzó un máximo de 14.1% anual en agosto de 2022.² Este fenómeno erosionó drásticamente el poder adquisitivo de todos los hogares, afectando con mayor dureza a los más vulnerables. En el mercado financiero, la liquidación forzosa de activos por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deprimió el mercado de capitales local, elevó las tasas de interés de largo plazo y endureció severamente las condiciones del crédito, con un impacto palpable en el encarecimiento y la restricción del acceso a los créditos hipotecarios.²

El daño más directo y quizás irreparable se infligió al sistema previsional. El sistema sufrió una descapitalización abrupta, descrita como la pérdida de una década de ahorro de los hogares, con una reducción proyectada de las pensiones futuras de entre un 16% y un 29%.¹ De manera alarmante, 3.8 millones de personas, en su mayoría jóvenes y mujeres, quedaron con sus cuentas de ahorro previsional en cero, comprometiendo su seguridad económica en la vejez.¹ Consecuentemente, esta política transfirió una masiva responsabilidad futura al Estado, ya que millones de personas dependerán de la Pensión Garantizada Universal (PGU), generando una carga fiscal significativa y sostenida en el tiempo.²

Este informe integra estos efectos con un análisis detallado de las votaciones parlamentarias que habilitaron cada retiro. Se evidencia cómo la aprobación de estas medidas, a través de reformas constitucionales transitorias, fue posible gracias a una mayoría transversal que incluyó votos decisivos de parlamentarios de la entonces coalición de gobierno, quienes rompieron la disciplina partidaria ante la abrumadora presión popular.² La experiencia chilena, por tanto, se erige como una advertencia crítica sobre los peligros de utilizar el ahorro de largo plazo para resolver crisis de liquidez de corto plazo, subrayando la fragilidad de los consensos institucionales frente a demandas ciudadanas masivas y las profundas cicatrices que tales decisiones pueden dejar en el tejido económico y social de una nación.²

Sección 1: La Tormenta Perfecta: El Contexto de los Retiros

1.1. La Doble Crisis: Pandemia y Descontento Social

Para comprender la génesis de la política de retiros de fondos previsionales, es imperativo analizar el escenario de doble crisis que enfrentaba Chile a principios de 2020. Por un lado, el país, al igual que el resto del mundo, se vio súbitamente impactado por la pandemia de COVID-19. Las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad, necesarias para contener la propagación del virus, provocaron una drástica contracción de la actividad económica, una significativa caída en los ingresos de los hogares y un alarmante aumento del desempleo.² La crisis sanitaria se transformó rápidamente en una profunda crisis económica y social, poniendo en riesgo la subsistencia diaria de miles de familias.⁵

Por otro lado, esta crisis exógena se superpuso a una crisis endógena de gran magnitud. El país aún procesaba las secuelas del "estallido social" de octubre de 2019, un movimiento de protesta masivo y sostenido que canalizó un profundo descontento ciudadano acumulado por décadas.² Uno de los principales blancos de esta ira popular fue el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), un pilar del modelo económico chileno implementado en 1981. El sistema de capitalización individual era ampliamente percibido por la ciudadanía como ilegítimo e incapaz de proveer pensiones dignas, siendo calificado como una causa de desigualdad y pensiones de miseria.² Esta crisis de legitimidad preexistente significó que una de las instituciones centrales del ahorro nacional enfrentara la pandemia con un capital de confianza pública prácticamente inexistente.

1.2. El Cálculo Político: Una Solución Popular a una Necesidad Urgente

En este complejo escenario, las ayudas fiscales iniciales implementadas por el gobierno, como el "Bono Covid-19" o las primeras versiones del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), fueron consideradas insuficientes, tardías o excesivamente burocráticas por una parte importante de la ciudadanía y del espectro político.² La percepción de abandono estatal generó un terreno fértil para soluciones alternativas.

Fue en este contexto que la propuesta de permitir a los afiliados retirar fondos de sus propias cuentas de capitalización individual surgió como una solución aparentemente rápida, directa y efectiva. La narrativa que la sustentaba era políticamente arrolladora: "el dinero es de los trabajadores".² Esta idea resonó profundamente en una población que, además de enfrentar una necesidad económica acuciante, sentía una profunda desconfianza hacia las AFP y el manejo de sus ahorros.⁸ La medida tenía la ventaja adicional, desde una perspectiva política de corto plazo, de no implicar un gasto fiscal inmediato, trasladando el costo hacia el futuro de los propios individuos. Esta combinación de necesidad económica, desconfianza institucional y una narrativa simple y poderosa, convirtió a los retiros en una medida con un respaldo popular abrumador, que trascendió las divisiones ideológicas tradicionales y ejerció una enorme presión sobre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.²

El fenómeno de los retiros no puede entenderse, por tanto, como una simple respuesta a la pandemia. Fue la materialización política de una crisis de legitimidad latente, acelerada por una emergencia sanitaria y económica sin precedentes. La pandemia fue el catalizador que permitió que el descontento acumulado contra el sistema de pensiones se transformara en una acción política concreta y disruptiva, alterando fundamentalmente el panorama económico e institucional del país.

Sección 2: El Primer Retiro (Ley N° 21.248): Abriendo la Caja de Pandora

2.1. La Vía Legislativa: Una Reforma Constitucional Excepcional

Ante la férrea oposición del Poder Ejecutivo, que desde un inicio advirtió sobre los graves riesgos económicos de la medida, el Congreso Nacional optó por una vía legislativa excepcional para materializar el primer retiro: la reforma constitucional transitoria.² Este mecanismo fue una jugada estratégica de los parlamentarios para eludir la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materias de seguridad social, un pilar del ordenamiento institucional chileno. La decisión de utilizar una reforma a la Carta Magna para implementar una política de transferencia de ingresos generó una fricción sin precedentes entre los poderes del Estado y sentó un precedente que tendría profundas consecuencias.²

Así, el 24 de julio de 2020, se promulgó la Ley N° 21.248, que introdujo una disposición transitoria en la Constitución para autorizar el primer retiro de fondos.² Las condiciones específicas de esta ley fueron las siguientes:

Monto y Voluntariedad: Se autorizó a los afiliados a retirar, de forma voluntaria y por única vez, hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual.²
Tramos de Retiro: Se establecieron límites para el retiro, con un monto máximo de 150 Unidades de Fomento (UF) y un mínimo de 35 UF. Esta estructura buscaba, en teoría, proteger una parte del ahorro de quienes tenían mayores saldos y asegurar un monto mínimo significativo para quienes tenían menos.²
Universalidad y Retiro Total para Saldos Bajos: La medida fue de carácter universal para todos los afiliados al sistema de AFP, incluyendo pensionados.² Una cláusula de enorme impacto social estipulaba que si el saldo total en la cuenta de un afiliado era inferior a 35 UF, este podía retirar la totalidad de sus ahorros, vaciando por completo su cuenta.²
Tratamiento Legal y Tributario: Los fondos retirados fueron declarados exentos de todo impuesto, lo que benefició principalmente a las rentas más altas que habrían estado sujetas a tasas impositivas mayores. Además, se declararon "extraordinariamente intangibles", es decir, inembargables, con una única y socialmente relevante excepción: las deudas por pensiones alimenticias, permitiendo a los tribunales ordenar la retención de fondos para el pago de estas obligaciones.²

2.2. Análisis de la Votación Parlamentaria: La Ruptura del Oficialismo

La aprobación de la Ley N° 21.248 no fue solo el resultado de la unidad de la oposición, sino que se materializó gracias a una fractura decisiva dentro de la coalición de gobierno, Chile Vamos. Este quiebre de la disciplina partidaria fue el factor clave que permitió alcanzar los altos quórums requeridos para una reforma constitucional.

En la Cámara de Diputadas y Diputados, en la votación del 15 de julio de 2020, la reforma fue aprobada con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones.² El umbral para la aprobación era de 93 votos (tres quintos de los diputados en ejercicio), por lo que el proyecto se viabilizó gracias al apoyo explícito de

13 parlamentarios de la coalición oficialista que desoyeron la postura del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.²

La dinámica se repitió en el Senado durante la sesión del 22 y 23 de julio de 2020. El proyecto fue aprobado con 29 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención, superando cómodamente el quórum requerido de 26 votos.² Matemáticamente, la oposición unida contaba con 24 senadores, insuficientes para aprobar la reforma por sí sola. El éxito de la iniciativa dependió del voto favorable de

cinco senadores de Chile Vamos, quienes se sumaron al bloque opositor y aseguraron la aprobación de la ley.²

La aprobación del primer retiro, por tanto, fue un evento político de primera magnitud. Demostró la pérdida de control del Ejecutivo sobre su propia bancada y evidenció que, ante una medida de altísima popularidad, la presión ciudadana y el cálculo electoral podían superar la lealtad partidaria y las advertencias técnicas de las autoridades económicas. Se abrió una compuerta que sería muy difícil de cerrar.

Tabla 1: Votación Nominal Detallada – Primer Retiro (Ley N° 21.248)

A continuación, se presenta la nómina de los parlamentarios que votaron a favor del primer retiro, evidenciando la composición transversal de la mayoría que lo aprobó.

Nombre del Diputado/a	Partido Político
Florcita Alarcón	PH
René Alinco	IND
Jenny Álvarez	PS
Pedro Álvarez-Salamanca	UDI
Sandra Amar	UDI
Gabriel Ascencio	DC
Boris Barrera	PC
Alejandro Bernales	PL
Karim Bianchi	IND
Gabriel Boric	CS
Jorge Brito	RD
Miguel Ángel Calisto	DC
Karol Cariola	PC
Álvaro Carter	UDI
Loreto Carvajal	PPD
Natalia Castillo	RD
Juan Luis Castro	PS
Andrés Celis	RN
Ricardo Celis	PPD
Daniella Cicardini	PS
Miguel Crispi	FA
Marcelo Díaz	PS
Eduardo Durán	RN
Jorge Durán	RN
Fidel Espinoza	PS
Maya Fernández	PS
Iván Flores	DC
Ramón Galleguillos	RN
Renato Garín	IND
Cristina Girardi	PPD
Félix González	PEV
Rodrigo González	PPD
Amaro Labra	PC
Juan Manuel Masferrer	UDI
... ²	...
Daniel Verdessi	DC
Pablo Vidal	RD
Matías Walker	DC
Gonzalo Winter	CS
Gael Yeomans	CS

Nombre del Senador/a	Partido Político
Senadores Oficialistas (Chile Vamos)
Juan Castro	RN
José Miguel Durana	UDI
Iván Moreira	UDI
Manuel José Ossandón	RN
David Sandoval	UDI
Senadores de Oposición
Isabel Allende	PS
Pedro Araya	IND
Carlos Bianchi	IND
Alfonso De Urresti	PS
Álvaro Elizalde	PS
Carolina Goic	DC
Alejandro Guillier	IND
Felipe Harboe	PPD
Francisco Huenchumilla	DC
José Miguel Insulza	PS
Ricardo Lagos Weber	PPD
Juan Ignacio Latorre	RD
Juan Pablo Letelier	PS
Carlos Montes	PS
Adriana Muñoz	PPD
Alejandro Navarro	PRO
Ximena Órdenes	IND
Jorge Pizarro	DC
Yasna Provoste	DC
Rabindranath Quinteros	PS
Jaime Quintana	PPD
Ximena Rincón	DC
Jorge Soria	PPD

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de votación y fuentes periodísticas citadas en.²

Sección 3: La Excepción se Vuelve Norma: Segundo y Tercer Retiro

3.1. El Segundo Retiro (Ley N° 21.295): La "Guerra de Proyectos"

La tramitación del segundo retiro, a fines de 2020, se desarrolló en un ambiente político distinto. El éxito del primer retiro había consolidado la medida como una herramienta popular y políticamente viable, llevando a parlamentarios de oposición a impulsar una nueva reforma constitucional. El gobierno, anticipando una nueva derrota y buscando recuperar parte del control de la agenda, optó por una estrategia de "contención de daños": presentó su propio proyecto de ley.² Esta "guerra de proyectos" culminó con el rechazo de la reforma constitucional opositora en el Senado y la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo, que se convirtió en la

Ley N° 21.295, promulgada el 10 de diciembre de 2020.²

Esta ley mantuvo los mismos montos de retiro que la primera (10% con topes de 35 y 150 UF), pero introdujo dos cambios cruciales que reflejaban la influencia del gobierno ²:

Pago de Impuestos: A diferencia del primer retiro, se estableció que los fondos retirados constituirían renta para quienes tuvieran ingresos imponibles superiores a 30 Unidades Tributarias Anuales (UTA), quedando sujetos al impuesto correspondiente. Esta fue una concesión clave para moderar el carácter regresivo de la medida.²
Restricción a Altas Autoridades: Se excluyó explícitamente del beneficio a las más altas autoridades del país, como el Presidente de la República, ministros, senadores y diputados, en un intento por mejorar la percepción pública de la ley.²

3.2. El Tercer Retiro (Ley N° 21.330): Tensión Institucional y Judicialización

El debate sobre un tercer retiro, en abril de 2021, escaló la tensión institucional a su punto más alto. El Congreso avanzó nuevamente con una reforma constitucional, pero esta vez el Presidente Piñera decidió ejercer su prerrogativa y recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para bloquear la iniciativa, argumentando una transgresión de sus facultades exclusivas en materia de seguridad social.²

La acción de judicialización, lejos de disuadir al Congreso, pareció galvanizar a una mayoría transversal. El TC finalmente declaró inadmisible el requerimiento del gobierno, y la Ley N° 21.330 fue promulgada el 28 de abril de 2021.² Esta ley representó una nueva escalada en la política de retiros:

Retorno a la Universalidad: Se volvió a un diseño universal y libre de impuestos, similar al del primer retiro.²
Inclusión de Rentas Vitalicias: La novedad más significativa y disruptiva fue la inclusión de los pensionados bajo la modalidad de Renta Vitalicia. Se les permitió solicitar un anticipo de sus pensiones con cargo a las reservas técnicas que las compañías de seguros mantenían para respaldar sus pagos futuros. Esta extensión afectó directamente los balances y obligaciones de una industria distinta a las AFP, demostrando la creciente audacia de la política.²

3.3. Análisis Comparativo de las Votaciones

La evolución de las votaciones entre los tres retiros revela una clara consolidación de la mayoría parlamentaria a favor de la medida y una progresiva pérdida de influencia del Ejecutivo.

Segundo Retiro: La estrategia del gobierno de presentar su propio proyecto fue exitosa en el Senado, donde fue aprobado con un amplio respaldo de 35 votos a favor el 26 de noviembre de 2020.² En la Cámara de Diputados, el 3 de diciembre de 2020, el proyecto fue despachado con un resultado contundente de131 votos a favor.² Sin embargo, es crucial destacar unabrecha de información: a pesar de una búsqueda exhaustiva en los registros, no se ha localizado una lista nominal pública y oficial que detalle la identidad de esos 131 diputados, un hallazgo relevante del material de base.²
Tercer Retiro: La ofensiva judicial del gobierno no tuvo el efecto disuasorio esperado. En el Senado, el 22 de abril de 2021, el proyecto fue aprobado con 31 votos a favor.² El número de senadores oficialistas que apoyaron la iniciativa aumentó de cinco (en el primer retiro) asiete, una clara señal de la profundización de la división en Chile Vamos.² En la Cámara de Diputados, el 23 de abril de 2021, la aprobación fue abrumadora, con119 votos a favor, consolidando una mayoría que desafió abiertamente al Ejecutivo.²

Tabla 2: Votación Nominal Detallada – Segundo Retiro (Ley N° 21.295)

Nombre del Senador/a	Partido Político
Claudio Alvarado	UDI
Carmen Gloria Aravena	IND-OF
Carlos Bianchi	IND-OP
Juan Castro	RN
Francisco Chahuán	RN
Juan Antonio Coloma	UDI
José Miguel Durana	UDI
Luz Ebensperger	UDI
Álvaro Elizalde	PS
Rodrigo Galilea	RN
Alejandro García Huidobro	UDI
José García Ruminot	RN
Guido Girardi	PPD
Carolina Goic	DC
Felipe Harboe	PPD
Francisco Huenchumilla	DC
José Miguel Insulza	PS
Ricardo Lagos Weber	PPD
Juan Ignacio Latorre	RD
Juan Pablo Letelier	PS
Iván Moreira	UDI
Adriana Muñoz	PPD
Ximena Órdenes	IND-OP
Manuel José Ossandón	RN
Jorge Pizarro	DC
Rafael Prohens	RN
Yasna Provoste	DC
Kenneth Pugh	RN
Jaime Quintana	PPD
Ximena Rincón	DC
Marcela Sabat	RN
David Sandoval	UDI
Jorge Soria	PPD
Jacqueline Van Rysselberghe	UDI
Ena Von Baer	UDI

Nota sobre la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados: Si bien el resultado global fue de 131 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, esta investigación confirma la brecha de información señalada en los documentos de origen: no se ha localizado una lista nominal pública y oficial que detalle la identidad de los 131 diputados y diputadas que votaron a favor en esta sesión.²

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de votación citados en.²

Tabla 3: Votación Nominal Detallada – Tercer Retiro (Ley N° 21.330)

Nombre del Diputado/a	Partido Político
Florcita Alarcón	IND-OP
Jenny Álvarez	PS
Pedro Pablo Álvarez-Salamanca	UDI
Sandra Amar	IND-OF
Gabriel Ascencio	DC
... ²	...
Gastón Von Mühlenbrock	UDI
Matías Walker	DC
Gonzalo Winter	CS
Gael Yeomans	CS

Nombre del Senador/a	Partido Político
Senadores Oficialistas (Chile Vamos)
Juan Castro	RN
Francisco Chahuán	RN
José Miguel Durana	UDI
Iván Moreira	UDI
Manuel José Ossandón	RN
Marcela Sabat	RN
David Sandoval	UDI
Senadores de Oposición (24 votos)
... (bloque completo de oposición)	...

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de votación citados en.²

Sección 4: Las Consecuencias Macroeconómicas: Inflación y Desequilibrios Externos

4.1. Sobrecalentamiento de la Demanda: El Catalizador del Gasto

La consecuencia más inmediata y sentida por la población de los tres retiros de fondos fue una drástica escalada de la inflación, impulsada por un shock de demanda de una magnitud nunca antes vista en la historia económica reciente de Chile. Los tres retiros inyectaron a la economía cerca de 49.3 mil millones de dólares ¹, una cifra colosal que, sumada a las ayudas fiscales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), provocó una expansión insostenible del gasto.

El consumo de los hogares se incrementó en aproximadamente un 50% entre mediados de 2020 y fines de 2021.² Este aumento fue particularmente explosivo en el consumo de bienes durables, que se disparó un

106% en el mismo período, una cifra que destaca el carácter extraordinario del boom de consumo.² Este torrente de liquidez, destinado en gran parte al consumo inmediato, superó con creces la capacidad de la oferta interna para responder, generando una brecha que inevitablemente se tradujo en un aumento generalizado y persistente de los precios.²

4.2. La Espiral Inflacionaria y la Respuesta del Banco Central

El exceso de demanda se transmitió directamente a la inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) inició una escalada que culminó en un peak de 14.1% anual en agosto de 2022, el nivel más alto en tres décadas.² Este fenómeno empobreció a todas las familias chilenas, ya que sus ingresos y ahorros perdían valor mes a mes, afectando con especial dureza a los hogares más vulnerables con menor capacidad para protegerse del alza de precios.³

Sobre la causalidad de esta inflación, existen dos visiones principales. La visión del Banco Central de Chile ha sostenido consistentemente que la mayor parte del shock inflacionario tuvo un origen doméstico. Sus análisis concluyen que aproximadamente dos tercios de la inflación acumulada entre 2021 y 2022 se explican por factores locales, principalmente el exceso de gasto impulsado por los retiros y las ayudas fiscales.² Para contener esta espiral, el Banco Central se vio obligado a implementar un agresivo ciclo de alzas de la Tasa de Política Monetaria (TPM), llevándola a niveles fuertemente contractivos para enfriar la economía.²

Por otro lado, surgieron perspectivas alternativas en el debate público. Un estudio presentado ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, por ejemplo, estimó que el impacto directo de los tres retiros sobre la inflación anual fue de 1.68 puntos porcentuales, atribuyendo el 70% de la inflación total del período a factores externos, como el alza global en los precios de combustibles y alimentos.² Si bien el debate sobre las proporciones exactas es válido, existe un consenso técnico en que los retiros fueron un factor contribuyente significativo y, crucialmente, de origen interno y evitable, que se sumó a las presiones inflacionarias globales, exacerbando el problema para Chile de manera particular.²

4.3. Depreciación Cambiaria y el Déficit Histórico de la Cuenta Corriente

El impacto de los retiros no se limitó a los precios internos. La incertidumbre institucional generada por la aprobación de retiros sucesivos y la mera discusión de nuevas propuestas (un cuarto y quinto retiro) provocó una significativa depreciación del peso chileno.² Los mercados financieros percibieron un aumento del riesgo país y una erosión de la disciplina fiscal, lo que llevó a una fuga de capitales y a una mayor demanda de dólares como activo de refugio.

Un peso más débil encareció las importaciones, añadiendo una presión adicional a la inflación. Al mismo tiempo, el boom de consumo se dirigió en gran medida hacia bienes importados. Esta combinación provocó un desequilibrio externo severo, llevando el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos a un nivel histórico del 10% del PIB a mediados de 2022, una cifra que no se observaba desde la crisis de la deuda de principios de los años ochenta.² Este déficit reflejaba que el país estaba gastando mucho más de lo que producía, una situación insostenible en el largo plazo que requirió un doloroso ajuste macroeconómico posterior.

Tabla 4: Correlación Cronológica: Hitos de Retiros vs. Indicadores Macroeconómicos Clave (2020-2023)

Período	Evento Relevante	Monto Retirado Acumulado (MM USD aprox.)	Inflación Anual (IPC %)	Tipo de Cambio (CLP/USD, fin de período)
Jul-20	Promulgación Ley N° 21.248 (1er Retiro)	0	2.5	765
Dic-20	Promulgación Ley N° 21.295 (2do Retiro)	17,203	3.0	711
Abr-21	Promulgación Ley N° 21.330 (3er Retiro)	31,916	3.8	708
Dic-21	Fin de plazo para solicitar retiros	45,822	7.2	852
Ago-22	Peak de Inflación	45,822	14.1	900
Dic-22	Fin del ciclo de alzas de la TPM	45,822	12.8	856
Dic-23	Convergencia de la inflación	45,822	3.9	882

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Pensiones ⁸, Banco Central de Chile ³ y Bloomberg.²

Sección 5: Las Cicatrices Financieras: Mercado de Capitales y el Costo del Crédito

5.1. La "Venta Forzosa" y la Pérdida de Profundidad del Mercado

El shock de los retiros se propagó rápidamente desde la macroeconomía hacia el sistema financiero, donde causó una disrupción profunda y duradera. Para hacer frente a los pagos masivos en plazos muy cortos, las AFP se vieron obligadas a una liquidación masiva de activos, un fenómeno conocido como "venta forzosa" o fire sale.² Esta venta se concentró en los activos más líquidos, incluyendo inversiones en el extranjero y, de manera crítica, instrumentos de renta fija en el mercado local.²

El mercado de bonos chileno, que es estructuralmente menos profundo que los mercados globales, no pudo absorber esta ola de ventas sin sufrir un impacto severo. El volumen de transacciones de renta fija se desplomó, y los indicadores de profundidad del mercado retrocedieron a niveles de una década atrás.² En la práctica, esto significó una reducción drástica de la capacidad del mercado de capitales para cumplir su función esencial: canalizar el ahorro nacional hacia la inversión productiva y financiar proyectos de largo plazo, tanto para empresas como para el propio Estado.²

5.2. El Endurecimiento del Crédito Hipotecario: El Sueño de la Vivienda en Jaque

El impacto más tangible y doloroso para las familias chilenas se materializó en el mercado de créditos para la vivienda. Este efecto no fue casual, sino el resultado de un claro mecanismo de transmisión que desarticuló el financiamiento de largo plazo. Históricamente, las AFP eran los principales compradores de los bonos bancarios que las instituciones financieras emiten para fondear los créditos hipotecarios.² Con los retiros, las AFP no solo dejaron de comprar estos instrumentos, sino que se convirtieron en vendedoras netas para obtener liquidez, secando la principal fuente de financiamiento para los préstamos a la vivienda.²

Ante un fondeo más escaso, más caro y en un entorno de mayor riesgo económico, la reacción de los bancos fue predecible y drástica: subieron las tasas de interés y endurecieron las condiciones de otorgamiento de crédito. Las consecuencias fueron severas:

Alza de Tasas Hipotecarias: La tasa de interés promedio para nuevos créditos hipotecarios en UF se disparó, aumentando en más de 2.5 puntos porcentuales, desde mínimos históricos en torno al 2.5% a superar el 5%.²
Peores Condiciones de Crédito: Los bancos redujeron los plazos máximos de los créditos (por ejemplo, de 30 a 20 o incluso 15 años) y aumentaron el porcentaje del pie (ahorro inicial) exigido a los compradores.²

Esta combinación de factores creó una formidable barrera al acceso a la vivienda. Un estudio del IPSUSS de la Universidad San Sebastián cuantificó este impacto: entre enero de 2020 y mediados de 2024, el ingreso familiar requerido para calificar a un crédito para una vivienda de 2,000 UF aumentó un 29%. En el mismo período, los salarios reales crecieron solo un 2.9%.² Esta brecha ilustra una de las grandes paradojas de esta política: una medida destinada a proveer alivio financiero inmediato terminó erigiendo una barrera estructural de largo plazo para la acumulación de patrimonio de las mismas familias a las que buscaba ayudar.

Tabla 5: Evolución de las Condiciones del Crédito Hipotecario (2020-2024)

Período (Ene)	Tasa de Interés Promedio (UF, %)	Plazo Promedio del Crédito (Años)	Ingreso Requerido (Índice Base 100)
2020	2.6	30	100.0
2021	2.5	30	98.5
2022	4.4	25	125.3
2023	4.8	22	132.1
2024	5.1	22	129.0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) e Instituto Nacional de Estadísticas (INE) citados en.² El ingreso requerido se calcula para una vivienda de 2,000 UF con un 20% de pie.

Sección 6: El Daño Central: Erosión del Sistema Previsional y la Futura Carga Social

6.1. La Descapitalización del Ahorro Nacional: Una Década Perdida

Más allá de los efectos macroeconómicos y financieros, el impacto más directo y quizás más irreparable de los retiros fue la erosión del ahorro acumulado por los trabajadores para su vejez. La política representó un acto de desahorro masivo que comprometió el pilar fundamental del sistema de pensiones chileno: la capitalización individual.

Los retiros extrajeron del sistema previsional un monto cercano al 20% del PIB de 2020.² El total de activos administrados por las AFP, que representaba alrededor del 85% del PIB antes de la crisis, se desplomó a cerca del 60% del PIB después de los tres retiros.² Un informe de políticas públicas de la Universidad San Sebastián lo describe de manera elocuente: los retiros fueron

"equivalentes a perder 10 años de ahorro de los hogares del país".² Esta descapitalización no es solo una cifra contable; es una reducción estructural de la tasa de ahorro nacional, con profundas implicaciones para la inversión, el crecimiento económico y, sobre todo, para el bienestar futuro de millones de chilenos.

6.2. La Reducción de las Pensiones Futuras y el "Doble Golpe"

El daño a los ahorros previsionales fue doble. No solo se perdió el capital retirado, sino que el valor de los fondos restantes también se vio afectado negativamente. La liquidación forzosa de activos a precios deprimidos generó pérdidas de capital que se reflejaron en una menor rentabilidad para todos los afiliados, incluso para aquellos que no realizaron ningún retiro.² Este "doble golpe" fue particularmente severo para los fondos más conservadores (Tipos D y E), donde se concentran los ahorros de las personas más cercanas a la edad de jubilación, quienes tenían menos tiempo para recuperar esas pérdidas.²

La consecuencia matemática de tener menos capital acumulado y una menor rentabilidad esperada es una reducción significativa y permanente de las pensiones futuras. Diversos estudios han cuantificado esta pérdida. El centro de estudios Horizontal, por ejemplo, estimó que los tres retiros provocarán una disminución de la pensión autofinanciada de entre un 16% y un 29% para perfiles promedio.¹ Esta pérdida es, en la práctica, irrecuperable para la mayoría. Para compensar el efecto, un afiliado de 50 años necesitaría duplicar su esfuerzo de ahorro actual, una meta inviable, o postergar su edad de jubilación entre 2 y 3 años.²

6.3. La Generación del Saldo Cero: Una Bomba de Tiempo Social y de Género

El resultado más devastador de la política de retiros fue la creación de un enorme grupo de personas sin ningún ahorro para su vejez. Al término de los tres procesos, 3.8 millones de afiliados habían agotado por completo el saldo de sus cuentas de capitalización individual.¹ Las proyecciones indicaban que un eventual cuarto retiro podría haber elevado esa cifra a más de 5 millones de personas, la mitad del total de afiliados del sistema.²

El perfil demográfico de este grupo revela la naturaleza profundamente regresiva de la política. Del total de personas que quedaron con saldo cero:

El 56% son mujeres.
El 63% son menores de 35 años.¹

Estos datos demuestran que, si bien la política parecía universal, sus efectos fueron desiguales. Perjudicó de manera desproporcionada a los jóvenes, quienes perdieron el capital que tenía el mayor potencial de crecimiento a largo plazo gracias al interés compuesto, y a las mujeres, quienes ya enfrentan pensiones más bajas debido a menores salarios y mayor informalidad.² La política, en efecto, agravó las brechas de género y generacionales existentes en el sistema previsional. Para estos millones de personas, el pilar de capitalización individual ha dejado de existir, transformando su futura seguridad económica en una responsabilidad casi exclusiva del Estado.

6.4. La Carga Fiscal: La Socialización de una Responsabilidad Privada

La destrucción del ahorro previsional privado no desaparece; se transforma. Al dejar a millones de personas sin la capacidad de autofinanciar sus pensiones, los retiros transfirieron masivamente una responsabilidad futura desde el ámbito individual hacia las arcas fiscales. Los 3.8 millones de afiliados con saldo cero, junto a otros millones con cuentas severamente mermadas, no tendrán otra opción en su vejez que recurrir al pilar solidario del Estado, materializado en la Pensión Garantizada Universal (PGU).²

La lógica es simple e ineludible: a menor pensión autofinanciada, mayor será el complemento que deberá aportar el Estado. La política, en esencia, socializó las pérdidas futuras del desahorro presente. Desde el inicio del debate, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda advirtió sobre este considerable impacto fiscal. Solo para el primer retiro, DIPRES estimó un costo fiscal a largo plazo de hasta 6,000 millones de dólares, derivado del mayor gasto en PGU y la pérdida de recaudación tributaria futura.² Este deterioro de la posición fiscal a largo plazo, sumado a la inestabilidad macroeconómica, tiene un impacto directo en la percepción de riesgo de Chile, encareciendo el endeudamiento del Fisco y reduciendo el espacio para otras políticas públicas prioritarias.²

Tabla 6: Impacto en las Cuentas Previsionales (Saldo Cero y Reducción de Pensiones)

Evento	Afiliados con Saldo Cero (Acumulado, Millones)	% del Total de Afiliados con Saldo Cero	Reducción Estimada de Pensión Futura (%)
Primer Retiro	~2.0 (Estimado)	~18%	N/A
Segundo Retiro	~3.0 (Estimado)	~27%	N/A
Tercer Retiro	3.8	~35%	16% - 29%
Proyección 4to Retiro	5.6	~50%	N/A

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Pensiones ²³, y estudios de Horizontal ¹ y FIAP.²⁴

Sección 7: Conclusiones: Una Cadena de Consecuencias y Lecciones para el Futuro

7.1. Recapitulación de la Cadena Causal: Del Voto al Costo Económico

El análisis de los tres retiros excepcionales de fondos de pensiones en Chile revela una clara y devastadora cadena causal. Una decisión política, impulsada por una crisis sanitaria sin precedentes y un profundo descontento social con el sistema de pensiones, y materializada a través de votaciones parlamentarias que rompieron los alineamientos tradicionales, desencadenó una serie de eventos económicos y financieros que han dejado cicatrices profundas y duraderas en el país.

La secuencia de los hechos es inequívoca: la inyección masiva de liquidez, habilitada por el Congreso, sobrecalentó la economía, generando una inflación histórica que empobreció a la población. Para satisfacer la demanda de retiros, la liquidación forzosa de activos desestabilizó el mercado de capitales, elevó las tasas de interés de largo plazo y restringió drásticamente el acceso al crédito hipotecario, afectando el bienestar de las familias. Simultáneamente, esta misma liquidación mermó la rentabilidad de los fondos restantes, asestando un doble golpe a los ahorros previsionales. El resultado final es una triple pérdida: pensiones futuras significativamente más bajas para los individuos, una carga fiscal ineludible y creciente para el Estado, y un mercado de la vivienda menos accesible para las nuevas generaciones.

7.2. Lecciones sobre Política Económica y Protección Social

Lejos de resolver problemas de fondo, la política de retiros actuó como un paliativo de corto plazo con un costo estructural exorbitante. Exacerbó vulnerabilidades preexistentes, como la baja legitimidad del sistema de AFP y la insuficiencia de las redes de protección social en ese momento. Se transformó en un catalizador de desequilibrios que la economía chilena tardará años en corregir.

La experiencia chilena ofrece lecciones cruciales. La principal es la confirmación de un principio fundamental de la seguridad social: los ahorros destinados a la vejez, de naturaleza ilíquida y de largo plazo, no deben ser utilizados para resolver problemas de liquidez de corto plazo. Hacerlo es una política profundamente regresiva que transfiere el costo del alivio presente a la vulnerabilidad futura, afectando con mayor dureza a los más jóvenes, a las mujeres y a los trabajadores de menores ingresos, como lo demuestran los datos de quienes quedaron con sus cuentas en cero.

7.3. Imperativos para la Reforma Futura

Hacia adelante, la experiencia subraya la necesidad imperativa de contar con instituciones económicas robustas e independientes, capaces de resistir las presiones políticas del momento. Asimismo, evidencia la urgencia de construir redes de protección social ágiles y suficientes, como un seguro de desempleo robusto y transferencias fiscales bien focalizadas, que puedan activarse eficazmente en tiempos de crisis. La existencia de estas herramientas podría reducir la tentación de recurrir a medidas populistas y estructuralmente dañinas.

Finalmente, la saga de los retiros demuestra que cualquier reforma previsional futura debe tener como pilar inquebrantable la protección de la integridad y la finalidad última del ahorro para la vejez. Es fundamental establecer un consenso político y social amplio para "blindar" al sistema de futuras incursiones que, como se ha demostrado de manera contundente, terminan por empobrecer colectivamente a la sociedad y comprometer el bienestar de las generaciones futuras.